Agustín Yanel
Lo ha dicho Amnistía Internacional: «Dirigentes políticos y gigantes del mundo empresarial anteponen los beneficios y el poder a las personas, traicionando sus promesas de una recuperación justa de la pandemia». Y ha añadido: «En 2021, los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era». Dicho con otras palabras: ha aumentado la desigualdad, los ricos se han enriquecido más y hay más personas pobres.
Amnistía ha presentado su informe anual correspondiente a 2021, en el que examina la situación de los derechos humanos en más de 150 países. Esta organización, que nunca tiene pelos en la lengua para denunciar los abusos e injusticias, afirma que «los Estados, junto con grandes empresas, en realidad han ahondado la desigualdad global». La causa fundamental de ello ha sido «la perniciosa codicia de las empresas y el brutal egoísmo nacional, así como el abandono de la infraestructura sanitaria y pública por gobiernos de todo el mundo».
Dificultades para la atención sanitaria
En el capítulo referido a España, Amnistía denuncia que las autoridades no garantizaron un acceso adecuado a los servicios sanitarios durante la pandemia; no se protegió adecuadamente el derecho a la vivienda; las mujeres continuaron con dificultades para ejercer su derecho al aborto y persistió la violencia contra ellas, aunque se adoptaron algunas medidas para combatir esta lacra social; no han reformado las leyes que restringen la libertad de expresión y de reunión pacífica, como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza; continuó el uso excesivo de la fuerza por parte de fucionarios policiales que tienen la misión de hacer cumplir la ley; no se garantizaron unas condiciones dignas de acogida y asilo a las personas que llegaron de manera irregular a Canarias…
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha calificado el 2021 como «el año de la impunidad» por la discriminación que sufrieron las personas mayores en las residencias, donde murieron miles de ellas hasta que llegaron las vacunas, nadie ha sido encontrado culpable y los grupos parlamentarios del Congreso no han apoyado la creación de una comisión para investigar la verdad de lo ocurrido en ellas.
Doble vara de medir con las personas refugiadas que llegan a España
Amnistía lamenta que se utilice una doble vara de medir con las personas refugiadas: el Gobierno ha hecho y está haciendo esfuerzos para responder con rapidez a quienes llegan a España desde Ucrania o Afganistán, pero al mismo tiempo lleva a cabo devoluciones en caliente de quienes saltan la valla de Melilla, incluso de menores de edad.
A pesar de esta situación, Amnistía considera que España puede avanzar en el respeto a los Derechos Humanos con futuras leyes como la de Garantía de la Libertad Sexual o la de Vivienda, que se encuentran en tramitación en el Congreso de los Diputados.
El mismo día que Amnistía presentó su informe anual, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas urgentes dentro del plan nacional que ha elaborado para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El objetivo es «repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo».
Hay que vigilar cómo se implementan esas medidas, para que cumplan su objetivo y contribuyan a que no siga aumentando la desigualdad en la sociedad; que no se repita lo que ha ocurrido durante los dos años de pandemia de la COVID-19 y Amnistía Internacional no tenga que incluirlo en su próximo informe anual en el capítulo de críticas.