Si se llega a demostrar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos interceptaron y registraron más de 60 millones de llamadas telefónicas en España sólo en diciembre pasado -no el contenido de cada conversación, pero sí a qué número se llamaba y cuánto tiempo duraba-, será un hecho muy grave. Si se prueba que ese «trabajo» lo hicieron agentes españoles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque habían firmado un documento de colaboración con sus colegas estadounidenses, como han afirmado allí, será una intervención de igual gravedad. O incluso más. Y, por unos o por otros, el más indefenso será el ciudadano, como casi siempre.
Tras el escándalo que ha levantado la noticia de que los espías estadounidenses presuntamente han controlado incluso a la mujer más poderosa de Europa, su aliada y canciller alemana Angela Merkel, se une ahora que España, otro país aliado y que ha prestado su territorio para las bases de la OTAN, también ha sufrido un control masivo de las llamadas telefónicas que hacen sus ciudadanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
AUNQUE LA VISTAN DE SEDA…
El Gobierno de Barack Obama puede vestir a la mona de seda pero, como dice con toda claridad el refranero español, «mona se queda» y seguirá siendo una mona. EEUU puede encabezar un documento secreto de sus servicios de inteligencia con el rimbombante título de Compartiendo información de computación y criptología operacional con compañeros extranjeros que, según el ex analista informático de la NSA Edward Snowden -el que dejó su trabajo, abandonó Estados Unidos y está filtrando a varios periódicos del mundo documentos que supuestamente prueban las numerosas actuaciones presuntamente ilegales de ese servicio de inteligencia-, es como se denomina ese documento de colaboración entre la NSA y otros países; en cristiano, eso quiere decir que los servicios de espionaje españoles han ayudado a los de Estados Unidos en la tarea de controlar a quién telefonean millones de ciudadanos y cuánto tiempo hablan con esas personas. Incluso es posible que los espías de aquí hayan realizado ese trabajo por encargo de los de allí, los del otro lado del océano Atlántico.
La lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas es mucho más eficaz cuando los países colaboran y con ella se justifican muchas cosas, pero hay límites que no se deben traspasar: invadir la intimidad personal sin autorización de un juez, como parece que ha ocurrido en este caso, es uno de esos límites. ¿Qué le importa a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense o al Centro Nacional de Inteligencia español con quién habla una persona por teléfono y durante cuánto tiempo, si no es cuando se sospecha que ha cometido o va a cometer un delito y un juez autoriza que sea controlado su teléfono?
LA CARA DURA DE EEUU
Si malo es que se hayan controlado más de 60 millones de llamadas telefónicas en un mes, peor son las explicaciones nada convincentes que han ofrecido desde el país más poderoso del mundo. Allí han argumentado, como intento de justificar su espionaje a gran escala, que Estados Unidos necesita protegerse del terrorismo y que, por ese motivo, todo lo que hagan está justificado; incluso irrumpir en la intimidad de millones de ciudadanos que se dedican a trabajar o sufren el paro y no tienen ninguna relación con el terrorismo ni con nada que se le parezca.
En España, interceptar las comunicaciones telefónicas, el correo postal o electrónico es un delito que el Código Penal castiga con penas de entre uno y cuatro años de cárcel más una multa. Por eso la Fiscalía General del Estado ha decidido abrir una investigación para ver si existen indicios de que se ha cometido un delito y, en ese caso, perseguirlo penalmente donde corresponda, como ya han pedido algunos partidos de la oposición.
Las autoridades alemanas han amenazado con expulsar del país a diplomáticos de Estados Unidos si se demuestra que han violado las leyes germanas para controlar las llamadas telefónicas de la canciller y de miles de ciudadanos. En Francia también han puesto el grito en el cielo. El Gobierno español se ha sumado a los que dicen que, de ser ciertos, los hechos serían muy graves y se «rompería la confianza» entre los dos países, pero se ha mostrado muy prudente hasta que se esclarezca lo ocurrido. La prudencia siempre es buena consejera, pero no está reñida con la contundencia en la respuesta ni con la exigencia de responsabilidades, como reclama la oposición. Habrá que esperar.
¿Y SI TIENE RAZÓN EEUU?
Si se demuestra que Estados Unidos ha llevado a cabo estos controles masivos de llamadas telefónicas en media Europa, será una prueba más de que el país de Barack Obama lleva hasta sus últimas consecuencias ser el más poderoso del mundo, y lo mismo entra ilegalmente en otros países para liberar a sus ciudadanos secuestrados que interroga y tortura en vuelos de la CIA sin cumplir las normas internacionales de aviación o mantiene centros de detención como el de Guantánamo, situado en su base naval en Cuba, donde internos acusados de terrorismo se hacinan sin haber sido juzgados, en condiciones infrahumanas propias del tercer mundo y no de una democracia avanzada como es la estadounidense.
Dicho todo esto, hay que añadir que el director de la NSA, el general Keith Alexander, ha negado todas las acusaciones y ha dicho en el Congreso de EEUU que ellos no han llevado a cabo ese espionaje masivo de llamadas telefónicas en España, Francia e Italia, sino que ese trabajo lo han realizado los servicios de inteligencia de estos países y después han compartido los datos con sus colegas estadounidenses, «en defensa de nuestros países y en apoyo de nuestras operaciones militares», porque son aliados en la OTAN.
Si el general Alexander tuviera razón -los especialistas en estos asuntos dan poca credibilidad a sus palabras-, los medios de comunicación españoles se habrían «columpiado» de manera espectacular, como se dice en el argot periodístico, al dar credibilidad a unos documentos mal interpretados, y las explicaciones habría que pedírselas al Gobierno español. Por eso es importante que el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, vaya a comparecer próximamente ante la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, como ha anunciado, para aportar todos los datos que tenga sobre este episodio.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ha difundido un vídeo en las redes sociales, en el que, con dibujos, defiende las excelencias del trasvase, dice que ha mejorado sensiblemente la riqueza agrícola de Murcia, Alicante y una zona de Almería, que beneficia a 80.000 regantes y que ha incrementado las exportaciones.
Se les ha olvidado explicar que eso es a costa de dejar en un estado lamentable el río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha, una comunidad en la que el agua no sobra. El Gobierno de María Dolores de Cospedal debería responder, para que se conozca la realidad de la situación. Bastará con que dé a conocer fotografías del Tajo y de los cultivos de la región.