Ni en sus peores sueños habrá imaginado jamás Esperanza Aguirre que los cargos políticos de su máxima confianza, que fueron sus más estrechos colaboradores cuando ella presidía la Comunidad de Madrid, algún día iban a ser detenidos, encarcelados o imputados por casos de corrupción. El último ha sido Ignacio González, su sucesor en la Presidencia del Gobierno madrileño, que ha sido detenido el 19 de abril porque presuntamente desvió dinero de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio suyo y de algunos familiares.

[ze_summary text=»Esperanza Aguirre ha dicho que está "conmocionada" por la detención de González, no es para menos»]Esperanza Aguirre ha dicho que está "conmocionada" por la detención de González, no es para menos[/ze_summary] 

Aguirre, que ha sido presidenta del Senado, presidenta del Gobierno de Madrid, presidenta del PP de esa comunidad y es la actual portavoz de su partido en el Ayuntamiento madrileño, ha dicho que está «conmocionada» por la detención de González. No es para menos. Y también están conmocionados en la sede central del Partido Popular y en La Moncloa, porque esta mala noticia es un gran jarro de agua fría que les cae encima en un momento en que Mariano Rajoy se está beneficiando de los problemas y divisiones de los partidos de la oposición para gobernar con una relativa tranquilidad a pesar de no tener mayoría absoluta en el Congreso.

Detenciones, registros e imputados

Esta semana está resultando especialmente difícil para el PP. El martes día 18, el tribunal que juzga la primera fase de la trama de corrupción del caso Gürtel acordó citar a Mariano Rajoy para que declare como testigo. El miércoles fueron detenidos Ignacio González y otras 11 personas en la denominado operación Lezo, una veintena fueron imputadas y la Guardia Civil practicó una treintena de registros en domicilios y despachos profesionales. El jueves, Esperanza Aguirre declaró durante varias horas como testigo en el juicio citado. Y en las próximas semanas tendrán que declarar también exdirigentes y dirigentes del PP de tanta relevancia como Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas.

[ze_summary text=»Una veintena de personas fueron imputadas y la Guardia Civil practicó una treintena de registros en domicilios y despachos»]Una veintena de personas fueron imputadas y la Guardia Civil practicó una treintena de registros en domicilios y despachos[/ze_summary] 

La detención del expresidente de la Comunidad de Madrid -a quien ampara la presunción de inocencia mientras no sea condenado, no lo olvidemos- demuestra que la Justicia funciona en España, aunque con mucha lentitud. Pero esta detención, unida a las de otros destacados exdirigentes y excargos públicos del PP madrileño, también demuestra que la corrupción fue una práctica habitual de un numeroso grupo de personas de ese partido durante la etapa de Esperanza Aguirre y con posterioridad.

El 12 de febrero de 2016, cuando compareció ante la comisión de investigación de la corrupción que había constituido la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre pronunció una frase que sirvió para muchos titulares de periódicos: «Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana solo dos».

La realidad desmiente a Esperanza Aguirre

Únicamente ha tenido que transcurrir algo más de un año para que la realidad desmienta a Esperanza Aguirre y demuestre que, como toda la oposición y muchos ciudadanos decían entonces, no eran solo dos cargos públicos de aquel PP sino bastantes más los que se beneficiaban de prácticas de corrupción habituales. Eran muchas ranas, no solo dos, las que vivían en una charca ponzoñosa que contaminó al partido. Y puede que aún falte más por ver.

Basta recordar unos cuantos nombres para percatarse de la magnitud que alcanzaba esa charca corrompida: Francisco Granados, que fue el número dos de Aguirre en el Gobierno de Madrid y secretario general del partido en esa comunidad, lleva dos años y medio en prisión preventiva por el caso Púnica. En distintos casos de corrupción están imputados Alberto López Viejo, Salvador Victoria, Carlos Clemente Aguado y Lucía Figar, exconsejeros o exviceconsejeros; Beltrán Gutiérrez, exgerente del partido; Isabel Gallego, exjefa de Comunicación; Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, ex diputados autonómicos, y los exalcaldes del PP de los municipios madrileños de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey.

El PP de Madrid y la responsabilidad política de Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre no está imputada en ningún caso de corrupción ni existen indicios de que haya estado involucrada personalmente o se haya beneficado de ellos. Pero es evidente su responsabilidad política, porque no supo vigilar lo que hacían sus más directos y fieles colaboradores, a los que ella nombró para esos puestos. Por eso dimitió hace un año como presidenta del PP madrileño, después de que la policía registrara la sede de su partido en Madrid en busca de pruebas sobre su presunta financiación ilegal.

Por ese mismo motivo, Esperanza Aguirre también debería asumir ahora su responsabilidad política y dimitir de su cargo de concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento madrileño. Si no lo hace, estará haciendo un flaco favor a su partido.

Todos los casos de corrupción deben ser rechazados con la máxima contundencia, afecten a personas de un partico político o de otro. Y todos los partidos deben adoptar juntos las medidas que sean necesarias para combatir estas prácticas que tanto daño han hecho a la democracia, porque es lo que la ciudadanía quiere. Y cada palo que aguante su vela y asuma sus responsabilidades, porque no todos los partridos están afectados de la mima manera ni con la misma intensidad por la repugnante práctica de utilizar un cargo público para enriquecerse.