Un día sí y otro también, el Gobierno insiste en que la reforma del mercado laboral que aprobó en marzo -y que provocó la convocatoria de la segunda huelga general en su primer año de mandato- va a crear empleo. Pero, un mes tras otro, los datos demuestran exactamente lo contrario: el paro aumenta y el número de cotizantes a la Seguridad Social disminuye, lo que ha obligado a echar mano del fondo de reserva de las pensiones para poder pagar a los jubilados la extra de diciembre.
Todas las opiniones son libres, también las del Gobierno, y se pueden discutir, pero los hechos son tozudos e indiscutibles. Y los hechos son bien claros: el mes pasado aumentó el paro en 74.296 personas -la mayor destrucción de empleo de toda la historia en un mes de noviembre-, hasta llegar a la dramática cifra de 4.907.817, y la Seguridad Social perdió otros 205.678 cotizantes, incluidos los cuidadores de personas dependientes cuyas cuotas debía abonar el Ejecutivo desde 2007, por la Ley de Dependencia, pero que ha decidido dejar de pagar.
DISCREPANCIA TOTAL GOBIERNO-CIUDADANÍA
Algo extraño y nada normal está ocurriendo en España cuando, con casi cinco millones de parados –de los que 700.000 han perdido su trabajo desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa- que siguen incrementándose, el Gobierno continúa repitiendo la letanía de que su reforma laboral va a crear empleo mientras la realidad lo desmiente a diario. Y no es el único caso de total discrepancia entre lo que dice el Ejecutivo del PP y lo que opina buena parte de la población.
Sirvan, como botón de muestra, estos ejemplos:
– Huelga general: el 14 de noviembre, los sindicatos exageraron al decir que un millón de personas se había manifestado en Madrid, pero el Gobierno hizo el ridículo más bochornoso al afirmar que sólo habían sido 35.000. En la misma plaza madrileña de Colón, en 2007, el PP convocó una manifestación contra la política antiterrorista de Zapatero y el Ejecutivo regional que entonces presidía Esperanza Aguirre, del PP, habló de más de dos millones de asistentes, cifra totalmente desorbitada que hubiera necesitado abarrotar muchas calles y plazas para ser cierta.
– Huelga sanitaria: todas las organizaciones sindicales del mundo sanitario de Madrid (de médicos, enfermería y resto del personal) han protagonizado estos últimos días huelgas y manifestaciones para defender la sanidad pública y protestar contra la decisión del Gobierno regional, del PP, de conceder a empresas privadas la gestión de seis hospitales públicos. Los muchos miles de personas que han secundado estos paros y se han manifestado no han sido solamente «los liberados sindicales» a los que Esperanza Aguirre atribuía siempre todas las protestas que había contra ella, pero el actual Gobierno «popular» madrileño sigue quitándole importancia, diciendo que el seguimiento de la huelga ha sido inferior al que realmente ha habido y negando que su intención sea privatizar la sanidad. Habrá que ver a qué empresa otorgan la concesión, si llega a producirse, y quiénes integran el consejo de administración de la que resulte adjudicataria.
– Protestas en la Justicia: todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, desde las progresistas hasta las conservadoras, y todos los sindicatos con presencia en la Administración de Justicia, han coincidido en su protesta contra las tasas judiciales que tendrán que pagar los ciudadanos para poder acudir a los tribunales y contra otras medidas anunciadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El Gobierno ha negado las acusaciones de que lo ha hecho para recaudar dinero, mientras todos los sectores implicados en el mundo judicial opinan de manera unánime lo contrario.
– Protestas en Educación: hace ya tiempo que el mundo de la educación anda demasiado revuelto, aunque últimamente con más intensidad. Profesores, padres y alumnos protestan y se manifiestan; mientras, el Gobierno utiliza su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar reformas que son muy rechazadas y se dedica a echar por tierra lo que hizo el PSOE –por ejemplo, a eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía-, el ministro José Ignacio Wert crea un nuevo problema con su anuncio sobre la enseñanza en lengua catalana y en castellano y, lo que más debería preocupar a los políticos, el nivel de fracaso escolar en España es más elevado que en muchos países de Europa. Frente a esa «marea verde» de protestas muy generalizada, el Ejecutivo sigue adelante con sus planes.
LA REFORMA DE ZAPATERO, A DEBATE AHORA
Se podría seguir, pero baste con esos ejemplos. Y con este panorama, ríanse, el Congreso de los Diputados tiene previsto debatir el próximo martes una iniciativa legislativa popular, promovida por los sindicatos y respaldada con el apoyo de miles de firmas de ciudadanos, que fue presentada… ¡tras las medidas de reforma laboral que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010!!! Será curioso ver qué dirán ahora los diputados del PP de esas medidas de los socialistas y qué afirmarán los del PSOE sobre la segunda reforma, la del Ejecutivo de Rajoy.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Los estudiantes de los últimos cursos de primaria y los primeros de la ESO que asistían por la tarde a clases de refuerzo, porque tenían dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros, no saben si podrán recibirlas el año próximo. ¿Motivo? El Ministerio de Educación ha decidido no dedicar ni un euro a esos programas, que financiaba de manera conjunta con las comunidades autónomas, y el Gobierno de María Dolores de Cospedal aún no ha dicho si los financiará o los eliminará.
En el mundo educativo de la región muchos temen que la presidenta siga a rajatabla la doctrina de recortes y más recortes que ha impuesto su jefe político y presidente, Mariano Rajoy, y elimine esta partida como ya ha hecho con la gratuidad de los libros, las ayudas al comedor escolar o los planes para promocionar el inglés en siete colegios de la comunidad que tan bien funcionaban a través del programa British Council.
¿Va a firmar la presidenta a favor de que continúe impartiéndose este prestigioso programa?