¿Qué habrá dicho o pensado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, cuando le hayan comunicado que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal el despido de 821 trabajadores de las plantas embotelladoras de la compañía Cola-Cola en España? ¿Seguirá pensando que las reformas del mercado laboral que ella y el Gobierno de Mariano Rajoy han aprobado -continuando y endureciendo aún más la que aplicó Zapatero– sirven para salvar empleos o, como dicen los sindicatos y miles de personas que han perdido su trabajo, se estará convenciendo de que esas medidas han facilitado los despidos al abaratarlos y han promovido la precariedad laboral hasta situaciones de miseria e indignidad?
Los despidos de Coca-Cola son exactamente igual de graves que los llevados a cabo en otras muchas empresas, pero vienen hoy a esta columna porque el Tribunal Supremo, como han hecho otros jueces y tribunales en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dado la razón a los trabajadores y los han declarado ilegales.
Sin entrar en detalles técnicos ni en vericuetos jurídicos, conviene recordar que en diciembre de 2013 la empresa Coca-Cola Iberian Partners, dedicada a embotellar los refrescos de esa compañía, anunció a los sindicatos que iba a cerrar cuatro de sus 11 plantas embotelladoras en España, entre ellas la más moderna de Europa, situada en Fuenlabrada (Madrid). Esa decisión afectaba a 1.200 trabajadores, que iban a ser despedidos con modestas indemnizaciones -debido a las reformas legales citadas- o trasladados a otras ciudades.
DESPIDOS NO JUSTIFICADOS
Cuando el Comité de Empresa estaba negociando con los representantes de la compañía, para lograr el mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo y que no se cerrara ninguna planta embotelladora, al presidente de Coca-Cola en España, Marcos de Quinto, sólo se le ocurrió la lamentable idea de criticar a los representantes de los trabajadores en Twitter. Y la lió, claro. ¡Qué manía tienen algunos con utilizar mal las redes sociales!
Los trabajadores de Colca-Cola protagonizaron huelgas legítimas, para defender sus puestos; los sindicatos denunciaron a la empresa, y la Inspección de Trabajo comunicó que los despidos no estaban suficientemente justificados y que la fusión de las distintas empresas embotelladoras en una sola presentaba diversas anomalías.
Meses después, la Audiencia Nacional declaró nulos los despidos llevados a cabo mediante un ERE y ordenó que todos fueran readmitidos. Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado esa sentencia y ha dicho que la empresa vulneró el derecho de huelga de los trabajadores, que ellos convocaron de manera legal, porque utilizó distintas artimañas contra esa protesta, como han hecho otras empresas cuando sus trabajadores se han acogido al derecho constitucional que tienen a convocar esas medidas de protesta.
UNA ILEGALIDAD DEMASIADO FRECUENTE
Según el Tribunal Supremo, esa empresa ha incurrido en una práctica ilegal muy habitual en otras muchas: no informó correctamente a los representantes de los trabajadores del proceso de fusión que pretendía llevar a cabo en sus plantas embotelladoras, tampoco les comunicó sus planes de reestructuración -pese a que estaba obligada a hacerlo por ley- e incluso llegó a sustituir durante la huelga a trabajadores de plantilla por otros para que distribuyeran los productos, una práctica denominada esquirojale que está expresamente prohibida por la ley. Hay que repetirlo: es una actitud muy frecuente en distintas empresas cuando sus trabajadores convocan huelgas legales, aunque está prohibida legalmente, que en muchos casos no es denunciada.
Tras esta sentencia del Tribunal Supremo, la empresa Coca-Cola Iberian Partners ha dicho que la respeta, la acata y la cumplirá. ¡Faltaría más!
Afortunadamente, muchos jueces terminan poniendo las cosas en su sitio y han declarado improcedentes muchos expedientes de regulación de empleo, porque ha habido empresarios -no todos, por supuesto- que han aprovechado la reforma de las leyes que regulan el mercado laboral para disminuir su plantilla y los salarios, aunque no han podido justificar la necesidad de adoptar esos recortes tal como exige la ley.
¿Estará aprendiendo esta lección Fátima Báñez? Todo parece indicar que no. Es una pena que quien fue una buena diputada del PP se haya convertido en una mala ministra de Empleo y Seguridad Social.