Agustín Yanel
Parece que todavía hay quien no tiene claro que la libertad de expresión e información es un derecho constitucional y humano absolutamente imprescindible en la sociedad. Y que ese derecho no puede ser limitado ni prohibido en una democracia, salvo en los casos en que lo decide un juez de acuerdo con las leyes. Hay quien no acepta que, por mucho que moleste o duela lo que comente otra persona, tiene todo el derecho a decirlo; y si alguien cree que eso que dice otro puede ser un delito, la solución no es prohibirlo sino denunciarlo ante la Justicia, porque el Código Penal es suficiente para investigarlo y, en su caso, castigarlo.
Viene esto a cuento de la penúltima ocurrencia del sociólogo José Félix Tezanos, el polémico presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En una encuesta que ha realizado este organismo público sobre la pandemia del coronavirus, en la primera semana de abril, han preguntado a 3.000 personas si creen que el Gobierno «debe prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes sociales y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones».
En esa pregunta ya se induce a dar la respuesta en un sentido determinado -precisamente lo contrario de lo que se debe hacer en una encuesta bien hecha-, porque se supone que la mayoría de la población está en contra de los bulos y probablemente va a responder a favor de prohibir su difusión. Tezanos ha dicho que esa pregunta no tiene ninguna «intencionalidad política», sino que solo plantea que quizá puede llegar un momento en que sea necesario controlar la información sobre el coronavirus, no las demás informaciones. Pero esa es una explicación que no convence, y por eso ha sido tan criticado por distintas asociaciones y juristas.
Una contestación preocupante a una pregunta con la respuesta inducida
Pero tan grave es que Tezanos haya incluido esa pregunta en la encuesta -o quien la haya redactado, se supone que con la autorización del presidente del CIS- como preocupantes son las respuestas que han dado las personas consultadas: dos de cada tres (66,7 por 100) dicen que sí habría que «restringir y controlar las informaciones, estableciendo una sola fuente oficial de información»; el 30,8 por 100 cree que no se debe prohibir ningún tipo de información, y el 2 por 100 tiene dudas.
La legislación española no está a la altura de la internacional en materia de libertad de expresión e información, y mucho menos después de algunas leyes aprobadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy con los únicos votos a favor del PP, como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) y otras. Por eso, si la pregunta del CIS es un globo sonda para tantear la opinión de la ciudadanía sobre otro posible endurecimiento de la legislación en esta materia, hay que oponerse rotundamente desde el primer momento. Lo que hace falta es derogar la ley citada y distintos artículos del Código Penal español, para situarse a la altura de los estándares internacionales.
Es cierto que constantemente circulan por las redes sociales todo tipo de rumores, bulos y falsedades sobre el coronavirus, supuestos remedios para combatirlo, declaraciones de presuntos especialistas que no lo son, intentos de estafas y los argumentos y comentarios más absurdos que se pueda imaginar. Pero ni siquiera todo eso justificaría, nunca, que se adopten medidas para limitar la libertad de expresión. Hasta quienes aprovechan las redes sociales de la manera más despreciable tienen todo el derecho a difundir sus opiniones, con los únicos límites que ya establecen las leyes.
Bulos que pueden ser delitos
La Fiscalía General del Estado ha realizado un informe, en el que indica que los bulos o noticias falsas sobre el coronavirus que inundan las redes sociales e internet pueden «llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad» por parte de la ciudadanía. Según ese estudio, que ha publicado el periodista Fernando Garea en El Confidencial, hay que analizar las circunstancias de cada caso y tener en cuenta a qué se refieren los mensajes, con qué intención, qué trascendencia tienen y otras circunstancias para establecer en qué casos pueden ser constitutivos de un delito y, por tanto, deben ser investigados y castigados como corresponda.
Teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, habrá mensajes que puedan constituir delitos de odio, descubrimiento y revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, contra la salud pública, estafa, intrusismo o contra el mercado y los consumidores. Pero esos delitos ya están contemplados en el Código Penal, donde se establecen las correspondientes penas de cárcel o multas.
Hay que exigir al actual Gobierno progresista de coalición que no caiga en la tentación de endurecer la legislación, ni siquiera con la excusa de una situación tan grave como la pandemia del coronavirus, sino que haga exactamente lo contrario: derogar las leyes que han eliminado o restringido derechos de la ciudadanía; eso es lo que PSOE y Unidas Podemos defendieron cuando estaban en la oposición y eso es lo que tienen que hacer ahora, cumplir sus promesas.