En contra de lo que probablemente pensará cualquiera que tenga la cabeza en su sitio y un poco de sentido común, en España se cometen cada año más delitos de odio contra personas que tienen alguna discapacidad física o psíquica. Hay que ser muy miserable para agredir de una u otra manera a quien precisamente necesita más protección que el resto de la ciudadanía, pero las estadísticas demuestran que en la sociedad actual viven miserables que actúan contra esas personas.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha dado la voz de alarma, una vez más. En su Informe Anual correspondiente a 2017, que ha presentado en el Congreso de los Diputados, lo deja bien claro: según los últimos datos oficiales conocidos, los delitos de odio cometidos contra personas con discapacidad aumentaron un 15,9% respecto al año anterior. Ese colectivo fue el que más sufrió este tipo de agresiones de entre todos los grupos sociales o personas que los suelen padecer: por su orientación sexual, raza, creencias religiosas…

La misma historia se repite en los últimos años. En 2015 se registraron 1.328 casos de delitos de odio y, de ellos, 226 se cometieron contra personas con discapacidad, un 13,6% más que en el año anterior. Fueron detenidas o imputadas 61 personas como presuntas autoras, pero en otros casos no se sabe quien los cometió.

La actuación policial

El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio del Interior que apruebe un protocolo específico, para que lo apliquen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando conozcan un caso de ese tipo e intervengan. Le han respondido que desde 2012 aplican la Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual, de la que van a imprimir una nueva edición que incorpora mejoras prácticas para atender con más eficacia a ese colectivo.

Tras conocer los datos aportados por el Defensor del Pueblo, la diputada de Izquierda Unida Isabel Salud, portavoz de esta federación en temas de discapacidad, ha pedido al Gobierno que explique qué medidas va a adoptar ante el aumento de los delitos de odio por motivos de discapacidad.

Izquierda Unida pregunta por las medidas a adoptar

También le ha solicitado que estudie la posibilidad de aprobar un protocolo específico para estos casos, tal y como ha planteado el Defensor del Pueblo. Y ha preguntado si, a la vista de que aumentan ese tipo de delitos, el Gobierno ha analizado qué grado de efectividad tiene la citada guía de intervención policial del año 2012.

El Gobierno tiene un plazo de 20 días para responder por escrito a las preguntas de la diputada Isabel Salud, prorrogable por 20 días más si existe un motivo justificado. Pero es bastante frecuente que incumpla ese plazo y tarde varios meses, incluso un año, en responder a lo que le plantean los diputados.

En este caso, el Gobierno debería tomarse el asunto muy en serio y responder sin demora. Todos los delitos son rechazables, pero los que se cometen contra las personas con discapacidad o contra los niños son especialmente repugnantes, y todo lo que se haga para combatirlos y condenar a quien los cometa siempre será poco.

El Código Penal vigente castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel y multa a quienes promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia hacia grupos o personas por los motivos citados, entre ellos tener alguna discapacidad física o psíquica. Seguramente cualquiera que tenga la cabeza en su sitio y un poco de sentido común estará de acuerdo con esas condenas para este tipo de delitos. Por eso, el Gobierno debe reforzar las medidas actualmente vigentes, para impedir que se cometan esos actos y para que ningún caso quede impune.