Seamos sinceros y reconozcámoslo: mientras gobernó, José Luis Rodríguez Zapatero no hizo todas las cosas bien como le aplaude exageradamente el PSOE ni tan mal como le achaca el PP. Puso en marcha medidas importantes y positivas para la ciudadanía -sobre todo en su primera legislatura y en materia de derechos sociales-, pero también se equivocó al adoptar otras negativas y contrarias a su programa electoral.
El ex presidente no es el responsable de la muerte de Manolete, como parece que quieren atribuirle algunos, ni tampoco es el máximo y único responsable de la crisis económica que padece España. Pero ahora, dos años después de haber dejado el Gobierno, Zapatero ha añadido otro borrón de tinta a su historial de errores.
El 5 de agosto de 2011, Zapatero recibió una carta del entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quienes le pedían que adoptara «medidas urgentes» para frenar los ataques a los bonos públicos españoles. Le decían que debía presentar con urgencia «pruebas creíbles» de que iba a cumplir todos sus compromisos en materia de sostenibilidad fiscal y que iba a adoptar las reformas estructurales que fueran necesarias.
EL GOBIERNO NO CONTESTA
El 25 de agosto, ante una petición de medidas tan duras para la economía española, el entonces portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, solicitó oficialmente al Gobierno que remitiera a esa Cámara una copia de la carta. No obtuvo respuesta alguna.
Un mes más tarde, el 30 de septiembre, Llamazares envió una carta a Zapatero -por fax y por correo postal-, en la que apelaba a la transparencia de la que siempre hacía gala el entonces presidente para pedirle de nuevo una copia de la carta. Tampoco recibió respuesta.
El 19 de diciembre, ya con Mariano Rajoy como presidente electo, el portavoz de IU volvió a dirigirse por escrito al Gobierno preguntando si iba a hacer pública la famosa y desconocida carta y si la había recibido de Zapatero cuando hicieron el traspaso de poderes. El 2 de abril le respondieron que esa carta es «una correspondencia del presidente del Banco Central Europeo, Sr. Trichet, durante el mandato del anterior Gobierno y, por tanto, no corresponde a este Gobierno dar contestación sobre las actuaciones pertinentes que afectan a dicha correspondencia, ni tomar decisión alguna sobre la citada publicación».
DE TRANSPARENCIA, NADA
Dos preguntas: ¿Cómo no va a corresponder al Gobierno informar de una carta en la que se reclaman unas medidas que después han sido aprobadas y estamos sufriendo todos los ciudadanos? ¿No habíamos quedado en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy presume de transparencia, la defiende y ha redactado y enviado al Congreso un proyecto de ley -que se está tramitando- sobre esta materia? Por lo que se ve, la transparencia sólo de boquilla.
Lo más sorprendente de esa respuesta es que Rajoy, cuando estaba en la oposición, también había pedido a Zapatero que diera a conocer esa carta. Después llegó al Gobierno y aplicó eso de «donde dije digo, digo diego».
Zapatero se negó a entregar esa carta al Congreso, pero no ha tenido inconveniente en darla a conocer ahora, a pesar de que en ella figura la frase «estrictamente confidencial», en un libro que acaba de publicar con el título El dilema: 600 días de vértigo. Si era tan confidencial, ¿por qué no fue clasificada como secreto oficial, lo mismo que otros muchos documentos? Y si es una carta que recibió por ser el presidente del Gobierno y no porque se la remitiera un amigo personal, ¿por qué se la llevó a su casa y la ha dado a conocer tan sólo dos años después de dejar el cargo?
PIDEN EXPLICACIONES
Ante semejante contradicción, el diputado Gaspar Llamazares se ha dirigido al actual Gobierno para que explique qué le parece que «el ciudadano» Zapatero haya publicado esa carta tras haberse negado a entregar una copia al Congreso; si va a regular las condiciones en que un presidente puede hacer público un documento «estrictamente confidencial» cuando deja el cargo y, finalmente, por qué razón Mariano Rajoy se ha negado a dar a conocer la carta pese a que él también la había reclamado cuando era el líder de la oposición.
Habrá quien diga que, con la que está cayendo en España, este asunto no tiene importancia. Y, desde luego, si lo comparamos con los casi seis millones de parados o con las decenas de miles de familias que no reciben ningún ingreso y no tienen nada para comer, es verdad. Pero conviene recordarlo porque es una muestra más de las contradicciones en que incurren algunos políticos, de que en ocasiones confunden lo público con lo personal y privado o, como mínimo, de que cometen errores que quien ha tenido en sus manos las riendas del Gobierno no puede cometer.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Varias asociaciones ecologistas han dado la voz de alarma ante el acuerdo del Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo (CADTajo) de proponer un plan hidrológico para la cuenca del río que, según dicen, es antiecológico y perjudicará todavía más la mala situación actual.
Aseguran que en él se mantiene el trasvase al Segura a favor exclusivamente del Levante; se retoma el viejo proyecto de recrecimiento de la presa de El Vado, en el río Jarama, que fue desechado en su día por su grave impacto ambiental, y se prevé construir otra presa en el Alberche. Votaron en contra las organizaciones ecologistas, el Ayuntamiento de Toledo, los regantes y algunas hidroeléctricas; a favor estuvieron la Confederación Hidrográfica del Tajo, los ministerios que intervienen y las comunidades autónomas afectadas. El Gobierno de María Dolores de Cospedal debería dar explicaciones con urgencia.