Todas las personas que cometen un delito, el que sea, merecen que caiga sobre ellas la condena que establece la ley. Pero cuando el delito lo cometen contra los más débiles -ancianos, niños o personas con alguna minusvalía física o mental-, el castigo debe ser el máximo que permita el Código Penal.
De vez en cuando salen a la luz noticias sobre residencias de ancianos ilegales, que funcionan sin las condiciones necesarias para alojar a personas de la tercera edad y carecen de personal con la preparación adecuada para atenderlas. El último caso, según una información de la agencia Efe, ha sido descubierto en Castalla, una localidad del interior de la provincia de Alicante de unos 10.000 habitantes.
El martes 9 de agosto, la Guardia Civil ha detenido allí a un matrimonio británico y a sus tres hijos, acusados de regentar desde hace ocho años una residencia ilegal de ancianos a los que cobraban 500 euros semanales. Para captar clientes, a quien les llevaba un anciano le gratificaban con 500 euros.
SIN EXTINTORES NI PERSONAL CUALIFICADO
La supuesta residencia era una vivienda unifamiliar que no estaba acondicionada para ese fin: no había extintores ni puertas de emergencia ni los obligados planes de evacuación; tampoco disponía de aseos adaptados; la habitación de uno de los ancianos era un almacén anexo al edificio, donde los dueños guardaban material sanitario, muebles y maquinaria; las tres personas que trabajaban con la familia no tenían contrato ni Seguridad Social ni tampoco la formación necesaria para desempeñar esas tareas, pese a lo cual administraban medicación a los residentes; la alimentación no era la adecuada; había suciedad; el espacio era insuficiente…
En esas condiciones, no hace falta decir que las tres personas empleadas cobraban en metálico para que no quedara rastro y nadie pagaba impuestos, ni esos trabajadores ni los dueños del negocio. El matrimonio y los tres hijos han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de intrusismo profesional, estafa, contra la salud pública y pertenencia a una banda de delincuencia organizada.
Cuando el Congreso de los Diputados empiece de nuevo a trabajar -si es que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera son capaces de ponerse de acuerdo para que sea investido un presidente que elija al nuevo Gobierno- debería incluir en su lista de tareas urgentes la de adoptar medidas para mejorar la inspección en las residencias de ancianos, con el fin de clausurar las que son ilegales y hacer que todas cumplan las normas exigidas para poder desarrollar esa actividad.
FRAUDE EN LA HOSTELERÍA
Y hablando de inspecciones, el futuro Gobierno y el Parlamento deberían incrementar los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo, para sancionar como se merecen a quienes contratan a trabajadores en condiciones ilegales, en distintos sectores.
Un sector que merece una vigilancia especial es el de la hostelería. Hay muchos bares, cafeterías y restaurantes cuyo personal está contratado como establecen las leyes, pero también hay muchos camareros que tienen un contrato de dos o tres horas diarias pero trabajan seis u ocho. Esos contratos también cuentan para que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presuma cada mes de la reducción del número de desempleados, pero debería pensar en la excesiva temporalidad y en la lamentable precariedad de muchos contratos.