En 1971, Pedro Lazaga estrenó la película «Vente a Alemania, Pepe», protagonizada por José Sacristán y Alfredo Landa, que reflejaba las esperanzas y las frustraciones de los españoles que tuvieron que emigrar para buscarse la vida. En ella, Angelino (José Sacristán), vecino de un pueblo de Aragón que había logrado hacer fortuna en Alemania, regresó a su pueblo por vacaciones, en un flamante Mercedes, y no paraba de contar excelencias sobre aquel país y sus mujeres.
Pepe (Alfredo Landa), fascinado por las historias que contaba su amigo, decidió seguir sus pasos y también emigró a Alemania. Pero, como otros muchos, donde suponía que iba a disfrutar de días de vino y rosas se encontró con que para sobrevivir tenía que empezar a trabajar a las cinco de la madrugada limpiando cristales y, cuando llegaba la medianoche, seguía ocupado pegando carteles publicitarios.
LA OTRA CARA DE LA EMIGRACIÓN
Si Pedro Lazaga pudiera levantar la cabeza y volviera a dirigir ahora su «Vente a Alemania, Pepe», probablemente añadiría unas escenas finales: en ellas contaría que aquellos emigrantes, después de haber tenido que dejar su país, haber sufrido interminables jornadas de trabajo en las tareas que los habitantes de esos países no querían hacer, haber dormido hacinados con otros compatriotas, haberse sentido aislados por los problemas con el idioma y haber estado separados de su familia -no todos pasaron por esas circunstancias, pero muchos sí-, 20 ó 30 años después, ya de regreso en España, iban a sufrir la persecución de la Hacienda pública española con una sorprendente reclamación.
Esto es, exactamente, lo que les está ocurriendo a muchos miles de aquellos ciudadanos que, en las décadas de los años 50 y 60, se vieron obligados a emigrar a Alemania, Francia, Suiza y otros países para no morirse de hambre en el suyo, la España franquista. Cuando regresaron a su tierra, hace 20 ó 30 años, empezaron a cobrar la pensión que les enviaban desde esos países en los que habían trabajado. En la Hacienda pública española siempre les dijeron que aquí no tenían que incluir esos ingresos en su declaración anual del IRPF, porque ya habían cotizado en el extranjero cuando trabajaban allí. Pero ha llegado el ministro Cristóbal Montoro y, a través de la Agencia Tributaria, en los últimos meses les viene reclamando los impuestos de esas pensiones correspondientes a los últimos cinco años -los anteriores ya han prescrito, que si no…- más el consabido recargo por pagarlos fuera de plazo y una multa. Unos tienen que pagar 2.000 euros, otros 3.000, los hay que hasta 30.000 euros que no tienen pero que, ya se sabe, Hacienda no perdona.
RECAUDAR A COSTA DE LO QUE SEA
La mayor parte son andaluces, extremeños y gallegos, también castellanomanchegos, pero los hay de otras regiones. Y, en general, son personas de edad avanzada que, debido a la crisis económica, en muchos casos están ayudando a sus hijos y nietos a vivir. Pero al ministro Montoro y a la Agencia Tributaria les importan un bledo estos pequeños detalles: su objetivo es que paguen y, además, con recargo y multa. Recaudar, recaudar y recaudar, a costa de lo que sea.
Recurriendo al refranero, habría que decir que un disparate como éste no se le ocurre ni al que asó la manteca. Y, para resolverlo, lo único que se les ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda es decir que estudiarán cada caso individualizado y, para aquellos que tengan dificultades económicas, estudiarán fórmulas para que puedan fraccionarlo, según ha informado elpaís.com. ¡Qué generosidad! Montoro debe sentirse muy satisfecho.
La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Agader) ha anunciado que recurrirá judicialmente esta decisión y ha recomendado a los afectados que no paguen. Mientras tanto, habrá que esperar a ver si alguna cabeza con sentido común se da cuenta del disparate y lo soluciona, que bastantes problemas hay en España como para añadir uno más.