Las protestas de miles de ciudadanos en Arabia Saudí y la movilización internacional, con las organizaciones pro derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch a la cabeza, han logrado que las autoridades de ese país hayan decidido en el último momento suspender la ejecución de siete jóvenes, para revisar su caso y repetir un juicio que se ha demostrado plagado de ilegalidades. Iban a ser fusilados y, además, el presunto cabecilla sería crucificado y expuesto ante la ciudadanía durante varios días para servir de escarmiento.
Fueron detenidos en 2005, cuando tenían entre 15 y 19 años y dos de ellos eran menores de edad, acusados de haber robado en varias joyerías a mano armada. Ellos lo negaron, pero no les sirvió de nada: el juicio duró sólo tres horas, no tuvieron abogados, les arrancaron su confesión con torturas y fueron condenados en 2009 a la pena de muerte, a pesar de que Arabia Saudí firmó en 1996 la Convención de los Derechos del Niño, que prohíbe la ejecución de menores.
Pero las autoridades saudíes, como las de Sudán, Yemen o Irán, por ejemplo, deben pensar que un tratado internacional no puede ser un obstáculo a la hora de aplicar tan salvaje práctica: simplemente, esperan a que cumplan los 18 años y entonces les fusilan, como iban a hacer ahora.
17 EJECUCIONES EN DOS MESES
En los dos primeros meses de este año, otras 17 personas de Arabia Saudí no han tenido tanta suerte como estos siete jóvenes y han sido ejecutadas. Cada año, varias decenas de ciudadanos, incluso hasta 80, son ejecutados allí, acusados de diversos delitos.
España mantiene muy buenas relaciones con Arabia Saudí, un país «amigo» con el que ha firmado sustanciosos contratos, entre ellos uno para construir el AVE La Meca-Medina, por importe de 6.500 millones de euros, y otro para fabricar y venderles más de 200 carros de combate Leopard por 3.000 millones, el más importante de la industria militar española. Allí gobierna una monarquía absoluta islamista, con el rey Abdalá bin Abdelaziz a la cabeza. El monarca y su numerosa familia son amigos del rey Juan Carlos y la Familia Real española, con quienes mantienen excelentes relaciones.
EL PODER DEL CLERO
El rey Abdalá anunció hace años una serie de reformas para modernizar la Justicia, pero el clero domina más que la monarquía y lo ha impedido. El monarca también ha defendido la posibilidad de que los perjudicados por un delito perdonen al condenado, a cambio de una compensación económica, y así se libre de la pena de muerte. Pero esta práctica tampoco se ha extendido.
¿Habría que negarse a hacer negocios con países que mantienen la pena de muerte, como Arabia Saudí? No sería nada fácil explicar a los trabajadores de las empresas españolas implicadas en esos trabajos que España no iba a firmar esos contratos, lo que implicaría su despido, porque en Arabia Saudí existe la pena capital, porque allí es legal cortar la mano a quien comete un robo o dar de latigazos a quien mantiene relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo, entre otras aberraciones.
Tampoco sería fácil, desde el punto de vista de la diplomacia internacional, decirle a un país que sus leyes no son aceptadas. Pero algo hay que hacer. Y, aunque no haya que lanzar las campanas al vuelo por la suspensión provisional de estas siete ejecuciones, conviene tener en cuenta que esta campaña internacional de protestas ha vuelto a demostrar que sólo se pierde la batalla que no se da.
Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI todavía hay 57 países en los que es legal quitar la vida a una persona porque ha cometido un delito, en ocasiones ni siquiera demasiado grave. De ellos, al menos 23 siguen aplicando esta pena capital, como la todopoderosa primera potencia mundial, Estados Unidos. Hay que decir ¡basta! y actuar para erradicar esta salvajada de todo el planeta.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Desde que Emiliano García Page es secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, hace un año, María Dolores de Cospedal sólo se ha reunido con él en una ocasión y no le ha contestado a su propuesta de alcanzar un pacto para defender la cuenca del Tajo. Grave error: cuando la tasa de desempleo interanual sube en la región más que en las demás comunidades, la presidenta debería llamar al líder de la oposición para buscar soluciones juntos.
Además, como secretaria general del PP debería recomendar a su partido que retire la demanda de protección del honor que acaba de presentar contra el diario «El País» porque ha publicado los llamados «papeles de Bárcenas«. Aplicar en el escandaloso caso de su extesorero la vieja teoría de «matar al mensajero» constituye otro error y un atentado contra el derecho constitucional a informar. Y si no, al tiempo y a lo que dirá la Justicia.