Al ver lo que ha ocurrido durante la última semana en las manifestaciones en Cataluña habrá quien diga que la única solución es actuar con mano dura y reprimir con más contundencia las protestas en la calle. Pero eso sería un grave error porque, al mismo tiempo que unos descerebrados y provocadores destrozaban mobiliario urbano, incendiaban barricadas y rompían escaparates, había varios cientos de miles de personas que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente en defensa de su reivindicación de independencia del Estado español y para protestar contra una sentencia que consideran injusta.

Las manifestaciones y protestas en la calle son un derecho constitucional que puede y debe ejercer cualquier ciudadano cuando existen motivos para hacerlo, pero de manera pacífica. Quemar coches, motos, bicicletas, contenedores de basura y semáforos, levantar el pavimento de las aceras para lanzarlo en pedazos a los policías o destrozar marquesinas de autobuses, escaparates y terrazas de cafeterías no es tolerable y debe ser perseguido y castigado como establece la ley.

Un presidente que va a la manifestación

Quim Torra -ese nefasto personaje a quien el huido de la Justicia Carles Puigdemont impuso como su sucesor para presidir el Gobierno catalán- debería haber sido el primero en condenar con toda rotundidad la violencia, los destrozos y el caos que ha protagonizado una parte de los manifestantes en Cataluña. Pero, en vez de hacer eso, decidió ir a hacerse la foto con los manifestantes que cortaban una autopista y animó a secundar la huelga general que convocaron unos sindicatos independentistas, no los mayoritarios. Pero, en un claro ejercicio de contradicción, al mismo tiempo defendió a los mossos d’esquadra (policías autonómicos de Cataluña) que reprimían los excesos de una parte minoritaria de los manifestantes frente las críticas que esos agentes recibieron de algunos dirigentes independentistas.

¿Alguien puede imaginarse al presidente del Gobierno de España -el actual o cualquiera de los anteriores- acudiendo al frente de una manifestación que corta una de las principales autovías de acceso a Madrid? La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha definido la actitud de Torra con claridad: «Estamos viendo a un presidente que parece más activista que presidente. No necesitamos a un presidente que se va a las manifestaciones en lugar de explicar la situación y cómo cree que hay que afrontarla».

En una época preelectoral como la actual, al ver las imágenes de lo ocurrido y la actitud del presidente catalán varios líderes políticos de la oposición reclaman más mano dura. Pablo Casado (PP) pide a Pedro Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al Gobierno tomar el mando de la policía autonómica catalana, pero sin intervenir en el autogobierno de esa comunidad. Pero, precisamente en las protestas de la última semana en Cataluña, la coordinación y colaboración entre los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido muy buena, según afirman ambas partes.

Albert Rivera (Ciudadanos) repite en todas sus declaraciones que el presidente del Gobierno debe aplicar ya el artículo 155 de la Constitución, que permitiría al Gobierno de la nación controlar y gestionar directamente las instituciones catalanas durante un tiempo determinado.

El Gobierno en funciones de Sánchez no descarta la adopción de cualquier medida que considere necesaria, pero no lo hará mientras crea que no se dan las circunstancias para hacerlo. Y ya ha dicho que los sucesos de estos días en Cataluña no justifican la aplicación de esas medidas excepcionales.

Una minoría violenta frente a medio millón de manifestantes pacíficos

No hay que olvidar -y el Gobierno lo tiene muy en cuenta- que frente a la minoría que ha protagonizado los incidentes violentos ha habido más de medio millón de personas que se han manifestado pacíficamente en Cataluña. Y que en las concentraciones de protesta, cuando alguien lanzaba un objeto a los policías había otros manifestantes que se lo recriminaban y se situaban frente a los agentes para que no intentaran agredirles.

Las fuerzas de seguridad y la Justicia deben actuar contra quienes alteren el orden público o realicen cualquier actividad delictiva -incluida la desobediencia a las decisiones judiciales-. Pero siempre de acuerdo a la ley, con proporcionalidad a cada situación y sin aplicar mano dura ni medidas extraordinarias como el 155 o la Ley de Seguridad Nacional de manera preventiva, porque no fueron concebidas para eso.

Si Quim Torra tuviera la decencia de dimitir y convocar elecciones autonómicas, como ya le piden incluso sus socios de Gobierno de ERC, sería un paso importante para afrontar la situación de crisis política, institucional y social que se vive en Cataluña.Y después diálogo, mucho diálogo, con sentido común y sin intento de imponer nada unilateralmente. Únicamente de esa manera se podrá intentar resolver un problema que está perjudicado gravemente a la ciudadanía catalana y a todo el Estado.