Otro miembro del Gobierno reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados. En este caso ha sido Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Es la quinta integrante del Consejo de Ministros reprobada en la actual legislatura, pero a ella y a su partido les da igual porque no asumen ninguna responsabilidad, aunque esa Cámara apruebe mayoritariamente mostrar su rechazo hacia el trabajo de un ministro, y continúan en su cargo como si no hubiera ocurrido nada.

La ministra Montserrat ha sido reprobada por su gestión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé llevar a cabo 213 medidas aprobadas por el Congreso en septiembre pasado. El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha planteado su reprobación porque no ha puesto en marcha esas medidas, pese a que ya han transcurrido ocho meses, y tampoco ha implantado las políticas de igualdad que ha ido anunciando el Gobierno.

Poco dinero contra la violencia de género

El Gobierno se comprometió en su día a financiar ese Pacto con 200 millones de euros, de los que 80 irían destinados a medidas de ámbito estatal, 100 a las comunidades autónomas y 20 a los ayuntamientos. Pero en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que presentó en el Congreso solo preveía la partida de 80 millones de euros. Tras las manifestaciones y protestas de todas las organizaciones feministas, el Gobierno y el PP rectificaron y aprobaron la propuesta que presentó la diputada del PSOE Ángeles Álvarez de incluir 200 millones en las cuentas públicas, y todos los grupos parlamentarios la aprobaron.

El día 30 de mayo, en el pleno del Congreso, votaron contra la ministra Dolors Montserrat -es decir, a favor de su reprobación- 167 diputados (PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y Grupo Mixto) y en defensa de ella 133 (PP, UPN y Foro Asturias). Ciudadanos y el PNV se abstuvieron.

No importa cuál sea el motivo de ésta o de las anteriores reprobaciones, ni tampoco cuál sea el resultado de las votaciones, porque en estos casos Mariano Rajoy no adopta ninguna medida pese a recibir ese varapalo parlamentario. En el año y medio transcurrido de la actual legislatura el Congreso ha reprobado a otros cuatro ministros y todos continúan en sus cargos: Juan Ignacio Zoido, en Interior; Rafael Catalá, en Justicia; Cristóbal Montoro, en Hacienda, y Alfonso Dastis, en Asuntos Exteriores, este último reprobado en dos ocasiones.

En medio de tanta información, debates y comentarios como ha habido en los últimos días en torno a  la moción de censura presentada por el PSOE, para intentar desalojar a Rajoy de la Presidencia del Gobierno, es posible que para muchas personas haya pasado desapercibida la reprobación de la ministra Dolors Montserrat. Pero tiene importancia, como la tienen las de los otros cuatro ministros citados, porque significa que el Congreso, que es el órgano constitucional encargado de controlar la acción del Gobierno, dice que un ministro no está haciendo bien el trabajo que le han encomendado. Y ya lo ha dicho de cinco de las 13 que integran el gabinete de Rajoy.

La mala práctica de rechazar las críticas

En cualquier organización o empresa privada una crítica tan dura como ese rechazo parlamentario tendría consecuencias: los responsables adoptarían medidas para corregir la mala gestión de la persona afectada o, dependiendo de la gravedad de su actuación, incluso podría ser despedida. En el Gobierno de Rajoy es imposible que ocurra algo parecido a eso, porque el presidente no cambia ni siquiera a los ministros más rechazados por la ciudadanía o por el Congreso y, además, porque su grupo parlamentario siempre niega las críticas que recibe desde la oposición.

Como prueba, otra más, de que el PP no asume las críticas basta recordar lo que dijo la diputada María Dolores Alba Mullor durante el debate de la reprobación de Dolors Montserrat. Afirmó que es «la ministra más comprometida con la igualdad y la lucha contra la violencia de género» y añadió que ya han llevado a cabo el 18 por 100 de las medidas acordadas y otras están en iniciadas. Después de pronunciar esas palabras, ¿qué pensarían ella y su grupo cuando, al votar, la mayoría del Congreso aprobó reprobar a la ministra?

En el Gobierno y el PP llevan varios días diciendo que la moción de censura presentada por el PSOE es una irresponsabilidad, pese a que es una iniciativa prevista en la Constitución. Después de la sentencia que condena la trama de corrupción del caso Gürtel, ¿de verdad creen que no hay motivos para intentar destituir, con una iniciativa constitucional, a un Gobierno que tiene a cinco de sus 13 ministros reprobados por el Congreso?

Pase lo que pase con esa moción de censura, las cinco reprobaciones citadas son un motivo más para justificar la iniciativa del PSOE. Pero con estas reprobaciones ocurre lo mismo que con las proposiciones no de ley: los grupos parlamentarios las presentan y, en ellas, instan al Gobierno a hacer algo sobre un asunto concreto, pero muchas de ellas, aunque son aprobadas por el Congreso, no sirven para nada porque después no son cumplidas por el Ejecutivo.

El Congreso de los Diputados debería modificar su Reglamento para que sus acuerdos -ya sean reprobaciones de ministros, proposiciones no de ley u otras iniciativas- se ejecuten y tengan las consecuencias que correspondan en cada caso. Pero, con la que está cayendo en el panorama político español, no es nada probable que ningún grupo parlamentario quiera abrir ahora ese debate. Los hay que están más dedicados a sus asuntos, a sus intereses partidistas.