El 9 de noviembre de 2014 se cometió en Cataluña una gran tropelía contra la Justicia y contra el sentido común cuando se llevó a efecto y se consumó la consulta independentista sin estar autorizada. O, lo que es lo mismo, el Tribunal Constitucional la había prohibido. Al margen de que cada uno piense lo que quiera sobre el fondo, sobre si en Cataluña se debe celebrar un referéndum para ver qué piensa la gente respecto a la independencia, a la autodeterminación o sobre el sursum corda, no hablamos de eso, sino de que ha de hacerse cuando quien ha de permitirlo lo haga.
Lo demás es saltarse la ley. Y, recuerdo, las leyes se cumplen, que para eso están. Y quien se las salta a sabiendas de que lo hace, ha de asumir que también tiene que pagar por ello. Porque de lo contrario sería la ley de la selva.
Y si lo hace todo un, entonces, presidente de la Generalitat y le secundan dos de sus exconsejeras, pues más grave el delito aún porque no actúan solos, sino que lo hacen recubiertos con el poder que te da la representación de un cargo institucional.
El juicio a Artur Mas no tiene nada que ver con la política, sino contra un desacato o desobediencia. Si ya entonces, aquel 9 de noviembre, no entendí por qué las Fuerzas del Orden no impidieron que se abrieran los colegios electorales, edificios públicos que deberían haber permanecido cerrados, no entendería que esta película de ciencia ficción no se cerrara sin condena para los acusados. Porque de lo contrario cada uno podrá hacer lo que le dé la gana y cuando quiera.
Hubo una consulta ilegal y hubo desafío al sistema: Mas no puede salir airoso de este trance y debería ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.
Ancha es Castilla y Cataluña no debe ser menos.
@CesardelRioPolo
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