Un diputado de Vox en el Parlamento andaluz ha llamado «buscadores de huesos» a quienes solo quieren encontrar los restos de sus familiares, enterrados en cunetas de carreteras desde la Guerra Civil, para poder enterrarlos con dignidad. Una candidata a diputada del PP por Barcelona dice que lo que ocurre en Cataluña es más grave que el intento de golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981. Un partido que rechaza la reforma laboral que abarató el despido y quiere derogarla, Podemos, ha despedido a 11 trabajadores de su plantilla con la indemnización mínima que establece esa legislación y sin mejorarla. Y etcétera, etcétera, etcétera.

Hubo un tiempo en que los políticos -salvo excepciones que siempre existen- se tomaban en serio su participación en la vida pública, con el objetivo bien claro de servir a la ciudadanía para mejorar su vida diaria. Ahora parece que eso ya no se lleva y que ocurre lo contrario, que la excepción son, precisamente, los que intentan desempeñar correctamente su función de servidores públicos. A juzgar por lo que se ve, lee o escucha a diario, acentuado durante la precampaña electoral, hay políticos que prefieren vivir de ocurrencias, exabruptos, falsedades, provocaciones, payasadas y numeritos de todo tipo y condición. No todas las personas que se dedican a la necesaria actividad de la política son así, por suerte, pero las de esas características cada vez abundan más.

Los «buscadores de huesos»

El 21 de marzo, jueves, en el pleno del Parlamento de Andalucía se debatía una moción del PSOE sobre la Memoria Histórica. Benito Morillo Alejo, uno de los 12 diputados de Vox en esa Cámara, encendió los ánimos de sus señorías cuando dijo que los «buscadores de huesos» y «estrategas del revanchismo» deberían cavar también en «lugares donde fueron asesinados y enterrados cientos de españoles a manos de las milicias del frente popular». Y acusó al «sectarismo de la izquierda» de los años 30 de haber introducido en la sociedad el germen que originó la guerra, una curiosa interpretación del golpe de Estado que capitaneó Francisco Franco. La bronca estaba servida. Y la hubo.

Cayetana Álvarez de Toledo, el fichaje de Pablo Casado para encabezar la candidatura del PP por Barcelona al Congreso de los Diputados, ha vuelto a la primera línea de la vida política (ya fue diputada entre 2008 y 2015) como elefante que entra en una cacharrería. Ha dicho que lo que sucede en Cataluña con los independentistas es más grave que el intento de golpe de Estado de 1981, y que España sólo podrá vivir unida y en democracia con un Gobierno del PP. ¿Pero la esencia de la democracia representativa no es, precisamente, la existencia de distintos partidos políticos para que gobierne quien más respaldo reciba de la ciudadanía en unas elecciones libres?

Fernando Paz iba a ser el cabeza de lista de Vox por Albacete al Congreso, pero ha levantado tanta polémica con sus declaraciones que ese partido ha decidido no presentarle y él ha renunciado. Como en esta época de internet es imposible ocultar nada del pasado, aunque sea de hace muchos años, se ha sabido que este tertuliano de Intereconomía ha dicho y escrito comentarios ofensivos hacia los homosexuales (para él, unos enfermos que hay que curar); ha negado que existiera el Holocausto con el asesinato de unos seis millones de judíos, sino que fueron asesinados sobre todo por los pueblos eslavos de la zona o murieron por el hacinamiento y las enfermedades en los campos de concentración, no por cámaras de gas. Y así.

La última payasada del presidente de Cataluña

Si hablamos de protagonistas de payasadas, hay que colocar en un lugar destacado a Quim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya. La Junta Electoral Central le ha dicho que en precampaña y campaña electoral no puede mantener los polémicos lazos amarillos en los edificios públicos de Cataluña, porque la ley obliga a los poderes públicos a mantener neutralidad en esas épocas, y le ha ordenado quitarlos. Pero el president debe hacer pensado que los integrantes de esa Junta Electoral (ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos de Derecho Penal o Ciencias Políticas y Sociología) son tontos y podía tomarlos el pelo, y que también lo son el Gobierno, todos los partidos políticos menos los independentistas y toda la ciudadanía excepto sus seguidores: sustituyó esos lazos por otros de color blanco, mantuvo los carteles pidiendo la libertad para los políticos catalanes que están siendo juzgados y, tras hacerlo, comunicó oficialmente a la Junta Electoral que ya había cumplido su mandato.

Esa maniobra no ha colado y la Junta Electoral Central le ha obligado a retirar los lazos blancos con los que sustituyó a los amarillos. Ahora puede ser multado y, si la Fiscalía considera que ha cometido un delito de desobediencia, incluso inhabilitado durante un tiempo para presidir el Gobierno catalán.

Podemos, el partido que lidera Pablo Iglesias, ha despedido a 11 personas que trabajaban en la Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político que llevaba Íñigo Errejón. Han justificado estos despidos en «causas organizativas y económicas», porque ahora, con las Cortes disueltas por la convocatoria de elecciones, perciben menos asignaciones y deben reducir los gastos.

Podemos aplica la reforma laboral que critica

Esas 11 personas han sido despedidas con la indemnización mínima que establece la reforma del mercado laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy: 20 días de salario por cada año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Pero resulta que Podemos, como los demás partidos de la oposición y también los sindicatos, siempre ha estado en contra de esa modificación de la ley y pretendía que fuera derogada por el Congreso. Ahora, en vez de ser coherentes con su postura y negociar con los representantes de esos trabajadores una indemnización más elevada, o la posibilidad de recolocarlos en otros departamentos, han hecho lo que siempre han criticado. ¡Ah, bueno, es que esas personas son próximas a Errejón, y ya se sabe que éste es ahora como el enemigo!

Lo dicho: hubo tiempo en que la gran mayoría de los políticos se tomaban su actividad en serio, pero ahora cada vez hay más políticos que no practican esa norma. La única solución es que la ciudadanía sí se tome en serio su papel el próximo 28 de abril, en las elecciones generales, y el 26 de mayo en las municipales, autonómicas y europeas.