Que 86 consejeros y altos directivos de Caja Madrid -después Bankia- hayan utilizado tarjetas de crédito opacas para gastos personales, además de cobrar sus correspondientes retribuciones y percibir otras cantidades para gastos de representación, es algo más que una golfería y se suma a los muchos escándalos que abochornan a los ciudadanos. Cuando pensamos que el último caso que ve la luz es el más llamativo, siempre llega después otro de igual o mayor envergadura. Así nos luce el pelo.
Aquí van algunos, sólo algunos, ejemplos: un exministro de Aznar, Jaume Matas, cumple condena en la cárcel y tiene una veintena de juicios pendientes; Luis Bárcenas, que fue senador y tesorero del PP, está en prisión preventiva; Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la poderosa CEOE, la organización de los empresarios españoles, está preso; varios excargos de anteriores gobiernos autonómicos de Andalucía y de los sindicatos CC.OO. y UGT en esa comunidad han pasado por alguna celda y han sido imputados por los ERE irregulares; el yerno del rey Juan Carlos y su mujer, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, esperan lo que decida sobre ellos la Audiencia de Palma; el que fuera muy honorable presidente de Cataluña, Jordi Pujol, y sus hijos están siendo investigados por los jueces… Y así, hasta donde se quiera continuar.
UNA LISTA INSOPORTABLE DE ESCÁNDALOS
Son ya tantos los escándalos que lo sorprendente es que España no se haya convertido aún en una manifestación permanente en contra de la corrupción. La lista es interminable e insoportable, por vergonzosa.
Hay que aclarar que cuatro beneficiarios de esas tarjetas de crédito no las utilizaron nunca, otros lo hicieron sólo para pagar gastos relacionados con su función en la entidad bancaria y varios han devuelto el dinero que habían gastado y otros lo van a hacer. Y deben devolverlo todos. Pero, ¿por qué una caja de ahorros que atravesaba por una grave crisis, y que ha tenido que ser rescatada con más de 4.400 millones de euros de todos los ciudadanos, pagaba escandalosas cantidades a sus directivos, les abonaba los gastos de representación aparejados a sus cargos y, además, les daba una tarjeta de crédito que ni ellos ni esa entidad financiera declaraban a Hacienda?
Un ejemplo: cada vez que asistían a una reunión, habitualmente de una hora o poco más, percibían 1.350 euros. Además, Caja Madrid aportaba cantidades de dinero a un fondo de pensiones para ellos y les pagaba un seguro de jubilación, entre otras prebendas.
Durante 10 años, esas 86 personas -salvo algunas excepciones- pagaron con esa tarjeta en negro ropa, compras de alimentación en supermercados, viajes privados y lo que quisieron. Incluso hubo quien sacó dinero en efectivo de los cajeros automáticos, algo que no tenían permitido. En total gastaron 15,5 millones de euros con cargo a las tarjetas, que Caja Madrid, después Bankia, pagó sin pedir explicaciones, pese a que tuvo que ser rescatada con dinero público.
EL EXMINISTRO RODRIGO RATO
Varios beneficiarios argumentan que, cuando les dieron esas tarjetas, les dijeron que su uso era legal y que todo lo que gastaban con ellas quedaba reflejado en la entidad bancaria. Si era así, ¿por qué el exministro Rodrigo Rato -que fue presidente de Bankia- y otros tres consejeros devolvieron hace meses todo lo que habían gastado con ellas? ¿Y por qué no declararon esos ingresos extras a la Agencia Tributaria, como tiene que hacer cualquier españolito con todo el dinero que percibe de su empresa?
Las personas que disfrutaron de las tarjetas tienen todo el derecho a la presunción de inocencia. Y no se puede meter a todas ellas en el mismo saco, porque generalizar nunca es bueno. Hay que esperar al resultado de las investigaciones y no hacer juicios apresurados. Pero en este caso ha habido tanto abuso en plena crisis de la entidad bancaria, por parte de muchos consejeros y directivos, que ha hecho bien la Agencia Tributaria en abrir una investigación para aclarar el uso que se ha hecho de las polémicas tarjetas, no solo en Caja Madrid y Bankia sino en otras grandes empresas que también las dan a sus directivos. Quiere comprobar si ocultan pagos irregulares o si son una artimaña para pagar una parte importante del sueldo sin tributar por ello a la Hacienda pública.
Y más les valdría a los partidos políticos no utilizar este caso como arma arrojadiza contra el adversario, sobre todo a los «populares» y los socialistas, porque entre los beneficiados con las tarjetas de crédito hay 28 vinculados al PP, 15 al PSOE, cuatro a IU, seis a CC.OO., cuatro a UGT y otros propuestos por la patronal y por otras asociaciones.
DEL PARTIDO A LA CAJA DE AHORROS
Sorprende que algunos dirigentes del PP y el PSOE estén utilizando también en este caso la habitual frase de «y tú más», porque los dos partidos tienen a gente de sus filas relacionada con las tarjetas. Pregunta: ¿Qué pintan en el consejo de administración de una caja de ahorros representantes de partidos políticos o sindicatos percibiendo cantidades escandalosas de dinero?
A todos les afecta el escándalo, pero más a unos que a otros. Por eso, el PSOE, el PP e IU -aunque tres representantes de esta formación política hace tiempo que fueron invitados a darse de baja y ya no pertenecen a ella, y otro nunca estuvo afiliado-, lo mismo que CC.OO. y UGT, han iniciado investigaciones internas para esclarecer los hechos. Hacen bien, porque este escándalo daña mucho a unos partidos y unos sindicatos que ya están muy cuestionados por la ciudadanía precisamente por la implicación de algunos de sus dirigentes o afiliados en casos de corrupción.
Una decena de los 86 beneficiados con las tarjetas han renunciado a los cargos que ocupaban en PP, PSOE, CC.OO. y UGT. Otro, el diplomático Rafael Spottorno -que fue jefe de la Casa del Rey Juan Carlos- ha renunciado como consejero privado del rey Felipe VI, para evitar que el hecho de que él haya tenido una de esas tarjetas pueda afectar «al prestigio de la Corona». Y habrá más dimisiones, seguro.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El juez Pablo Ruz, que investiga presuntas irregularidades en la gestión de Caja Castilla-La Mancha (CCM), ha decidido juzgar al ex presidente de esa entidad, el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general, Ildefonso Ortega.
Produce vergüenza ajena que, tras decir que respetan esa resolución judicial, el socialista Jesús Fernández Vaquero y la diputada del PP Cesárea Arnedo hayan aprovechado para criticar mutuamente a su adversario, de manera muy torpe: el primero, recordando que el marido de María Dolores de Cospedal formó parte de los órganos dirección de CCM; la parlamentaria de los «populares» diciendo que Emiliano García-Page es amigo de Virgilio Zapatero, uno de los 86 que tenía una tarjeta opaca de Caja Madrid. De pena.