El Consejo de Europa ha reprochado a España, una vez más, que no haya puesto en marcha las medidas que ese organismo propuso hace cuatro años para luchar de manera eficaz contra la corrupción. Desde el Gobierno, fiel a su costumbre de responsabilizar a otros de sus errores y no asumir responsabilidades, han dicho que no han podido cumplir de manera plena esas recomendaciones debido a la crisis política de 2015 y 2016, cuando el Gobierno estuvo en funciones casi un año por el bloqueo político que obligó a repetir las elecciones generales. Son excusas que no ha convencido.

En enero de 2014, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) analizó la situación y pidió a las autoridades españolas que aplicaran 11 medidas contra la corrupción. En general, eran propuestas para garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano encargado del gobierno de los jueces y magistrados; para garantizar la autonomía de los fiscales en su actuación, sin interferencias del Gobierno, y para establecer la máxima transparencia al dar a conocer el patrimonio, actividades e intereses de los diputados y senadores.

Desde entonces, ese Grupo ha publicado varios informes en los que se queja del incumplimiento de esas recomendaciones por parte de España. En el último, dado a conocer el día 3 de enero de 2018, afirma que cuatro de sus 11 recomendaciones no han sido puestas en marcha y las siete restantes solo de manera muy parcial. El Gobierno se ha excusado alegando el bloqueo que vivió la vida política en 2015 y 2016. Y sin ruborizarse.

Dos Españas diferentes

Parece que existen dos Españas diferentes: una, la que proclaman el presidente del Gobierno y los ministros, más dados al triunfalismo y el autobombo que a reconocer sus errores y hacer autocrítica; otra, la que reflejan informes como éste del GRECO, más próxima a la realidad que vive la ciudadanía, que nos sitúan a la cola de Europa en distintos aspectos pese a estar considerado uno de los países más desarrollados.

¿Por qué le cuesta tanto trabajo al Gobierno poner en marcha esas medidas para despolitizar la Justicia? ¿Por qué se excusa en la crisis de 2015 y 2016 si hace más de un año que ese bloqueo político se resolvió y, además, el Consejo de Europa hizo sus peticiones hace ya cuatro años? Al presidente del Greco, Marin Mrcela, no le ha convencido esa explicación, ha recordado que Mariano Rajoy constituyó el actual Gobierno en noviembre de 2016 y ha pedido a España que actúe contra la corrupción con «acciones decididas, no sólo con palabras y planes, sino también hechos».

Al Gobierno le gusta más presumir que reconocer sus errores. Lo ha vuelto a hacer el mismo día en que España recibía este regalo de Reyes desde Europa en forma de carbón: como han disminuido las personas inscritas en las oficinas de empleo en busca de trabajo y han aumentado los cotizantes a la Seguridad Social, el Ejecutivo ha vuelto utilizar esos datos, de nuevo, de manera triunfalista.

Una recuperación demasiado lenta

Según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo, en 2017 la Seguridad Social ganó 611.146 nuevos cotizantes y el número de personas inscritas en las oficinas de empleo disminuyó en 290.193, con lo que el número total de ciudadanos parados que buscan trabajo por esa vía es de 3.412.781 personas.

Son buenos datos, pero no lo suficiente como para presumir de ellos porque demuestran que, después de 10 años de crisis económica, en España todavía hay casi tres millones y medio de personas paradas inscritas en las oficinas de empleo en busca de trabajo. Y según la Encuesta de Población Activa (EPA), el sistema que se utiliza en toda Europa para ver el porcentaje del desempleo, en nuestro país hay más de cuatro millones de personas sin trabajo, más que las cifras citadas porque muchas no se inscriben en las oficinas de empleo.

Además, en 2017 se firmaron 21,5 millones de contratos de trabajo pero más de 19,5 millones son temporales y, de estos últimos, muchos son de media jornada o de solo unas pocas horas diarias y otros duran menos de una semana, todos con salarios muy bajos. Esta situacióln (que se produce debido a la reforma del mercado laboral que inició José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y continuó con más dureza Mariano Rajoy a partir de 2013) ha creado la figura del trabajador pobre, que tiene empleo pero que con el sueldo que recibe no puede llegar a fin de mes.

La recuperación del empleo se está produciendo en España con demasiada lentitud y no se corresponde con las continuas afirmaciones oficiales de que la crisis económica ya se ha superado. Con casi tres millones y medio de personas sin trabajo (más de cuatro millones, según la EPA) y un empleo cada vez más precario que no permite llegar a fin de mes, el Gobierno debería ser más prudente cuando habla del paro. No tiene motivos para presumir del ritmo al que se crea empleo ni de la calidad de éste.