Agustín Yanel
Al día siguiente de que los ministros y ministras tomaran posesión de sus cargos, el Consejo de Ministros aprobó revalorizar las pensiones públicas un 0,9 por 100 para este año, lo mismo que el IPC. Y sólo habían transcurrido ocho días desde que echó a andar el nuevo Ejecutivo cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunió con la patronal y los sindicatos y acordaron subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Son dos promesas electorales que PSOE y Unidas Podemos han cumplido con urgencia. La oposición debería reconocerlo, lo mismo que deberá criticar lo que incumplan o hagan mal… pero cuando lo hagan, no antes.
El 27 de diciembre pasado, el anterior Gobierno acordó suspender la subida del 0,25 por 100 de las pensiones -lo que establece una ley aprobada en 2013, durante el mandato de Mariano Rajoy-, porque había prometido un incremento según el IPC (el 0,9 por 100) y no podía aprobar este aumento cuando era un gabinete en funciones. Pablo Casado anunció aquel mismo día que iba a recurrir contra esa decisión ante el Tribunal Constitucional.
El «recurso inútil» que anunció Pablo Casado
En esta columna se escribió entonces que sería «un recurso inútil, si es que llega a presentarlo, porque los pensionistas cobrarán todo lo que les corresponde dentro de unas cuantas semanas». Y así ha ocurrido. El Gobierno ha cumplido ese compromiso y ha subido las pensiones según el Índice de Precios de Consumo (IPC), con lo que el grave daño que, según el PP, sufrían los pensionistas se reduce a unas pocas semanas de retraso en cobrar unos cuantos euros más al mes. Pero no se ha escuchado a Casado rectificar aquellas declaraciones, ni reconocer que estaba equivocado y decir que no recurrirá. ¿O acaso aún tiene intención de interponer un «recurso inútil»?
El Consejo de Ministros se reunió por segunda vez el 21 de enero y aprobó subir un 2 por 100 el salario a los empleados públicos, cumpliendo el acuerdo que el Gobierno de Mariano Rajoy firmó con los sindicatos hace dos años.
El 22 de enero, cuando llevaba una semana en su cargo, la ministra de Trabajo convocó a las patronales CEOE y Cepyme y a los sindicatos CCOO y UGT. Tras poco más de una hora de debate, acordaron lo que antes parecía imposible: incrementar el salario mínimo interprofesional de 900 a 950 euros al mes, otro importante compromiso del pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Este acuerdo fue posible porque, como debe ocurrir en todas las negociaciones, los empresarios cedieron en su negativa a subir el salario mínimo y los sindicatos cedieron en su propuesta de que llegara a 1.000 euros mensuales. Tampoco se ha escuchado a la oposición reconocer que el Gobierno ha cumplido con urgencia este compromiso electoral.
La necesaria crítica al Gobierno
La aprobación de estas medidas por el Consejo de Ministros, ¿quiere decir que el Gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos lo está haciendo todo bien en su todavía corta vida, que va a cumplir todos sus compromisos y que debe ser aplaudido siempre? No, por supuesto que no. Quiere decir, simplemente, que se ha dado prisa en cumplir tres de sus compromisos electorales, como es su obligación. Cuando no cumpla otros, o cuando actúe mal, habrá que reprochárselo, pero no antes.
La oposición, sobre todo el PP como principal partido que aspira a gobernar, debe criticar a Pedro Sánchez y su gabinete cuando tenga motivos serios para hacerlo; y debe reconocer lo que el Ejecutivo haga bien en beneficio de la ciudadanía, o guardar silencio. Como ha dicho algún dirigente del Partido Popular, el Gobierno, éste u otro, no lo hace ni todo bien ni todo mal.
Mención especial, una vez más, merece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una de sus últimas declaraciones ha sido ésta: «Lo que le está pasando a Venezuela le puede pasar a España». Lo ha dicho para criticar que Pedro Sánchez no haya recibido a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a quien España ha reconocido como presidente encargado de ese país.
«Cuando se empieza a menospreciar a las instituciones, a dar de lado a la Justicia, a la oposición, a los medios y se empieza a atacar a la iniciativa privada y a los empresarios, el camino de España es parecido al de Venezuela», ha añadido. Dicen que la presidenta madrileña habla en serio cuando hace afirmaciones como ésta, pero la verdad es que algunos comentarios suyos suenan a chiste y la convierten con frecuencia en el centro de todo tipo de bromas en las redes sociales. Gobierna la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos y con el apoyo de la ultraderecha de Vox.