El Partido Popular y su ex tesorero más famoso -el defraudador fiscal y presunto delincuente Luis Bárcenas– andan estos días enfrentados en un juzgado por una demanda que, si no fuera porque todos los pleitos judiciales son importantes para sus protagonistas y merecen respeto, recordaría más a una escena cómica de la película «Entre pillos anda el juego» que a un asunto serio.
Bárcenas -que es un defraudador fiscal, porque ha reconocido haber ocultado durante años una fortuna en el extranjero sin declararla a la Hacienda Pública española; y también es un presunto delincuente, porque está pendiente de que le juzguen por un buen puñado de delitos- solicitó reincorporarse como trabajador a la plantilla del PP. Y el partido le dijo que no, que ni lo sueñe.
LA «INDEMNIZACIÓN EN DIFERIDO» DE COSPEDAL
Cualquiera que vea a Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis y los demás actores de la película citada, que dirigió en 1983 John Landis, seguro que se reirá mucho. Pero el culebrón Bárcenas-PP, que ya dura más de cuatro años, también ha tenido escenas muy cómicas: la rueda de prensa que María Dolores de Cospedal no olvidará nunca, aquella en la que dijo que el partido había pagado a su extesorero una «indemnización en diferido», fue una de las más sonadas.
En aquella rueda de prensa, la número dos del PP y entonces presidenta de Castilla-La Mancha intentó explicar lo inexplicable para justificar por qué motivo su partido había seguido pagando 21.300 euros brutos mensuales a Bárcenas durante 34 meses, más las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, después de haberle despedido. Dijo que le habían despedido en abril de 2010 -cuando tuvo que dejar el escaño de senador porque fue imputado en el caso Gürtel-, pero que acordaron con él pagarle «una indemnización en diferido en forma de simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución». Textual.
21.300 EUROS AL MES DE SUELDO SIN TRABAJAR
No se lo creyó nadie entonces y tampoco se lo han creído después los jueces que han estudiado y desestimado la demanda de Bárcenas por despido improcedente: han dicho que él no ya trabajaba para el PP mientras cobraba esa cantidad cada mes, que el partido simuló que seguía formando parte de su plantilla cuando ya no lo era y que no es razonable para una empresa pagar tan suculento sueldo a una persona a cambio de ningún trabajo y, además, mantener a su disposición durante casi tres años una secretaria, un conductor y, por supuesto, la tradicional cesta de Navidad que se regala a los empleados.
Bárcenas está ejerciendo sus derechos legales, como cualquier ciudadano, cuando reclama su reingreso en la plantilla del partido o una indemnización. El PP también defiende los suyos al negarse a las peticiones de quien fue su tesorero durante 20 años. El juez de lo Social número 31 de Madrid decidirá quién tiene la razón y dictará sentencia. Pero el culebrón continuará, seguro.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Dejando a un lado los aspectos jurídicos y las legítimas estrategias que utilicen los abogados de ambas partes para intentar que el juez les dé la razón, lo cierto es que en este caso, como en tantos otros, no ha existido la transparencia que debería presidir las actuaciones de todos los partidos políticos.
Si el PP hubiera actuado con contundencia contra Bárcenas desde el primer momento -María Dolores de Cospedal fue la única dirigente de los «populares» que se enfrentó a él, pero Mariano Rajoy le envió un mensaje para tranquilizarle pese a que ya estaba imputado en el caso Gürtel- y hubiera dado todas las explicaciones, la secretaria general no tendría que haber buscado una excusa ante los periodistas y no habría pronunciado la polémica frase que la perseguirá de por vida, la «indemnización en diferido».
Si ella no hubiera pronunciado esas palabras, el extesorero probablemente no habría demandado al partido por despido improcedente ni habría pedido el reingreso.
Y, por encima de todo: si el PP hubiera explicado por qué pagaba 21.300 euros cada mes a quien ya no trabajaba en el partido ni ocupaba ningún cargo, hubiera evitado alguno de los muchos disgustos que le ha acarreado este caso y, probablemente, también alguno de los que le esperan.
Hace falta transparencia, toda la transparencia. La que exige la Ley de Transparencia que aprobaron las Cortes Generales en 2013 y la que exige el sentido común, aunque no esté prevista en esa ley.