Agustín Yanel
Mientras algunos dirigentes políticos provocan debates inútiles para la ciudadanía y crean polémicas que solo interesan a ellos porque convienen a sus intereses, más de tres millones de personas (3,3 millones, el 7 por ciento de la población española) se encuentran en una situación de carencia material severa. Este dato ha aumentado un 2,3 por ciento en 2020, con la pandemia del coronavirus, y es el más elevado desde 2014. Mientras los primeros parecen más interesados en buscar la manera de quitar votos al adversario que en trabajar para el beneficio general, esos tres millones malviven con ayudas familiares, de comedores sociales o de las llamadas colas del hambre.
Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se ha incrementado en un 1,1 por ciento el porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social hasta alcalzar el 26,4 por ciento. Es decir, que una de cada cuatro personas está al borde de la pobreza.
Habrá quien piense, con todo su derecho a discrepar, que decir esto es pura demagogia. Pero los hechos son indiscutibles y la tozuda realidad muestra cada día esas dos situaciones: unos crispan la vida política y se sitúan en la bronca permanente, mientras hay familias que se desesperan porque no tienen lo imprescindible para sobrevivir y, cuando llaman a las puertas oficiales, en muchas no les responden por las más diversas causas. Pero hay políticos, ya se sabe, que siempre aplican la conocida estrategia de «dime lo que quieras, que yo me opongo».
Sin poder comer carne o pescado y sin lavadora, teléfono y televisor
Una persona se encuentra en situación de carencia material severa cuando atraviesa al menos por cuatro de estas situaciones: no puede tener una semana de vacaciones al año; no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede tener su casa a la temperatura adecuada por falta de medios económicos; no puede hacer frente a gastos imprevistos de 750 euros; en el último año se ha retrasado en pagar la hipoteca u otros recibos, y no tiene teléfono, televisor, lavadora ni coche.
Como ocurre siempre, la situación de pobreza y exclusión social afecta más a las personas con un bajo nivel de educación, entre las que llega al 36por ciento, y baja al 13,7 por ciento entre las que tienen una educación superior. Y también es mayor en quienes tienen hijos.
Ni siquiera se libran de esa difícil situación quienes tienen un empleo. El deterioro de las condiciones laborales y de salarios que ha habido en los últimos años hace que un 15 por ciento de personas que trabajan también se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Son lo que se conoce como trabajadores pobres.
En Castilla-La Mancha, una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza
En Castilla-La Mancha, uno de cada cuatro ciudadanos (25,1 por ciento) ha llegado durante la pandemia a la situación de riesgo de pobreza. En este región los ingresos medios por persona fueron de 10.485 euros en 2019 -últimos datos facilitados por el INE-, lo que supone 1.807 euros menos que la media nacional.
A estos datos del INE se suman los informes que cada cierto tiempo difunden Cáritas y otras organizaciones, que siempre suelen coincidir en muchas cosas. Sobre todo, coinciden en que aumenta la desigualdad social y el riesgo de pobreza.
¿Leerán los políticos estos datos? ¿Se sentarán con sus equipos para analizarlos y ver qué propuestas pueden plantear en las Cortes y en los parlamentos autonómicos para intentar mejorar esas situaciones? ¿O acaso los oirán como quien oye llover y seguirán con su estrategia de «dime lo que quieras, que yo me opongo»?