Agustín Yanel
Una tercera parte de los niños de España (35,5 por 100) vivían en 2008 por debajo del umbral de la pobreza. Diez años después, ese porcentaje se ha incrementado considerablemente y en 2018 eran ya casi la mitad del total (48,1 por 100) los que sufrían esa situación, según un informe del Observatorio Social de La Caixa. Pero, a pesar de la gravedad del problema, se ocupan más de ello algunas organizaciones no gubernamentales con sus escasos medios que el Gobierno o el Parlamento. A ver si el nuevo Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos, que promete dedicar una especial atención a los asuntos sociales, intensifica sus esfuerzos a este tema.
Ese informe, titulado «Objetivo: paliar la pobreza infantil», lo ha realizado el Observatorio Social de la Caixa, un órgano al que no se puede acusar de formar parte de lo que algunos políticos de la oposición, a falta de argumentos serios, llaman Gobierno de bolivarianos y comunistas apoyado por los herederos de ETA. Es un grupo de estudio dedicado a aportar ideas e informes sobre los problemas sociales, centrado sobre todo en los referidos a la inclusión social, la educación, la ciencia y la cultura.
Según ese informe, los niños más vulnerables son los de familias en las que no trabaja ninguno de sus progenitores, con ocho de cada 10 niños bajo el umbral de la pobreza. En las familias monoparentales son siete de cada 10. Y en aquellas que trabajan menos del 20 por 100 del tiempo que podrían hacerlo viven en la pobreza más de ocho de cada diez niños, frente a siete en 2008.
La tasa de pobreza infantil más alta de Europa
Estas cifras sitúan a España como uno de los países europeos con la tasa de pobreza infantil más alta de Europa y, lamentablemente, también es uno de los cinco que menos la ha reducido mediante ayudas económicas. Según ese estudio, para combatir esa situación es más eficaz dedicar las ayudas específicamente a la infancia que aplicarlas a toda la población de manera proporcional a su nivel de renta.
Un ejemplo puede ilustrar esa conclusión del informe: si se incrementan en un 1 por 100 las ayudas según la renta de cada familia, la posibilidad de que un menor esté en riesgo de pobreza se reduce en un 2,3 por 100; si ese mismo porcentaje de ayuda se destinara exclusivamente a la infancia (por ejemplo, con una ayuda económica por nacimiento, por el cuidado de los menores…), esa reducción sería casi tres veces superior, el 6 por 100.
No es éste el único informe que analiza el problema de la pobreza infantil y la mala situación de España respecto a Europa en este asunto. Distintas organizaciones no gubernamentales, nada sospechosas de estar bajo el influjo de la malvada izquierda radical, también lo han denunciado reiteradamente en sus informes periódicos.
Críticas a España del relator especial de la ONU
Y no solo eso. El relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, tras una reciente visita de 10 días por distintas comunidades de España, también ha denunciado la situación de pobreza en que viven muchas familias. «Ésta es la obra de gobierno de los últimos 10 años: han preferido hacer políticas para los ricos antes que para los pobres», ha dicho, en referencia a la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa.
Ha afirmado, entre otras cosas, que España está fallando a las personas más vulnerables, que no se toma en serio los derechos sociales, que se han aplicado políticas económicas que benefician a empresas y a las personas más ricas…
En 2018, el Gobierno socialista duplicó el dinero destinado a mantener abiertos los comedores escolares durante el verano, para atender a los niños de familias pobres en riesgo de exclusión social. Y también ha creado el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que depende de la Presidencia del Gobierno. Esas decisiones son positivas, pero no son suficientes para afrontar un problema tan serio como éste.
El relator de la ONU lo ha dicho con toda claridad: «España es la quinta economía más grande de Europa y, sin embargo, tiene unos niveles de pobreza sorprendentemente altos. Es un país muy rico, que se puede permitir hacer mucho más por las personas de bajos ingresos». El Gobierno y los grupos parlamentarios deberían hacerle caso.