Agustín Yanel
Que nadie se deje engañar: los energúmenos violentos que han roto escaparates en Barcelona, han robado artículos de las tiendas y han destrozado mobiliario urbano no se manifiestan para defender la libertad de expresión del rapero Pablo Hasél. Ningún derecho constitucional puede ser defendido incendiando contenedores, destrozando cajeros automáticos de entidades bancarias y arrancando adoquines de las aceras para lanzarlos contra los policías; ni, mucho menos, arrojando un artefacto incendiario dentro de una furgoneta policial en la que había un agente. Esos actos violentos hay que condenarlos y la Justicia debe actuar con toda contundencia.
Quienes de verdad defienden el derecho a la libertad de expresión y de opinión, por muy críticas o provocadoras que sean las opiniones, no acuden a una manifestación con mochilas cargadas de piedras, utensilios para arrancar adoquines de las aceras, artefactos incendiarios y otro material. Tampoco atacan la redacción de un medio de comunicación -en este caso fue la de El Periódico de Cataluña- ni agreden o insultan a los periodistas que cumplen con su obligación de informar de lo que ocurre en esas protestas.
A quienes practican esa inaceptable manera de protestar en las calles les importa un bledo la libertad de expresión y el derecho de Pablo Hasél a decir lo que quiera en sus canciones. Esos manifestantes, la mayoría jóvenes y otros menores de edad, solo quieren montar una buena bronca, cuanto más violenta mejor, incluso poniendo en riesgo la seguridad de las personas.
Es indudable que la difícil situación en la que se encuentra la juventud, con una altísima tasa de desempleo y sin ver un futuro claro, influye en que haya quien salga a la calle a protestar aprovechando cualquier convocatoria. Pero la inmensa mayoría de los jóvenes que realmente están preocupados por su situación no protestan rompiendo escaparates y quemando contenedores, sino de manera pacífica.
Una modificación del Código Penal necesaria
Distintas organizaciones -entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)- reclaman una reforma del Código Penal para que los llamados delitos de opinión no sean castigados con penas de prisión. Pero lo solicitan como debe hacerse en un sistema democrático: con peticiones al Gobierno y en reuniones con los grupos parlamentarios, que son los que pueden modificar las leyes; con el apoyo de organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la OSCE; con jornadas de debate; con informes de juristas; con los argumentos que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos…
A las organizaciones y las personas individuales que piden esa modificación del Código Penal nunca se les ocurrirá salir a la calle a romper escaparates, porque perderían todas las razones que tienen para exigir ese cambio, necesario para que España esté a la altura de los estándares internacionales en esta materia.
Los límites a la libertad de expresión deben ser los mínimos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho reiteradamente que los límites a la libertad de expresión deben establecerse en las leyes siempre de manera restrictiva, y teniendo en cuenta si lo que se ha dicho o escrito supone un riesgo real para otras personas. Hay que preguntarse si la letra de una canción o unos mensajes en la red social Twitter, por muy críticos o provocadores que sean, suponen un riesgo real para otras personas o les facilitan los medios para que comentan un delito y, por tanto, sus autores deben ser castigados con la cárcel. La respuesta es muy clara: no.
Pablo Rivadulla -conocido como Pablo Hasél- había sido condenado a dos años de cárcel en 2014, por enaltecimiento del terrorismo en las letras de sus canciones (pena que el Tribunal Supremo rebajó años después a nueve meses) y los magistrados le advirtieron de que si volvía a delinquir sería reincidente e ingresaría en prisión. También tiene otras condenas, que aún no son firmes, por agredir a un periodista y por amenazar a un testigo en un juicio contra él. Se ha negado a pagar la multa que le impusieron junto con los nueve meses de cárcel.
Para que no se repitan condenas por hechos como estos es necesario modificar el Código Penal; pero, mientras esté vigente el actual, hay que cumplirlo y no utilizarlo como excusa para practicar la violencia callejera que la ciudadanía ha visto gracias a los periodistas.