Si los políticos llamaran a las cosas por su nombre, sin rodeos, y fueran capaces de alcanzar pactos por encima de sus intereses personales y partidistas cuando el interés general lo exige, la ciudadanía confiaría mucho más en ellos y los vería como sus representantes de verdad. Pero muchos -no todos, que conste, porque no todos son iguales- acostumbran a dar rodeos con las palabras o a no pronunciar las que creen que les perjudican, como si no hablar de los problemas hiciera que estos desaparezcan por arte de magia. Ilusos. Lo único que hacen con esa actitud es insultar a la inteligencia de los ciudadanos.
En 2008, cuando medio mundo hablaba de la crisis económica y el otro medio la tenía encima aunque no hablara de ella, José Luis Rodríguez Zapatero utilizó una y otra vez las más rebuscadas fórmulas lingüísticas para no emplear esa fatídica palabra y tardó un año en pronunciarla por vez primera: crisis. Antes hablaba de «desaceleración» y de otros términos económicos, con lo que se tardó un tiempo precioso en empezar a adoptar medidas contra el mal real, la crisis, y así le fue en las elecciones generales.
BÁRCENAS ES «ESA PERSONA»
A Mariano Rajoy le ocurre algo parecido con Luis Bárcenas, ese presunto golfo y presunto defraudador que tiene al Gobierno y al PP cogidos por los mismísimos y que acaba de demandar a ese partido… por despido improcedente. El presidente del Gobierno no ha pronunciado el apellido de su multimillonario exgerente y extesorero ni en el Debate sobre el Estado de la Nación ni en los miércoles de control al Gobierno ni en ruedas de prensa o declaraciones a los periodistas, géneros estos últimos que él practica lo mínimo imprescindible, ni siquiera siempre que se lo exige el guión. Se ha referido a él -¡vade retro, Satanás!- como «esa persona».
Otros políticos hablan cuando deberían callar o se meten en complicados laberintos para explicar lo inexplicable. Sirvan estos dos ejemplos:
1.- Hace tres semanas, el vicesecretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, afirmó que Luis Sepúlveda -exmarido de la ministra Ana Mato y exalcalde imputado en el «caso Gürtel»- no podía ser despedido como trabajador del PP porque la Justicia lo declararía «improcedente» y tendrían que readmitirle, olvidándose de que en esos casos lo habitual es pagar una indemnización y que sólo hay que readmitir en los escasísimos casos en que se declara «despido nulo»; unos días más tarde, María Dolores de Cospedal despidió a Sepúlveda porque «rectificar es de sabios», dijo.
2.- El lunes último, la secretaria general de los «populares» y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, intentó explicar que en abril de 2010 despidieron a Bárcenas y pactaron con él pagarle la indemnización más las cuotas a la Seguridad Social «en diferido, en forma de simulación»; pocas horas después se supo que el extesorero había demandado al PP por despido improcedente, alegando que ha trabajado hasta el 31 de enero de 2013 como asesor del partido a cambio del suculento sueldo de 21.300 euros al mes. El juez dirá quién tiene razón, pero en la sede del PP han saltado todas las alarmas.
UN DEBATE CASI INÚTIL
Los silencios y las meteduras de pata de algunos políticos no pasarían de ser solo eso si no afectaran a la ciudadanía. Pero le afectan muy directamente, como se acaba de ver en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación. Había quien, con más ilusión que realismo, esperaba un gran pacto entre el PP y el PSOE para luchar contra la corrupción política, pero estos partidos no lo han logrado.
A los «populares» les interesaba ofrecer la imagen de ese acuerdo, para convencer a la ciudadanía de que ellos son los primeros y más interesados en combatir los chanchullos, presuntas ilegalidades o delitos –la Justicia lo dirá- presuntamente cometidos por un extesorero que tanto daño les está haciendo; a los socialistas también les interesaba ese pacto, para demostrar a su desencantada clientela electoral que ellos son los que más se oponen a la corrupción, pero no querían que el PP se apuntara un tanto a costa del «caso Bárcenas».
Alegaron que no podían votar una propuesta contra la corrupción junto con los «populares» después de la falta de explicaciones y las «mentiras» –en palabras de la portavoz del PSOE- con que el PP ha actuado en este asunto.
Pidieron que la futura Ley de Transparencia se aplique también a la Casa Real, para que los ciudadanos puedan saber cuánto dinero público reciben el príncipe, las infantas o la Reina, por ejemplo, y no sólo la cifra global que se aprueba cada año para todos ellos en los Presupuestos Generales del Estado.
El anhelado acuerdo unánime contra la corrupción finalmente no fue posible. El PSOE, IU-ICV-CHA, ERC, Amaiur, BNG y Geroa Bai se abstuvieron en la votación, para no dar una baza al PP, y este partido se tuvo que limitar a pactar con CiU, PNV, UPyD, CC, UPN, Compromis y Foro por Asturias unas recomendaciones al Gobierno para combatir la corrupción, en las que no se dice expresamente que la futura Ley de Transparencia también se aplicará a la Casa Real sino a aquellas «entidades e instituciones que se financian especialmente a través de dinero público».
No hubo ningún voto en contra, eso sí, pero tampoco fue un acuerdo unánime como esperaban muchos ciudadanos. Una vez más, otra vuelta de tuerca al lenguaje en aras del consenso, aunque ni siquiera fue completo. El Debate sobre el Estado de la Nación, un año más, ha servido de bastante poco, pero bienvenidas sean las recomendaciones que ha aprobado el Congreso si el Gobierno las pone en práctica aunque no está obligado a cumplirlas.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha decidido no llamar a las cosas por su nombre y ha ordenado que no se utilice la palabra «desahucio» cuando envía un escrito a algún inquilino de viviendas de alquiler social que no lo paga aunque puede afrontarlo.
Dicen en la Junta que es para no crear «alarma social». Lo alarmante no es que se hable de desahuciar a quien tiene dinero y engaña para no pagar un alquiler barato, sino que haya que desalojar de su casa a quien no puede pagar el crédito al banco porque se ha quedado en el paro y sin ningún ingreso en su familia. Eso es lo que hay que resolver y no un problema de lenguaje.