Los casos de corrupción política que han enfangado España durante las últimas décadas han sido tantos, que la ciudadanía ya no se asombra cuando uno nuevo sale a la luz. Pero todavía sorprende escuchar cómo un hombre de 81 años confiesa ante el tribunal que le juzga que una gran empresa pagaba comisiones del 4% a cambio de recibir contratos para obras públicas, y que una parte del dinero era para financiar al partido que gobernaba en Cataluña (CDC) y el resto se lo repartían él y otro como «comisión» por participar en la trama.

Ese hombre es Félix Millet, expresidente de una de las instituciones culturales más representativas de Barcelona, el Palau de la Música. El miércoles 8 de marzo, a preguntas del fiscal que solicita para él una condena de 27 años y seis meses de prisión, afirmó que la empresa Ferrovial hacía importantes «donaciones» a esa institución a cambio de que la Generalitat le adjudicara contratos para realizar costosas obras públicas, como la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona o la Ciudad de la Justicia.

Las «donaciones» de Ferrovial

Ferrovial respondió pocas horas después diciendo que daba dinero al Palau para patrocinar actos culturales, pero Millet explicó en el juicio que esas «donaciones» correspondían al 4 por ciento del importe de los contratos y que se lo repartían así: un 2,5 por ciento era para financiar a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) -que lideraba Jordi Pujol y después el ahora independentista Artur Mas– y el 1,5 por ciento restante se lo repartían entre él y su número dos en el Palau, Jordi Montull, que era el director administrativo de esa institución. «Esto no lo dije en mi confesión, pero ésta es la verdad», ha añadido ese acusado.

El Palau de la Música corrió con los gastos de las bodas de las dos hijas de Félix Millet, por un importe total de cerca de 300.000 euros. Él ha dicho que se celebraron en esas dependencias para promocionar la institución y que la ciudadanía supiera que allí podían celebrar su enlace matrimonial. El hombre que saqueó el Palau dice ahora, en el juicio, que está arrepentido.

Ese mismo día, el miércoles 8 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado declaración como investigados -antes, imputados- a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid; José Ignacio Echeverría, extesorero del partido y exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, y Arturo Fernández, el polémico expresidente de la patronal madrileña CEIM.

Presunta financiación ilegal del PP de Madrid

Ese juez investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño, en el sumario de la denominada Operación Púnica, que se habría llevado a cabo mediante la entrega de importantes sumas de dinero por parte de distintos empresarios a cambio de que el Gobierno regional les adjudicara contratos para realizar obras públicas. Fuentes jurídicas han afirmado que el magistrado Velasco ha encontrado importantes documentos confidenciales en el domicilio del exgerente Gutiérrez, que podrían ser decisivos para demostrar la existencia de una caja B en el Partido Popular madrileño con la que habrían pagado sus campañas electorales y otros actos.

También ese mismo día, en el Pleno del Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy daba largas a Albert Rivera cuando éste le exigía que cumpliera el pacto que firmó con Ciudadanos para ser presidente del Gobierno y que permita la constitución de una comisión en el Congreso para investigar la presunta financiación ilegal del PP. Debía ser constituida en los tres primeros meses de legislatura, según el pacto firmado, pero ese plazo ya se ha sobrepasado sin que el Partido Popular haya cumplido ese punto.

Como reacción, Rivera habló con el PSOE y Unidos Podemos y, pocas horas después, los tres partidos registraron oficialmente la petición de constituir la comisión que investigará la presunta financiación ilegal del PP y, de paso, dejaron en evidencia a Rajoy y su partido que parecen no haber entendido todavía que ya no tienen mayoría absoluta en el Congreso.

Depurar responsabilidades

Habrá quien vuelva a decir que todos o casi todos los partidos tienen en sus filas casos de corrupción. Y volverán a hablar del caso de los ERE de Andalucía, que afecta a ex cargos del PSOE andaluz. Eso es cierto, pero no se puede generalizar ni decir que todos son iguales. A estas alturas, nadie duda de que el PP y CDC (ahora, Partido Demócrata Europeo Catalán) han hecho méritos en los años pasados para ser considerados los dos partidos con más presuntos corruptos en sus filas, algunos ya condenados. Por eso sorprende que en ambos haya dirigentes que dicen condenar la corrupción política y piden que sea combatida con toda firmeza, pero a la hora de la verdad tratan de pasar página sin depurar responsabilidades o niegan las acusaciones cuando salen a la luz.

Los tribunales son los que tienen la última palabra, y hasta que no dicten las sentencias hay que defender la presunción de inocencia. Siempre. Pero los indicios que han recopilado los jueces sobre la presunta financiación ilegal del PP y de CDC -cada uno a su nivel- son tantos y tan sólidos, que más les valiera a todos sus dirigentes combatir la corrupción que haya habido en sus filas con toda contundencia y hasta las últimas consecuencias, si quieren de verdad que el aire político en España pueda respirarse sin oler a podrido.