Agustín Yanel
Igual que ocurre con todas las grandes catástrofes o desgracias, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha sacado a la luz el aspecto más solidario de la ciudadanía. Pero también han entrado en escena algunas personas indeseables que quieren especular y hacer negocio con la salud. No les importa si la gente enferma y muere o si se cura, sólo les importa su negocio y su bolsillo. Son la peor escoria de la sociedad y deben ser denunciadas públicamente. Dan asco.
A fecha 26 de marzo, jueves, en España ya se han contabilizado 56.188 personas contagiadas, 4.089 fallecidas y 7.015 que se han curado. Aunque parece que la curva de contagios y muertes va descendiendo ligeramente, estos números producen escalofríos. Pero eso no les importa nada a quienes especulan con la enfermedad, porque su único objetivo es aprovecharse del miedo, la preocupación y la inquietud de la gente ante este virus desconocido para ganar dinero.
Como en las películas del Oeste americano
En las películas del Oeste americano, esas que en las décadas de los años 60 y 70 se rodaban en el desierto de Tabernas (Almería), era frecuente ver a los buitres carroñeros revoloteando sobre las reses muertas para comerse su carne. En la realidad de la España de hoy, no en una película, ha aparecido otra especie de buitres carroñeros en forma de empresarios -afortunadamente, sólo son algunos- que no tienen ningún escrúpulo en aprovecharse de la situación generada por esta pandemia. Hay que repetirlo: dan asco.
En una sociedad de libre mercado, cuando un producto escasea y sus existencias no bastan para abastecer a toda la demanda que existe sube su precio. Es la ley de la oferta y la demanda. Pero cuando está en juego la vida de las personas, nadie debería emplear esa ley no escrita.
Muchas personas sanas han decidido utilizar mascarillas, aunque no se lo haya ordenado e médico, por prevención o por temor a ser contagiadas. Por eso se han agotado en las farmacias, y el Gobierno central y los autonómicos las están comprando a empresas españolas y en el extranjero, junto con otro material, aunque se están recibiendo con más retraso del que sería deseable.
Mascarillas a precios de oro
Pero, ¿en todas las farmacias se han agotado las mascarillas? Pues, ¡oh, sorpresa!, resulta que no, que algunas sí tienen mascarillas aunque, eso sí, a precios de oro: una mascarilla que antes se compraba a cinco euros ahora se vende a 27 euros o más, y en algunos casos hay lista de espera para adquirirla. Y lo mismo ocurre con los geles hidroalcohólicos para lavarse las manos.
La dependienta de una farmacia del centro de Valencia ha contado al diario La Vanguardia que esas mascarillas se las venden ahora a ellos a 18 euros, por lo que, tras sumar los impuestos y algo de beneficio, el precio para el público se eleva a 27 euros.
Y no solo eso. Muchas farmacias están recibiendo numerosas llamadas y mensajes por correo electrónico de empresas que hasta ahora no conocían ni eran sus proveedoras, porque se dedican a fabricar otros productos que no tienen ninguna relación con las farmacias, y les ofrecen mascarillas y otros productos para intentar prevenir el contagio a un precio hasta mil veces superior al que tenían antes. El periódico citado, y no es el único, ha contado otro caso: una empresa que se dedica a fabricar bolsas de plástico para frío ofrece ahora a las farmacias pequeños frascos de 50 mililitros de gel hidroalcohólico a 5,85 euros la unidad, cuando su precio anterior no llegaba a un euro.
Tal vez el Gobierno y las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas no pueden imponer un precio a esos productos ni establecer un máximo, pero seguro que sí puede adoptar alguna medida para frenar este escandaloso fraude. Hay que cortar las alas a esos buitres carroñeros que quieren hacer negocio con la salud de la ciudadanía, tanto sin son empresarios sin escrúpulos como titulares de algunas farmacias que han visto la ocasión de ganar más que con la venta de medicamentos. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, puede llevar alguna propuesta al Consejo de Ministros ahora que el Gobierno ha delegado en él la coordinación de los servicios sociales del Estado para el coronavirus.