Por si alguien tenía alguna duda, el Gobierno, el PSOE y el PP acaban de demostrar que les importa un bledo la independencia del Poder Judicial, que intentan controlarlo, que se mueven por sus intereses de partido y que no tienen inconveniente en repartirse con total descaro los 20 sillones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como si fueran de su propiedad. Incluso han tenido la desvergüenza de negociar quién será el presidente de ese órgano de gobierno de los jueces y magistrados, pese a que éste debe ser elegido por las 20 personas que ocuparán esos sillones y que ¡aún no han sido nombradas!

Desde que el filósofo y jurista francés Montesquieu estableció la división de poderes, en 1748, en los sistemas políticos democráticos se considera que esta organización del Estado es la mejor y más democrática. Pero, para que funcione bien, es necesario que el Poder Ejecutivo (Gobierno), el Legislativo (Parlamento) y el Judicial (jueces y magistrados) sean independientes unos de otros, se respeten entre ellos, no interfieran en sus actuaciones y, eso sí, sean controlados según los procedimientos establecidos en las leyes. Pero el Gobierno, el PSOE y el PP parece que se han olvidado ahora de ello y han hecho un grave daño a la imagen de la Justicia, que bastante dañada estaba ya.

No es éste un tema de conversación habitual en los bares, porque la ciudadanía no tiene por qué saber cómo son elegidos los 20 vocales del CGPJ, pero es un asunto importante. Este órgano constitucional no dicta sentencias, pero nombra a los jueces y magistrados para los más altos cargos en los tribunales, los sanciona cuando procede hacerlo, debe informar sobre muchos proyectos de ley y tiene encomendado el gobierno de los casi 5.500 jueces que hay en España.

Retraso por culpa de los políticos

En noviembre de 2006 concluyó el mandato de los vocales que entonces integraban el CGPJ, presididos por el magistrado Francisco José Hernando Santiago, pero ellos y él continuaron en sus puestos en funciones durante casi dos años más porque los grupos políticos del Congreso no se ponían de acuerdo para renovarlos. ¿Se imaginan que concluye una legislatura del Gobierno, tras cuatro años de mandato, y los ministros continúan dos años más porque el presidente se niega a convocar elecciones? Pues, salvando las distancias, algo así ocurrió con aquél CGPJ. Uno de los tres poderes del Estado, en teoría independiente, no era renovado porque los otros dos poderes no se ponían de acuerdo. ¿División de poderes? Fue escandaloso, pero la ciudadanía tenía y tiene otros problemas en su vida diaria y, claro, no iba a salir a las calles a protestar y exigir al Parlamento que cumpliera a tiempo con su obligación de elegir nuevos vocales.

Ahora no hay retraso y los 20 vocales van a ser renovados cuando corresponde, en diciembre. Pero también se repite el escándalo porque el Gobierno, el PSOE y el PP se saltan la ley sin ningún pudor al pactar que el magistrado Manuel Marchena Gómez, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sea el presidente del próximo CGPJ.

Ni las asociaciones de jueces y de fiscales ni quienes han criticado estas negociaciones ponen en duda la capacidad profesional de ese magistrado para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, porque tiene una dilatada carrera profesional en la que ha demostrado sus méritos. Lo que critican es la descarada intromisión de los políticos en esa elección, porque la ley no les atribuye la competencia para hacerlo. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de afiliados, ha anunciado que recurrirá el nombramiento de Marchena, no porque le falten méritos sino por la forma en que ha sido pactado su nombre.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado, juran o prometen el cargo ante el Rey y se reúnen en pleno para constituirse. Unos días después, en una segunda reunión, ellos (no el Gobierno ni el PSOE ni el PP) proponen y votan el nombre que consideran mejor para ser presidente o presidenta, que será nombrado por el Rey. Entonces, si la ley dice eso, ¿por qué se entrometen los políticos y pactan quién ocupará ese cargo? Pues por lo ya dicho, porque no les importa la independencia judicial -aunque en público se les llene la boca hablando de independencia- y lo que quieren es controlar el CGPJ.

Es probable que en esa futura reunión en pleno algún vocal proponga un nombre distinto al de Marchena, pero probablemente solo será una manera de disimular, porque cada uno de los 20 vocales propondrá el nombre que le ha dicho quien le ha propuesto para el cargo: el PSOE a unos, el PP a otros y parece que Podemos a alguno, porque los socialistas cederán una o dos de sus plazas al partido de Pablo Iglesias.

Una chapuza que produce bochorno

Pero esta chapuza no se queda solo en eso. Resulta que estas negociaciones, que producen bochorno a cualquier demócrata, las han llevado a cabo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en ese cargo Rafael Catalá. La ministra es fiscal y pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una asociación que, como todas las de jueces y fiscales de España, ha criticado estas negociaciones. Incluso se han reunido para hablar del tema, una vez negociado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias.

Y todavía hay más. El PSOE pretendía que, por primera vez en la historia, el CGPJ lo presidiera una mujer. Pero en esas vergonzosas negociaciones los socialistas han aceptado que sea Marchena, un magistrado conservador cuando podían imponer a uno progresista, a cambio de tener mayoría: los socialistas propondrán 11 de los 20 vocales y los populares los otros 9. Un cambio de cromos impropio de políticos serios. ¿En qué quedamos, en que el CGPJ debe ser independiente de los otros dos Poderes del Estado o en que nos repartimos los sillones según nos convenga?

Y todo esto lo hacen el PSOE y el PP cuando están más enfrentados que nunca, cuando no alcanzan acuerdos en nada y tan solo tres semanas después de que Pedro Sánchez dijera en el Congreso de los Diputados, en una sesión de control muy bronca, que rompía cualquier relación con el presidente del PP, Pablo Casado, porque éste le acusó de ser «partícipe y responsable» de un golpe de Estado de los independentistas en Cataluña.

Tanto desde el Gobierno como desde el PSOE y el PP han intentado justificar lo injustificable y quitan importancia a este pasteleo. Dicen que lo importante es que el elegido, Manuel Marchena, es un magistrado de reconocida competencia, lo mismo que los 20 vocales, y que son estos quienes le elegirán finalmente. Pero, por mucho que insistan, y por muchos argumentos falaces que repitan, lo que han hecho es un insulto a la democracia.

Este reparto de sillones no significa que los 20 vocales del próximo CGPJ vayan a actuar como comisarios políticos del partido que los propone (PSOE, PP o Podemos). No. Pero, aunque desempeñen ese trabajo con total honradez e independencia, su imagen ya ha sido dañada por los políticos. Cada vez que adopten una decisión, la ciudadanía tendrá todo el derecho a sospechar que obedecen al interés del partido político que ha sido su patrocinador. Probablemente no será así en la mayoría de los casos, pero habrá quien piense que sí. El daño ya está hecho.

Pregunta: ¿y si la mayoría de los 20 vocales, el día que se reúnan para proponer a su presidente o presidenta, ponen sobre la mesa un nombre distinto al que han acordado el Gobierno y el PP y eligen a otra persona? Darían una buena lección de independencia a los políticos.