Cada vez que se produce un hecho luctuoso que levanta polémica en la sociedad -el asesinato de un niño o un caso de eutanasia, por ejemplo- hay políticos que reaccionan inmediatamente prometiendo cambios en las leyes u otras medidas. Hacen declaraciones en cuanto sale a la luz la noticia y les preguntan por ella. Deberían comprender que no son creíbles cuando actúan de esa manera, porque dicen que van a hacer precisamente lo que no han hecho antes desde sus puestos o cargos.

Esa actitud se acentúa ahora que la ciudadanía está viviendo -o sufriendo, según se quiera- una prolongada precampaña electoral, precisamente cuando los políticos deberían ser más prudentes en esos casos. No es una buena práctica la de reaccionar ante cualquier hecho polémico con promesas y acusaciones al adversario, pero muchos candidatos no resisten la tentación de utilizar electoralmente cualquier asunto polémico en cuanto se conoce. Lo han vuelto a hacer con la eutanasia y con la reciente manifestación en Madrid para reclamar atención a los pueblos de la España vaciada.

El día 3 de abril fue detenido en Madrid Ángel Hernández, porque había ayudado a morir a su esposa, María José Carrasco, de 62 años, enferma de esclerosis múltiple desde hace 30 años que se encontraba en fase terminal, no podía moverse, apenas pronunciaba algunas palabras, la morfina ya no le calmaba los dolores y había pedido, siendo plenamente consciente, que no quería seguir viviendo en esas condiciones. Él ha dicho que eso lo debería haber hecho un médico pero que, como los políticos no han aprobado una ley que regule la ayuda a una muerte digna, decidió con su mujer ayudarla a morir.

Pedro Sánchez y la eutanasia

Al día siguiente, durante una entrevista en Telecinco, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que estaba «sobrecogido, emocionado y un punto indignado», porque esa situación podría haberse evitado reconociendo antes en una ley el derecho a la eutanasia. Y añadió: «Hasta en 19 ocasiones el PP y Ciudadanos han evitado el reconocimiento al derecho a la eutanasia. Si tengo una mayoría parlamentaria, ese derecho será reconocido». Otros miembros del Gobierno y otros partidos también han entrado en el debate.

El pasado 31 de marzo, más de 90 organizaciones ciudadanas convocaron en Madrid una manifestación para protestar contra el abandono y la falta de ayudas que padecen miles de pueblos de 23 provincias, que han perdido muchos habitantes desde hace años. Pidieron a los políticos que, si acudían a esa protesta, no se situaran en las primeras filas ni intentaran protagonizar la marcha.

A buscar votos en una manifestación

Allí acudieron media docena de ministros y ministras, Albert Rivera (Ciudadanos), la exministra Isabel García Tejerina (PP, la que autorizó muchos trasvases de agua del Tajo), Pablo Echenique (Podemos) y otros políticos. En plena precampaña electoral, no iban a perder la ocasión de que les vieran manifestándose como una manera de buscar votos. Los periodistas les preguntaron, cumpliendo con su obligación, y únicamente Echenique les dijo que no quería hacer declaraciones porque en ese acto el protagonismo correspondía a los manifestantes. Los demás hablaron, anunciaron medidas que adoptarán si llegan al Gobierno, hicieron promesas… Lo de siempre.

Los políticos dicen, cuando se les pregunta, que no es bueno legislar «en caliente». Pero, en contradicción con esas palabras, cuando se produce un hecho que conmociona a la sociedad a muchos candidatos les falta tiempo para pedir una modificación de las leyes para agravarlas o anunciar normas que aprobarán si llegan al Gobierno.

Puede ser muy comprensible que unos padres cuya hija ha sido violada y asesinada pidan instaurar la cadena perpetua; y que, si el violador tiene 13 años (y por tanto, no se le puede aplicar la legislación penal como a un adulto), exijan un endurecimiento de la Ley Penal del Menor para que pueda ser condenado a más años de internamiento. Lo que no es comprensible, sino muy rechazable, es que algunos políticos hagan propuestas y promesas «en caliente», cuando ocurren esos casos. Porque ninguna ley debe ser modificada cada vez que un hecho luctuoso conmociona a la sociedad, sino tras un debate sereno. Pero, lamentablemente, no parece que los políticos estén dispuesto a aplicarse esta teoría, y menos en época electoral.