Agustín Yanel
Para algunos políticos, la pandemia provocada por el coronavirus es un arma arrojadiza que utilizan para desgastar al gobierno correspondiente. Cuanto peores sean los datos, más munición tienen para esa batalla. Y para algunos gobiernos, este azote mundial ha sido una excusa para restringir derechos más allá de lo que era necesario para frenar las muertes y contagios. Unos más que otros, como ocurre siempre, pero lo han hecho; el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, también. Y entre esos derechos se ha visto afectada negativamente la libertad de información y de expresión, un derecho siempre imprescindible en democracia pero más que nunca en una situación como la actual.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre por decisión de Naciones Unidas, Amnistía Internacional ha analizado las medidas que han adoptado los gobiernos de distintos países desde el inicio de la pandemia. La conclusión no es nada positiva: se ha incrementado la violación de los derechos humanos porque, según el director de esta organización en España, Esteban Beltrán, muchos gobiernos «han aprovechado la pandemia como pretexto para discriminar, reprimir o censurar a las voces críticas de sus sociedades, violar los derechos de las mujeres, discriminar a la población LGTBI o dejar en la estacada a migrantes y solicitantes de asilo».
«Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid…»
Todos los gobiernos del mundo han tenido que adoptar medidas excepcionales para hacer frente al coronavirus: declarar estados de alarma, confinamientos y restricción de la libertad de circulación y reunión, aprobación urgente de leyes… Muchas de esas medidas eran necesarias, pero otras parece que las han adoptado siguiendo la conocida expresión de «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid…» Esto último lo han hecho con más intensidad los gobiernos de países donde la democracia no es su práctica habitual, pero también ha ocurrido en otros que presumen de ser democracias consolidadas como Estados Unidos, Francia, Argentina y otros. En España, también.
Amnistía Internacional afirma que la violación de los derechos humanos se ha visto agravada durante la pandemia al menos en estos aspectos: más persecuciones y encarcelamientos injustos de defensores y defensoras de los Derechos Humanos en distintos países; aprobación de leyes discriminatorias y más gravosas para las minorías étnicas y los grupos socialmente marginados; más persecución de personas migrantes y solicitantes de asilo; más de 7.000 profesionales sanitarios muertos en todo el mundo, porque no se ha cumplido el derecho que tienen a trabajar en condiciones seguras; más inseguridad y violencia contra las mujeres; más discriminación y rechazo de las personas LGTBI, y más control de la vida privada de la ciudadanía aprovechando las nuevas tecnologías.
«En España, la degradación del servicio de atención primaria, ya deteriorado como consecuencia de las políticas de austeridad que marginaron de manera especial a este servicio en la última década, ha llegado en lugares como Madrid a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso la salud en la comunidad», indica Amnistía Internacional en su informe.
Más censura y represión de la libertad de expresión
También denuncia Amnistía Internacional la represión que se ha ejercido con la libertad de expresión. «La ofensiva emprendida contra periodistas y otras personas que critican el modo en que sus gobiernos gestionan la COVID-19 ha dificultado los esfuerzos para hacer frente al coronavirus». Y concluye: «La censura de información esencial sobre la pandemia se ha convertido en un fenómeno mundial».
Desde que el Gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos declaró por primera vez el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones, han venido pidiendo que las medidas para acabar con la pandemia sean proporcionadas y no restringan derechos y libertades de la ciudadanía y de los profesionales de la información más allá de lo necesario. Las Federaciones Europea e Internacional de Periodistas (FEP y FIP) también lo han reclamado.
Lamentablemente, tal y como ha denunciado ahora Amnistía Internacional, muchos gobiernos han cruzado la raya de lo que era necesario y proporcional a la situación, y han aprovechado la pandemia como excusa para reprimir derechos de la ciudadanía. Por lo que se refiere al derecho a la información, los fotoperiodistas no han podido mostrar el todo horror provocado por el coronavirus en los hospitales porque han tenido muchas dificultades para hacer su trabajo, pese a que han demostrado que respetan las medidas de seguridad. Y los periodistas también han tenido muchos problemas a la hora de ofrecer a la sociedad la información que necesita. En España también ha ocurrido esto.
Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento por primera vez, en marzo último, consideró el periodismo como uno de los servicios esenciales para la sociedad que podía moverse y trabajar, como la alimentación, la asistencia sanitaria, las farmacias, el transporte público y otros. Pero no basta con publicar eso en el Boletín Oficial del Estado, sino que hay que llevarlo a la práctica. Los gobiernos, los partidos políticos y los organismos e instituciones deben olvidar esa mala práctica de las ruedas de prensa sin preguntas -o con preguntas controladas, aprovechando que las convocan telemáticamente- y tienen que facilitar el trabajo de los periodistas, porque la ciudadanía tiene derecho a ser informada, y en tiempos de pandemia más que nunca. No vayan a caer en la tentación, «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid…», de pretender instalar para siempre esos malos hábitos.