Dicen los empresarios, los que integran el Instituto de Empresa Familiar (IEF), que la situación económica y política de España está peor que como la presentan el presidente del Gobierno y sus ministros. Se lo han dicho a Mariano Rajoy en persona el lunes 7 de abril, cuando acudió a la asamblea anual de esta organización.
Esos empresarios dan una nota de 4,09 sobre 9 a la economía, un suspenso, aunque su percepción ha mejorado respecto a la que tenían hace un año, cuando la calificaron con un 2,16.
A pesar de ese suspenso, Rajoy también supo en ese encuentro que dos de cada tres empresarios esperan que la coyuntura económica empiece a recuperarse. Puntualizan, eso sí, que lo hará de manera moderada y con una creación de empleo todavía muy escasa.
UN SUSPENSO A LA POLÍTICA
También dan un suspenso a la situación política, con una nota de 2,33, algo mejor que el 2,22 del año 2013 pero mucho peor que hace dos años, cuando la aprobaban con 4,8 puntos.
Conviene aclarar, para quien no lo sepa, que el IEF no es una modesta asociación de pequeños empresarios que están sufriendo los efectos de la crisis más que otros. No. Esta asociación representa aproximadamente el 25 por 100 del Producto Interior Bruto español, sus empresas asociadas dan trabajo a decenas de miles de puestos de trabajo y entre ellas figuran Mercadona, Inditex, Ferrovial y otras de similar importancia. Su opinión, por eso, es importante para el Gobierno.
LOS CIUDADANOS NO LO VEN
Los ciudadanos tampoco perciben la tan proclamada recuperación económica, y también se lo dicen al Gobierno en las encuestas de los instituos de opinión privados y en las del oficial Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
Según el último sondeo del CIS, dado a conocer esta semana, el 84,5 por 100 de las personas consultadas afirma que la actual situación económica de España es «mala o muy mala», solamente el 1,3 por 100 la considera «buena o muy buena» y el 13,8 por 100 la ve «regular.
Otro dato preocupante: en esa misma encuesta: el 82,3 por 100 dice que el paro es el principal problema, lo que supone que la preocupación por el desempleo no deja de aumentar y ha subido el 1,2 por 100 en un mes.
EL DESEMPLEO
En los últimos meses se ha ido reduciendo moderadamente el número de personas que están inscritas en las oficinas públicas de empleo. El Gobierno ha hecho bien en no echar las campanas al vuelo -porque sabe que eso no significa que hayan encontrado empleo y, además, la mayoría de quienes lo ha conseguido ha sido precario y temporal-, pero siempre aprovecha para decir que estamos en la buena senda para la recuperación. Es cierto que ya hay algunos síntomas positivos, pero al ciudadano de a pie todavía no le afectan y no los percibe. La gran mayoría de los parados sigue sin trabajo, más de un millón de familias no percibe ninguna prestación o subsidio, muchos jóvenes bien preparados tienen que marcharse al extranjero…
Mariano Rajoy debería pensar siempre en esas personas antes de hablar de que ya ha empezado la recuperación económica. El lunes lo hizo ante los empresarios del IEF. Se mostró optimista, porque ya hay «buenas noticias» económicas, dijo, pero añadió: «No quiero ver ni el menor atisbo de autocomplacencia o triunfalismo, porque con las cifras que tenemos de paro sería una frivolidad vanagloriarse». Hizo bien en decir esas palabras. Y debería pedir a todos sus ministros que hagan lo mismo, porque las declaraciones que hacen algunos son escandalosas por lo alejadas que están de la realidad.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Al alcalde de Reíllo (Cuenca), Pablo Campillo, del PP, se le ha ocurrido la idea de cambiar el nombre de la calle José Mondéjar -un alcalde de los años 60 y maestro en el pueblo- por el del Generalísimo, que es el que tenía hasta 2008. Y lo ha justificado diciendo que, al fin y al cabo, «se trata de la historia de España».
El alcalde, de 34 años, puede opinar lo que quiera sobre el general Franco, pero se le ha olvidado que existe una Ley de la Memoria Histórica que prohíbe lo que su ayuntamiento ha aprobado. Y las leyes están para cumplirlas. El PP y la autoridad correspondiente deben intervenir para poner las cosas en su sitio. Que pongan el nombre que quieran a la calle, pero sin vulnerar las normas legales.