Agustín Yanel
A muchos gobernantes no les gusta que los medios de comunicación públicos sean independientes de verdad y puedan criticar con total normalidad sus decisiones, cuando son criticables. Por eso intentan controlarlos, aunque lo nieguen; parece que ese es uno de sus principales objetivos. Y para impedir ese control es necesario garantizar por ley la independencia, libertad informativa y servicio público de calidad de esos medios.
La actual Televisión Española (TVE) es un buen ejemplo de ese control, que el Gobierno niega siempre pero que los trabajadores de esa cadena viven a diario. Ese control se ejerce nombrando a determinados directivos o responsables de programas por afinidad ideológica al Gobierno, manipulando informaciones por intereses partidistas y en contra de los más elementales criterios periodísticos, ignorando o minimizando noticias que son negativas para el Ejecutivo y abriendo los espacios informativos con otras que le benefician…
La lista de manipulaciones y ataques a la independencia es extensa, tal y como denuncia habitualmente en sus comunicados el Comité de Informativos de TVE. Y eso mismo ocurre en varias televisiones públicas de las comunidades autónomas, en algunas incluso con más intensidad.
LA ETAPA DE ZAPATERO
La mejor etapa de RTVE, cuando fue más independiente de presiones gubernamentales, tuvo más prestigio y consiguió premios y más audiencia, fue durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo cosas mal pero otras bien. Después llegó el PP al Gobierno y no solo modificó la ley, para que el presidente de RTVE pueda ser elegido únicamente con los votos de los diputados de ese partido y sin necesidad de consenso con los demás, sino que llevó a la televisión pública estatal a una de sus peores épocas en cuanto al control de la información se refiere.
Ahora, una vez que se ha constituido el Gobierno, después de dos elecciones generales y 10 meses perdidos, todos los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados deberían tomarse en serio el derecho constitucional de la ciudadanía a la información y la comunicación, y aprobar leyes que garanticen la independencia de los medios de comunicación públicos.
El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una proposición de ley para modificar el sistema de elección del presidente de RTVE y volver al anterior, que obliga a los partidos a consensuar ese nombramiento. Es una iniciativa positiva, pero no es suficiente, tienen que replantearse una reforma a fondo de esa corporación para que pueda desempeñar su función de servicio público con independencia plena, calidad y financiación suficiente.
UNA PRÁCTICA MUY EXTENDIDA
España no es una excepción en el control de los medios de comunicación públicos por parte del Gobierno, se trata de una práctica muy extendida por todo el mundo. Al primer ministro de Israel, el conservador Benjamín Netanyahu, no le gustan los directivos y periodistas que han sido nombrados para dirigir la nueva Corporación Pública de Radiotelevisión, porque los considera de izquierdas y contrarios a su Gobierno. Y, como no le gustan, está maniobrando para abortar el nacimiento de esa cadena, pese a que fue él quien la impulsó hace un par de años para modernizar la histórica radiotelevisión estatal israelí.
Lo ha contado El País. Netanyahu pretende nada menos que derogar total o parcialmente la ley que regula la nueva radiotelevisión pública -que está preparada para iniciar sus emisiones el próximo enero-, antes de empezar a aplicarla, lo que implicaría despedir al presidente, director, técnicos y periodistas que ya han sido contratados. Un dato: el primer ministro israelí también tiene las competencias de la cartera de Comunicación, que supervisa el sector audiovisual.
PERIODISTAS ACUSADOS DE TERRORISMO
Mucho más grave es la situación en Turquía, cuyo presidente, Recep Tayyip Erdogan, lleva a cabo una auténtica cruzada contra los periodistas y los medios de comunicación que son críticos con su Gobierno. Tras el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio -que se saldó con más de 200 muertos y varios miles de heridos-, lo primero que hizo Erdogan fue ordenar la detención de decenas de miles de jueces, fiscales, profesores, militares y, cómo no, periodistas de la televisión pública estatal y de otros medios.
Hace unos días la policía turca detuvo a 16 periodistas del prestigioso diario de centroizquierda Cumhuriyet, cuya línea editorial es crítica con el Gobierno. Estos informadores, como los demás detenidos, han sido acusados de terrorismo porque, según la Fiscalía, presuntamente colaboran con la guerrilla kurda y con el clérigo Fethullah Güllen, que vive exiliado en Estados Unidos y a quien Erdogan acusa de haber organizado el intento de golpe de Estado contra él.
La televisión es un medio de comunicación con tanta influencia en la ciudadanía que muchos gobernantes quieren controlarla en su favor, cueste lo que cueste. La situación de la cadena pública en España no es comparable a los dos ejemplos citados, claro que no, pero es igualmente grave. Cualquier manera de atentar contra el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía es un ataque a la democracia, una herida más. El nuevo Parlamento español tiene en sus manos la posibilidad de curar esas heridas.