Únicamente a un personaje tan polémico como Donald Trump, que en casi un año y medio como presidente de Estados Unidos ha protagonizado más polémicas que todos los anteriores presidentes de ese país juntos, se le podía ocurrir el disparate de separar de sus padres a los hijos de inmigrantes mexicanos, incluidos los de muy corta edad, cuando entran en el país ilegalmente sin documentación. Por fortuna, la ola de protestas en todo el mundo y el escándalo que ha provocado semejante decisión le han hecho rectificar y ha anulado esa práctica.

Unos días después de que el presidente español, Pedro Sánchez, acordaba permitir que desembarcaran en el puerto de Valencia las 630 personas que Italia y Malta se habían negado a recibir, cuando llegaron a aquellas aguas a bordo del barco de salvamento Acuarius, el presidente de Estados Unidos aplicaba la política de mano dura contra la inmigración irregular y separaba a 2.300 menores de sus padres.

El Papa, Naciones Unidas, los gobiernos de distintos países, miles de estadounidenses e incluso dirigentes del Partido Republicano, el de Donald Trump, condenaron esa decisión. El primero no hizo caso, y continuó con su discurso de extrema dureza contra la inmigración ilegal, pero finalmente se vio obligado a rectificar y anuló su propia orden. Eso demuestra que las protestas pueden ser eficaces, tanto en Estados Unidos como en España y en cualquier país.

Juicios más rápidos

La paralización de esas separaciones familiares no resuelve del todo el problema, porque esos niños de momento no van a ser entregados inmediatamente a sus padres, pero al menos se agilizarán los juicios a las personas que son detenidas tras cruzar la frontera de México con EEUU sin documentación, y esos menores no podrán permanecer mucho tiempo retenidos prácticamente como si estuvieran detenidos por haber cometido un delito.

George W. Bush y Barack Obama, los dos presidentes inmediatamente anteriores a Trump, también adoptaron medidas para tratar de controlar la imparable entrada en EEUU de mexicanos que cruzan la frontera sin documentación para no morir de un tiro en su país cualquier día. Pero desde hace una década no se separaba a las familias que eran detenidas, sino que se las mantenía custodiadas hasta que se celebraba el juicio, con bastante rapidez. Obama incluso suavizó las medidas y decidió no procesar a las familias que entraban por vez primera en el país con sus hijos, salvo que tuvieran antecedentes penales por tráfico de drogas u otros delitos graves.

Hace dos meses, en abril, Trump decidió endurecer aún más la política contra los inmigrantes sin documentación y separó a los menores de sus padres, reteniéndoles en tiendas de campaña en lugares cerrados con rejas, casi como si estuvieran en la cárcel. Hasta que ha trascendido un vídeo en el que se les ve en esa situación y se escuchan los llantos de niños pequeños que llaman a sus padres. En solo mes y medio han sido separados de sus familias unos 2.300 menores. En total, según los últimos datos, Estados Unidos mantiene custodiados en un centenar de centros a más de 11.000 menores inmigrantes que han entrado en el país sin documentación.

Aplicar medidas con sentido común

¿Puede y debe Estados Unidos adoptar medidas para frenar la entrada en el país de inmigrantes sin documentación, entre ellos muchas familias con hijos? ¿Puede y debe el Gobierno español adoptar medidas también para frenar la la llegada de sin papeles? Por supuesto que sí, como también puede y debería hacerlo la Unión Europea. Pero deben ser medidas con sentido común y que traten a los inmigrantes como lo que son: personas que, por distintos motivos, huyen de sus países y se exponen a morir para llegar a otros en busca de una vida mejor para ellos y sus familias.

En el caso de Estados Unidos, esas medidas no pueden consistir en construir un muro gigantesco en la frontera con México, una idea que Trump anunció durante su campaña electoral y que está empeñado en llevar a cabo. Ha pedido a los legisladores que aprueben un presupuesto de 25.000 millones de dólares para construirlo.

En el caso de España, ese control no puede consistir en colocar en la frontera de Ceuta y Melilla vallas con peligrosas cuchillas que pueden provocar heridas graves, las famosas y polémicas concertinas. José Luis Rodríguez Zapatero las instaló en 2005, pero las retiró en buena parte dos años más tarde. En 2013 volvió a instalarlas Mariano Rajoy, y su entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que eran una instalación «no agresiva» que, como mucho, podía provocar heridas superficiales. La realidad le ha desmentido.

En el caso de la Unión Europea y los países que dan al mar Mediterráneo, el control de la inmigración no puede consistir en impedir el desembarco de 630 personas de un buque de salvamento, sabiendo que se esa negativa puede provocar una tragedia.

¿Qué se debe hacer? Pues, además de ayudar al desarrollo y la democratización de los países de origen de esos inmigrantes, para que sus ciudadanos no se vean obligados a huir, hay que buscar respuestas justas y razonables a una situación que, no se puede negar, puede convertirse en un problema si no se trata adecuadamente. Ese trabajo deben hacerlo los políticos, los de aquí y los de la Unión Europea, que para eso les elije y les paga la ciudadanía. Pero sin olvidar que, en este caso, no tratan con una mercancía sino con personas humanas, su futuro y su vida.