Agustín Yanel
Controlar las televisiones públicas y, en lo que puedan, presionar a las cadenas privadas es una tentación en la que caen los gobiernos, tanto de derecha como progresistas. Unos más que otros, sí, pero todos -con la excepción de la segunda legislatura de Zapatero- intentan influir para que la información que difunden les favorezca. Siempre proclaman que defienden y respetan la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, pero cuando llegan al poder sustituyen en su particular diccionario las palabras defensa y respeto por otra: control.
El Partido Popular de Murcia, donde gobierna Fernando López Miras con el apoyo de Vox, acaba de demostrarlo una vez más: ha propuesto para ser director general de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) a Juan Antonio de Heras, un periodista y abogado que durante cuatro años fue el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno que presidió Ramón Luis Valcárcel y durante otros cuatro años jefe de gabinete en varias consejerías.
El PP ha justificado su propuesta en que tiene una dilatada experiencia en el mundo de la comunicación. Pero alguien con una trayectoria tan vinculada a un partido político como Juan Antonio de Heras no es la persona más adecuada para estar al frente de la radiotelevisión pública, aunque no le falten méritos periodísticos.
Ser independiente de los partidos políticos y, además, parecerlo
Los jueces tienen que ser imparciales, según las leyes, pero no solo eso: también deben tener apariencia de imparcialidad porque está en juego la confianza que la ciudadanía tenga en la Justicia. Si les falta esa apariencia, deben abstenerse o pueden ser recusados para que no intervengan en un pleito.
¿Por qué no exigir a quien va a dirigir una radiotelevisión pública que, además de sus méritos en gestión empresarial, sea independiente de partidos políticos y también tenga apariencia de esa independencia? Porque, al ser un medio de comunicación que puede influir tanto en la opinión pública, está en juego el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y de calidad. Si los altos directivos de esas empresas fueran elegidos por concurso público de méritos, como reclama la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones, las radiotelevisiones públicas ganarían en credibilidad y la ciudadanía confiaría más en la información que trasmiten.
Con Juan Antonio de Heras al frente de la RTRM, ¿van a permitir a sus profesionales que una noticia que perjudique al Gobierno de Murcia, o a su presidente, o a los intereses del PP o de Vox sea emitida con la independencia e imparcialidad que corresponde en una democracia? Lo que se ha visto desde hace décadas en la radiotelevisión pública estatal y en las autonómicas permite afirmar que eso no ocurriría.
Colocar a personas afines al partido en los puestos clave
Este es el último caso hasta ahora, pero no el único en que un gobierno coloca en un puesto clave a una persona afín a sus intereses al frente de una radiotelevisión pública. El Gobierno que preside López Miras ha propuesto ese nombre porque tiene asegurado que la Asamblea de Murcia lo elegirá, ya que el PP tiene 21 escaños y el apoyo de los 9 de Vox, frente a 13 del PSOE y dos de Podemos-Izquierda Unida-Verdes Alianza Verde.
El 15 de noviembre de 2020 -disculpen la autocita- esta columna se tituló «Señores políticos, ¡dejen en paz a las televisiones públicas!«. Tres años después no se ha avanzado nada y lo que se decía entonces sigue teniendo plena validez. Por ejemplo:
- «En contra de lo que se esperaba del primer Gobierno de coalición progresista, el PSOE y Unidas Podemos no quieren dejar a RTVE exclusivamente en manos de sus profesionales, sino que intentan controlarla y poner a personas de su confianza en los puestos clave».
- «La Generalitat de Catalunya ha convertido a la televisión TV3 en el más descarado, vergonzoso y generosamente subvencionado aparato de propaganda del independentismo, en el que los partidos del Gobierno autonómico se reparten los cargos directivos sin ningún pudor».
- «La televisión andaluza Canal Sur y la Televisión de Galicia (TVG), entre otras, tampoco se quedan atrás en esa lamentable y nada democrática práctica de estar controladas por el poder político.»
Ningún partido político quiere dejar de controlar esos medios de comunicación públicos cuando gobierna, con la ya citada excepción de una legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y alguna más. Pero cuando están en la oposición tienen la desvergüenza de criticar la injerencia y manipulación del partido gobernante en esos medios, aunque ellos hagan lo mismo o peor donde gobiernan. Por eso, con pocas esperanzas de que hagan caso, hay que repetirlo hasta la saciedad: Señores políticos, ¡dejen en paz a las televisiones públicas! Por respeto a la ciudadanía y a su derecho constitucional a la información.