Dice el artículo 14 de la Constitución española que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Así de claro, puesto en el Título I, de los derechos y deberes fundamentales. Entones surge la pregunta: Si somos iguales ante la ley, ¿por qué somos desiguales ante los impuestos?
Claro que una cosa es la ley y otra la costumbre. Y cuando la costumbre tiene más fuerza que la ley pasa lo que vemos estos días entre el estupor y la indignación bajo el guión de «los papeles de Panamá», escándalo que se suma a los muchos conocidos en los años que llevamos soportando noticias de excesos, abusos y corrupción.
486.000 resultados… Aproximadamente. Es lo que sale cuando metes en Google la suma «corrupción en España». Ahí es nada y ahí queda eso.
Y es que por más que seamos iguales ante la ley, los hechos demuestran que somos desiguales ante los impuestos y, por supuesto, ante los paraísos fiscales.
No solo no pagan más los que menos tienen, sino que los que más acumulan disponen de más facilidades para escaparse de pagar y hacerlo, además, con todas las de ley.
Lo que evidencian los papeles de Panamá (solo un 0,9 de los 129.000 millones de dinero español fuera de España según Montoro) es que las élites económicas, sea cual sea su oficio e independientemente del origen lícito o ilícito de su fortuna, tienen más fácil escaquearse si lo quieren hacer. Porque es legal lo que es inmoral. ¿Cómo puede ser un signo de distinción tener una cuenta o una sociedad en Jersey, popularmente conocida como «la caja fuerte del mundo» porque se sospecha que ahí se guarda el dinero procedente del narcotráfico, el tráfico de armas o la trata de blancas?
Dado que la Constitución que proclama la igualdad no es suficiente, porque la fuerza de la ley no sirve de nada si la ley no tiene fuerza, habrá que confiar en que sea la costumbre la que cambie la ley y la historia. ¿Cuándo será costumbre condenar y estigmatizar socialmente a quienes cogen el camino más corto para pagar menos, en vez de desear imitarlos?
En un país en el que se puede meter en la cárcel a una madre sin ingresos porque robó una tarjeta de crédito y gastó 200 euros en pañales para su hija pero «el que no tiene una cuenta en Suiza es un hortera», como dijo el preso Mario Conde, ¿dónde está la igualdad ante la ley?
Mientras los que cobran la ayuda de 400 euros sean estigmatizados como vagos por los Gobiernos y los que se van a pagar donde menos cuesta sean vistos como élites dignas de imitar, la igualdad ante la ley será teoría, porque ante los impuestos y los paraísos fiscales somos desiguales, dado que no existe la misma posibilidad de acceder a ellos si tienes mucho o si ganas poco y por nómina.
La práctica del desahucio era legal y socialmente admitida en España hasta muy recientemente. Tuvieron que suicidarse decenas de personas y quedarse miles y miles sin casa para que se parase los pies a los bancos y se entendiese que lo de que la vivienda es un derecho constitucional de todos los españoles había que tomárselo en serio. La condena social y la alarma por los suicidios que desataron los desahucios, hicieron que el poder reaccionara y la ley empezara a contemplar las necesidades de los más débiles. Hoy hasta las cláusulas suelos son ilegales. Y aunque el desahucio sigue siendo legal, las situaciones en las que se admite han cambiado drásticamente, un avance de justicia social que debemos al trabajo de las plataformas, porque sin ellas la sociedad no se hubiera rasgado las vestiduras y los políticos no hubieran cambiado las leyes.
Cuando los evasores dejen de poder hacerlo legalmente y ya no sean vistos como los listos de la clase y el ejemplo a seguir, cuando dejen de ser la envidia de los demás para convertirse en algo que les y nos avergüence, entonces Hacienda seremos todos. Será entonces cuando conseguiremos ser, de hecho y no solo de derecho, iguales ante la ley, ante cualquier ley, también las tributarias.