No haría falta decir que el periodismo atraviesa en España por uno de sus peores momentos desde que este país recuperó las libertades, porque la ciudadanía lo comprueba y lo padece a diario. Pero conviene decirlo, y repetirlo con cierta frecuencia, porque los males que padece esta profesión suponen en la práctica un debilitamiento de nuestra democracia. Los hechos, irrefutables, lo acreditan.
En los países que disfrutan de una democracia asentada y con solera, donde el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural es uno de sus pilares básicos, sería impensable que los espacios informativos de algunas televisiones públicas fueran sometidos a diario a una manipulación tan descarada y escandalosa -debida exclusivamente a intereses del gobierno de turno- como la que se puede ver a diario en TVE y en varias televisiones autonómicas. Aquí eso es posible y los ciudadanos lo aceptan con toda normalidad, como si fuera parte del paisaje.
LA TELEVISIÓN «BASURA»
Tampoco se aceptaría que algunas cadenas privadas de televisión no respetaran a diario los horarios protegidos para la infancia, por ejemplo por la tarde, y ofrecieran en ellos auténtica basura nociva para los niños. O que sobrepasaran con creces los minutos fijados en la ley para la publicidad, con el único coste de tener que pagar muy de vez en cuando una multa no demasiado elevada, sanción que afrontan gustosas porque ganan más dinero con ese tiempo extra de anuncios. Aquí sí es posible.
En democracias de ese tipo no se permitiría incumplir la ley al autorizar la concentración de empresas audiovisuales, hasta el punto de que un mismo grupo de comunicación controle la mayoría de la audiencia. Es decir, que el Gobierno –tanto del PP como del PSOE– se salte las normas al respecto cuando le interesa, favoreciendo a algún grupo concreto de comunicación. En España sí lo han hecho y lo hacen.
UN SERVICIO PÚBLICO
Las televisiones privadas, aunque a algunos no se lo parezca, son un servicio público que funciona gracias a una concesión del Gobierno con determinadas condiciones. Si no cumplen ese objetivo de servicio público -aunque sean empresas privadas- ni respetan las normas a las que se obligan cuando se presentan a la convocatoria, lo normal en las democracias asentadas sería que les fuera retirada la concesión. Pero en España no ocurre esto, sino todo lo contrario: no respetan las normas, no cumplen sus compromisos, transgreden las cláusulas del contrato de concesión… pero siguen emitiendo como si no pasara nada.
En los últimos días ha trascendido como supuesta noticia que en una escuela politécnica de una ciudad de Bélgica han empezado a utilizar dentro del aula pequeños aviones sin tripulación -los llamados «drones», que ha empleado Estados Unidos en algunas guerras para bombardear objetivos concretos y que tanta polémica han levantado-, dotados de una cámara fotográfica, para que los profesores vigilen durante los exámenes y eviten que los alumnos copien.
UNA NOTICIA FALSA
Distintos periódicos de todo el mundo, varios de ellos de información general considerados serios, se han hecho eco de esta supuesta noticia, así como decenas de páginas webs de todo tipo, sin hacer la mínima comprobación de que era cierta, por ejemplo una llamada telefónica a ese colegio, antes de difundirla.
Finalmente se ha sabido que la supuesta noticia ha sido simplemente una broma de un grupo de alumnos, que fabricaron ese pequeño aparato, lo pusieron en marcha, grabaron un vídeo con declaraciones de ellos y de sus profesores y lo colgaron en Internet. Como ha ocurrido en otras ocasiones, ha habido medios que lo han difundido sin hacer ninguna comprobación… y han metido la pata.
Ésta es otra prueba más de que el periodismo actual está seriamente herido, y no únicamente en España. Con el auge de Internet, uno de los grandes inventos de la Humanidad, hay informadores que tiran por la calle del medio, se fían de lo que ven en la Red y lo difunden sin realizar previamente la mínima comprobación de su veracidad, olvidándose de que una de las reglas de oro de esta profesión es que antes de divulgar una noticia hay que comprobar que es cierta. Y, pese a hacerlo, hay ocasiones en que nos equivocamos.
UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA
Los periodistas, como depositarios que somos del derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía, que no es nuestro, estamos obligados a contrastar las noticias. Y a ejercer con honestidad, diligencia y de la mejor manera nuestra profesión, ya sea en periódicos en papel, en Internet, en radio, televisión, páginas webs o en cualquier otro soporte.
Los ciudadanos, que son los auténticos dueños de ese derecho fundamental garantizado por la Constitución, tienen que exigir que eso se cumpla como se merecen. Tienen que exigirlo a los periodistas, pero también al Gobierno y al Parlamento para que regulen por ley, de una vez por todas ,una profesión que, en contra de lo que ocurre en los países de la Unión Europea y en otros muchos de todo el mundo, en España no está sometida a ninguna norma. Hay quien todavía opina que, como ocurría en tiempos de la Dictadura, la mejor ley de prensa es la que no existe. En aquellos años de censura y de férreo control gubernamental de la información, cuando decir algo molesto te podía llevar a la cárcel, sí era así; en un sistema democrático, no. Está sobradamente demostrado y no llevarlo a la práctica es un grave error.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y su Gobierno, se han implicado al máximo en dar a conocer los muchos actos convocados para 2014 en conmemoración del cuarto centenario de la muerte de El Greco.
La presentación del programa de actos en Madrid ha sido todo un éxito, con 400 personas que abarrotaron el auditorio del Museo del Prado. Han hecho bien en esforzarse, porque con el patrocinio de empresas privadas es posible que no cueste dinero, o cueste poco, a las arcas públicas, e incluso que se registren beneficios, y la calidad de los actos programados repercutirá de manera positiva en visitas turísticas. Soñemos: ¿algún día se pondrán de acuerdo el PP y el PSOE en otros asuntos importantes para la ciudadanía como lo han hecho en este caso?