Agustín Yanel
Hay políticos que aprovechan cualquier hecho para utilizarlo como arma arrojadiza contra su adversario e intentar sacar algún rédito a su favor. Lo hacen con ETA -pese a que dejó de cometer atentados hace ya 12 años-, con la guerra de Ucrania y, ahora, con la guerra de Israel contra Hamás y el pueblo palestino. La política que practican ha llegado a tal bajeza que una parte de la ciudadanía se siente cada día más alejada de ellos. Pero a esos políticos no les importa, porque cuando llegan las elecciones parece que hay quienes lo olvidan todo y votan en contra de alguien más que a favor de un programa.
Alberto Núñez Feijóo y los máximos responsables del PP saben que la política exterior de España la dirige el presidente del Gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez. Y también saben que, en un gobierno de coalición, los ministros que pertenecen a distintos partidos pueden opinar de manera diferente sobre determinados asuntos cuando hablan como militantes de ese partido. Pero todos deben acatar la política exterior que dirige el presidente.
Críticas de la oposición a las discrepancias dentro del Gobierno
A pesar de saberlo, cada vez que algún ministro o ministra de Unidas Podemos expresa una opinión sobre la guerra de Israel en Gaza que discrepa de la posición oficial del Gobierno español, los dirigentes y portavoces del PP se apresuran a decir que el Gobierno está dividido, que es el único en la Unión Europea en el que existen dos posturas diferentes sobre esa guerra, que quien ha discrepado debe ser cesado… Repiten el latiguillo de que es un Gobierno Frankenstein porque lo integran varios partidos, algo que la derecha ha utilizado desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa.
En Vox, el partido de ultraderecha que lidera Santiago Abascal, también han aprovechado la plena actualidad de esta guerra. Siguiendo su habitual política contra la inmigración, han registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que piden que se prohíba la entrada en España de inmigrantes procedentes de países de cultura musulmana mientras no se pueda asegurar «su correcta y pacífica integración en nuestro territorio».
Una propuesta contraria a la Constitución y los Derechos Humanos
Esta propuesta, según distintos juristas, es contraria a la Constitución española, que garantiza la libertad ideológica y religiosa, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y a otros acuerdos internacionales firmados por España.
Pero Vox no pide solo eso. En su proposición no de ley también solicita que se suspenda para esas personas la tramitación de los expedientes para adquirir la nacionalidad española que ya estén en marcha y que se paralicen las autorizaciones de estancia y residencia en España. Es de esperar que la Mesa del Congreso no admita a trámite esta iniciativa, que presuntamente es inconstitucional y claramente contraria a los Derechos Humanos.
Los dirigentes de Vox deberían saber -y, si no lo saben, debieran haber preguntado a sus asesores en el Congreso, que tienen todos los grupos parlamentarios- que esta propuesta muy probablemente será calificada de inconstitucional; que no se puede considerar terroristas a todas las personas de esos países; que miles de personas de origen marroquí que han adquirido la nacionalidad española han nacido o llevan años residiendo legalmente en España, y que la legislación española permite ya denegar la nacionalidad o el permiso de residencia a un extranjero por motivos de orden público o de seguridad nacional, sin tener que aprobar nuevas normas.
Dos exámenes, 10 años de residencia y otros requisitos para adquirir la nacionalidad española
También deberían saber, o haberse informado de ello, que esa nacionalidad solo se otorga a quien, además de llevar 10 años ininterrumpidos de residencia en España, supera un examen de lengua española y otro de sus conocimientos socioculturales sobre este país, y debe presentar un certificado de no tener antecedentes penales. Por tanto, el requisito que pide Vox de estar integrados de forma «correcta y pacífica» ya está regulado en la ley.
Si prosperara esta iniciativa de Vox, ninguna persona de un país con una cultura mayoritariamente musulmana podría venir a España aunque sea de religión cristiana, judía o no creyente, empresario, trabajador o jubilado. No hace falta ser catedrático de Derecho Constitucional para vaticinar que estas peticiones de Vox tienen muchas, muchas posibilidades de ir directamente a la papelera. Afortunadamente.
¡Cuánto mejoraría la situación de este país si todos los parlamentarios se dedicaran a presentar, debatir y aprobar propuestas que resuelvan problemas de la ciudadanía y mejoren su calidad de vida, en vez de perder el tiempo -no lo hacen todos, ni mucho menos- con iniciativas llamadas al fracaso y con debates estériles en las redes sociales y en los medios de comunicación!