Tan poco acostumbrados estamos en España a que un político dimita que, cuando alguno lo hace, siempre es noticia. Aunque sea un modesto concejal de un pequeño pueblo, sin apenas poder y sin capacidad para decidir sobre sus vecinos.
Algunos políticos se apresuran a pedir la dimisión de su adversario en cuanto leen una noticia que lo relaciona con un caso de corrupción. No exigen lo mismo cuando la persona afectada pertenece a su mismo partido: en este caso dicen que hay que esperar a que exista una decisión judicial firme en su contra.
Pues ni tanto ni tan calvo. No deberían precipitarse en pedir una dimisión sin tener más fundamento que una noticia periodística, pero tampoco deberían retrasarse en exigirla, afecte a su partido o a otro, cuando un juez ya ha imputado a alguien y ha adoptado medidas cautelares.
EXABRUPTOS EN INTERNET
En los últimos días han dimitido, por motivos bien distintos, dos concejalas socialistas en Galicia y el alcalde de Rivas Vaciamadrid (Madrid), de Izquierda Unida. La pregunta que se hacen muchos ciudadanos, y también militantes y dirigentes del PSOE, es ésta: ¿cuándo va a dimitir la ex ministra Magdalena Álvarez, una vez que su imputación en el caso de los ERE ha sido confirmada por la Audiencia de Sevilla y la juez ha embargado sus bienes y cuentas bancarias para cubrir la fianza?
Horas después de que el lunes 12 fuera asesinada a tiros Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, Susana Camiño, concejala del PSdeG en Vilagarcía de Arousa, escribió en Facebook este lamentable mensaje: «No quiero comentar, pero quien siembra vientos recoge tempestades». Después pidió disculpas públicamente, aclaró que no pretendía decir lo que muchos han deducido de esas palabras y ha dimitido. Ha hecho bien, porque en política los errores graves se deben pagar con el cargo y éste ha sido un error muy grave.
Su compañera de partido Beatriz Martínez Sancho, concejala en Meis (Pontevedra), aprovechó ese crimen para advertir al presidente de la Diputación de su provincia, Rafael Louzán, del PP: «Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Tiembla Louzán que la gente anda muy desesperada y los sinvergüenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando…», le advirtió en las redes sociales. También ha dimitido, como procedía tras escribir ese exabrupto.
Por motivos bien distintos, el 14 de mayo dimitió José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid (Madrid), de Izquierda Unida. A pesar de su reconocimiento por los ciudadanos, de haber convertido esa ciudad de 81.000 habitantes en un modelo de buena gestión y de servicios públicos eficaces que es la envidia incluso del PSOE y del PP, ha decidido dejar el cargo harto de las peleas internas en IU de esa localidad y de su enfrentamiento permanente con el coordinador local de su formación política.
RESISTIR CONTRA VIENTO Y MAREA
Quien resiste contra viento y marea sin dimitir es la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía, a pesar de que se lo ha pedido de manera elegante el Gobierno, gente del PSOE y muchos ciudadanos.
Mientras no se pruebe lo contrario en un juicio, ella es inocente. Y tiene todo el derecho a defenderse, a criticar y recurrir las decisiones de la juez Mercedes Alaya y, como ha dicho y repetido, a declararse inocente. Como cualquier ciudadano.
Cuando fue imputada por la juez por primera vez -por su presunta responsabilidad en supuestas ilegalidades en las ayudas que concedió la Junta de Andalucía para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)-, la ex consejera no tenía motivos para dimitir porque recurrió esa decisión y la Audiencia le dio la razón.
IMPUTADA Y EMBARGADA
Pero su situación judicial ha cambiado radicalmente. La juez volvió a imputarla -argumentando los motivos que veía para acusarla de prevaricación y malversación de dinero público, como le había ordenado el tribunal-, esa decisión ha sido ratificada por la Audiencia y, seis días más tarde, Alaya ha embargado cuatro viviendas que pertenecen a Magdalena Álvarez en un 50 por 100, un local comercial y un sótano en los que posee parte de la propiedad, cuatro cuentas bancarias que tiene en España y una en Luxemburgo. Lo ha hecho para garantizar que, si finalmente es juzgada y condenada, pagará la fianza de 29,5 millones de euros que le ha impuesto como responsabilidad civil.
El Banco Europeo de Inversiones estudia la situación judicial de su vicepresidenta y se da por seguro que va a acordar su destitución. Ella quedaría mucho mejor si decidiera dimitir, cosa que ya tendría que haber hecho. Así no dañaría ni a su partido ni a la imagen de España y Portugal -cuya representación ostenta en el BEI- ni a su propia imagen. Y podría seguir defendiéndose, proclamando su inocencia e incluso criticando la actuación de la juez Alaya, algunas de cuyas decisiones son muy criticables.