Al Partido Popular, de repente, le han entrado las prisas por reformar la Ley Electoral. Después del batacazo que ha sufrido en las elecciones municipales del 24 de mayo -en las que perdió Madrid, Valencia y otros muchos ayuntamientos, a pesar de que fue el más votado en ellos-, quiere evitar que se repita esa historia y que los pactos poselectorales entre varias candidaturas impidan gobernar a la que ha logrado más votos pero sin alcanzar la mayoría absoluta.
Ningún partido parlamentario se opone a modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), porque los grupos de la oposición lo vienen reclamando desde hace muchos años, sin éxito, sobre todo Izquierda Unida y UPyD. Ha sido reformada en 18 ocasiones en los últimos años, pero PSOE y PP nunca hicieron los cambios necesarios para eliminar el grave daño que esta ley produce a las fuerzas políticas minoritarias, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos, que necesitan muchos más votos que los grandes partidos para obtener un diputado o un concejal.
Lo que alarma a la oposición es el momento en que el PP plantea esta propuesta, el 22 de julio de 2015, a solo tres meses de que las Cortes sean disueltas por la convocatoria de elecciones generales.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha explicado que ya lo propusieron hace un año, pero que el PSOE dijo que era mejor esperar a después de las elecciones municipales y, como éstas ya se han celebrado, ahora ha llegado el momento de abordar este tema. Es sólo una excusa, porque entonces no se sabía que las elecciones generales iban a celebrarse en noviembre de este año, por lo que la reforma de la Loreg habría que aprobarla ahora a toda prisa, pese a ser un asunto muy importante que requiere sosiego y el máximo consenso.
LA PÉRDIDA DE MADRID
Los pactos poselectorales son legales y, en la mayoría de los casos -Madrid y Barcelona son buenos ejemplos-, se han hecho respetando la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, que con sus votos ha dicho que quería un cambio en ayuntamientos donde gobernaba el PP, aunque este partido haya obtenido más votos que los demás. Pero también hay que decir que algunos pactos han sorprendido porque el partido con menor número de votos ha logrado la Alcaldía.
El PP quiere que, en los tres meses que quedan de legislatura, se constituya una subcomisión en el Congreso para estudiar esta reforma, ante la que deberán comparecer varias decenas de miembros de las administraciones públicas, autoridades, funcionarios y representantes de organizaciones sociales.
CONCEJALES DE REGALO
También ha sorprendido, y ha sido criticado, el contenido de la propuesta del PP. En resumen: si ninguna candidatura obtiene la mayoría absoluta en unas elecciones locales, a la lista que logre más del 35 por 100 de los votos y al menos cinco puntos por encima de la siguiente -o más del 30 por 100 y siete puntos de diferencia- se le asignarán, automáticamente, la mitad más uno de los concejales y gobernará. Si ninguna candidatura supera el 35 por 100, se celebrarán de nuevo votaciones en segunda vuelta entre las dos listas más votadas que hayan superado el 15 por 100. A la que consiga el 40 por 100 y supere a la otra en siete puntos se le asignarán la mitad más uno de los concejales.
Esta propuesta beneficia a los dos partidos mayoritarios -hasta ahora, PP y PSOE- y perjudica seriamente al resto de candidaturas. ¿Dónde se queda la proporcionalidad que debe regir las elecciones para que las corporaciones locales sean una representación real de lo que han dicho los electores con sus votos? Desaparece, porque al partido más votado le regalan unos cuantos concejales y puede gobernar con el respaldo solamente del 30 por 100 de los votantes.
El PP sabe que en noviembre probablemente cambiará el mapa político y desaparecerán las mayorías absolutas. Antes de las elecciones de noviembre se propone no solo aprobar con su mayoría absoluta los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que deberá gestionar el nuevo gobierno -algo insólito en el Parlamento, que siempre los ha aprobado en diciembre-, sino también un buen número de decretos, leyes y, ahora, la reforma de la Ley Electoral. Sabe que existen muchas posibilidades de que el futuro Congreso derogue algunas de esas normas, si varía su actual composición, pero sigue erre que erre con sus prisas. Se equivoca, porque muchos ciudadanos no lo van a entender.