Los malos resultados que ha tenido el PP en las recientes elecciones andaluzas han provocado muchos nervios en este partido. Algunos dirigentes dicen que ese fracaso electoral se debe a que el Gobierno de Mariano Rajoy está haciendo las cosas bien pero que no sabe explicarlas. Vamos, que se trata de un problema de comunicación con la ciudadanía.
Nadie puede negar que, cuando algo se explica mal, los ciudadanos lo entienden peor que si se explica bien y se actúa con total transparencia. Y el Gobierno y el PP no son precisamente un modelo de buena comunicación y de transparencia.
Una mala comunicación del trabajo realizado puede haber influido en los electores, pero no es lo único que justifica la pérdida de votos: el PP también ha perdido votos, entre otros motivos, porque los electores andaluces están padeciendo, como el resto de los españoles, las duras medidas que ha adoptado el Gobierno de Rajoy. Ya nos han dicho y repetido, y lo sabemos bien, que ha tenido que adoptarlas porque Zapatero dejó este país hecho unos zorros, pero la ciudadanía pide soluciones a quien gobierna, no al Ejecutivo anterior; y desde hace casi cuatro años gobierna Mariano Rajoy y el PP, no Zapatero, a quien la ciudadanía ya castigó en las urnas.
TEMOR A PERDER MÁS VOTOS
Tan malos resultados -el PP ganó en 2011 las elecciones en Andalucía con Javier Arenas a la cabeza, aunque no pudo gobernar por el pacto PSOE-IU, y ahora las ha perdido con rotundidad- han provocado muchos nervios entre los dirigentes de ese partido, que temen otro batacazo en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo.
Para calmarlos, y sabiendo que quedan solo siete semanas para reaccionar, Rajoy ha convocado para después de Semana Santa a los 600 integrantes de la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano del partido entre congresos, con el fin de analizar la situación, calmar los ánimos y anunciar alguna medida con la que puedan recuperar votos.
No se esperan grandes cambios, porque el presidente del Gobierno y del PP no es amigo de hacerlos, y menos cuando faltan siete u ocho meses para las elecciones generales, pero sí es previsible que anuncie alguna medida de carácter social para animar a su partido y a los votantes. Habrá que esperar, porque ya se sabe que, en época preelectoral, los gobernantes son muy dados a decir o hacer lo que no han hecho antes durante su mandato.
LA CULPA ES DE…
Otros no atribuyen sus desgracias a un problema de comunicación, pero sí buscan otros responsables. El principal acusado en el primer juicio de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha dicho ahora por vez primera, seis años después de que comenzara la investigación, que este caso es un «montaje político» que se preparó desde el despacho del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cuando éste era ministro del Interior. El tribunal no le ha hecho caso pero, si eso fuera así, ¿por qué no lo denunció antes?
Cualquier persona acusada de cometer un delito tiene derecho a utilizar todos los recursos y argumentos legales a su alcance para defenderse. Pero en ocasiones hay quien da un paso más y cae en el fraude procesal, que está castigado en la ley, o en el ridículo.
En España somos muy dados a culpar a otros, o a supuestos montajes, de lo que es únicamente responsabilidad nuestra. En tiempos de Franco, durante la dictadura, desde los sectores más ultraderechistas se hablaba de la conspiración o el contubernio judeo-masónico-comunista para criminalizar a todo lo que oliera a ideología de izquierdas y a democracia. Lo consideraban el peor peligro posible: una supuesta alianza secreta entre los judíos, la masonería y el comunismo para controlar el mundo entero. Era una manera de intentar justificar los desmanes cometidos desde el poder para mantenerse en él, con el pretexto de salvar a España de los enemigos extranjeros.
MATAR AL MENSAJERO
En la época actual no se habla de esa conspiración, porque sonaría a broma, pero se utilizan otras prácticas para no asumir responsabilidades. Una es la ya citada del problema de comunicación. Otra, muy frecuente, es la de matar al mensajero, que consiste en culpar a los medios de comunicación de difundir una noticia que perjudica a una persona.
Cuando se publican esas informaciones, sobre todo las referidas a casos de corrupción, lo que realmente importa no es saber por qué motivo un medio de comunicación difunde una noticia determinada en un momento concreto o de qué manera la ha conseguido. No. Lo importante de verdad es averiguar si la persona afectada por esa noticia ha cometido la acción irregular o delictiva que le atribuyen en ella. Eso es lo que hacen los jueces, aunque tarden mucho.
En ese juicio de la trama Gürtel, que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, hay 13 personas -entre ellas, dos ex consejeras del PP en el Gobierno de esa comunidad- acusadas de participar en amañar concursos públicos para adjudicar a determinadas empresas los contratos para la participación de la Generalitat valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y en otros certámenes similares. Presuntamente lo hicieron entre 2005 y 2009, por un importe de cinco millones de euros.
Eso es lo que la Justicia debe esclarecer, aunque sea con mucho retraso porque han transcurrido seis años desde que se inició este caso. Habrá que esperar un poco más, porque el tribunal ha suspendido el juicio hasta junio, para que los abogados defensores tengan tiempo para estudiar los miles de folios de esta causa y no puedan alegar indefensión.
Un problema de comunicación, una conspiración extraña, la culpa del mensajero… Cualquier excusa vale para achacar a otros lo que es responsabilidad nuestra. Afortunadamente, esas excusas no siempre triunfan. Lo importante, en todos los casos, es que quien sea culpable pague su responsabilidad, penal o política, y quien sea inocente quede libre de toda sospecha. ¿Demasiado ingenuo? Quizá, pero de ilusión también se vive.