Si algo le faltaba al Gobierno, para aumentar su pesimismo ante el negro túnel de una crisis económica en el que todavía no se vislumbra el final, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) diera a conocer unas previsiones tan negativas para España como las que acaba de anunciar.
Si algo le faltaba a la ciudadanía española, para incrementar su desánimo generalizado tras varios años de recortes y más recortes, es que el Gobierno anunciara que, obligado por Europa, todavía tiene que recortar más.
Lamentablemente, estas dos cosas han ocurrido en los últimos días. Y las dos son malas para España y para la ciudadanía. Se podría recurrir al siempre sabio refranero español y decir eso de «¡éramos pocos..!».
LAS PEORES PREVISIONES, PARA ESPAÑA
La palabra del FMI no es palabra de santo y, para demostrarlo, basta recordar que este importantísimo organismo no fue capaz de prever en 2008 la crisis económica mundial que se avecinaba y que desde entonces no ha parado de castigarnos. Pero, no nos engañemos, sus previsiones hay que tenerlas en cuenta.
En su último informe sobre «Perspectivas económicas mundiales», difundido esta semana, el FMI tira por tierra todas las previsiones económicas que había realizado el Gobierno de Mariano Rajoy y no deja títere con cabeza respecto a España: vaticina que el paro batirá su propio récord y llegará este año al 27 por 100 de la población activa, bajando sólo medio punto en 2014; que el déficit público acabará este año en el 6,6 por 100 y subirá en 2014 al 6,9 por 100, frente a la previsión del Gobierno de reducirlo al 3 por 100 el año próximo; que la deuda pública seguirá incrementándose hasta llegar en 2018 al 110,6 por 100 del Producto Interior Bruto… y más.
Aunque son previsiones que no se deben tomar al pie de la letra, tampoco hay que echarlas al saco del olvido. Y conviene tener en cuenta que, según este informe del FMI, el déficit público de España va a ser en los próximos años el peor de todos los países de Europa, y casi de todo el mundo, salvo excepciones puntuales.
MÁS RECORTES
Ante esas previsiones, Rajoy ha dicho en el Congreso de los Diputados que el Gobierno trabaja para que no se cumplan tan malos augurios y que para ello se propone anunciar el 26 de abril próximo una nueva tanda de reformas.
El problema es que, visto lo que el Ejecutivo del PP ha hecho hasta ahora, cuando el presidente habla de «reformas» los ciudadanos tienen que traducirlo por «recortes». Y la sufrida ciudadanía ya ha llegado al límíte a la hora de soportar recortes.
Dice Mariano Rajoy que la Comisión Europea no ha planteado ninguna «petición» de recortes a España, sino que se ha limitado a elaborar un «documento» en el que analiza la situación y las perspectivas de futuro de 13 países de la Unión Europea, entre ellos España. El señor presidente del Gobierno puede llamar como quiera a ese documento, pero en la práctica se traduce en que los mandamases europeos piden a España más reformas estructurales y que el Gobierno español, fiel cumplidor de las órdenes europeas como ha hecho hasta ahora, acordará las medidas que sean necesarias para contentar a Alemania y a Europa, aunque sea a costa de apretar el cinturón casi hasta la asfixia a una ciudadanía que ya ve imposible hacer más agujeros en el mismo.
El viernes 26 de abril, el Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy aprobará el plan nacional de reformas que le exige Europa. ¡Que Dios -o quien sea, para los no creyentes- nos coja confesados!
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
En medio de una campaña bastante generalizada de desprestigio contra los sindicatos -en la que no se distingue entre lo que son irregularidades de algunos sindicalistas, que se deben perseguir y corregir, y el papel necesario e imprescindible de las centrales sindicales en una democracia-, hay que celebrar que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia castellanomanchego haya pedido que se anule la orden del Gobierno autonómico que suprimió 700 plazas de interinos en la Administración Pública regional por el sistema del «ordeno y mando», sin negociar con los representantes de los trabajadores.
El consejero de Administraciones Públicas de la Junta y el director general de la Función Pública deberían aplicar la lógica y el sentido común, y sentarse a negociar un proyecto de Ley de Empleo Público regional con los sindicatos representativos en vez de recurrir y esperar a una sentencia definitiva, lo que supondría perder tiempo y dinero.