Agustín Yanel
Hay que tener una cara más dura que el cemento armado, una actitud dictatorial y ningún sentimiento humanitario para pretender quitar el teléfono móvil a pacientes de la COVID-19 con el fin de trasladarlos desde su hospital a otro, sin que puedan consultarlo antes con sus familiares. Hay que ser muy ruin para tratarlos como si fueran objetos de decoración que pueden ser cambiados de sitio. Eso es lo que ha intentado hacer la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares (Madrid), Dolores Rubio. Y, pese a sus bochornosas afirmaciones, el Gobierno de Madrid no la ha destituido.
Desde ese hospital, como desde otros de Madrid, han trasladado a la fuerza a personal sanitario al nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, envuelto en una permanente polémica desde que fue inaugurado hace dos meses por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los sanitarios advirtieron que esos traslados eran un disparate, porque dejarían a otros centros médicos con poco personal para atender a sus pacientes. Fue lo que se dice desnudar a un santo para vestir a otro.
Eso es lo que ha ocurrido en el de Alcalá de Henares. Y, al ver que hay demasiados enfermos y poco personal para atenderlos, a su gerente no se le ha ocurrido mejor idea que trasladar pacientes al Hospital Enfermera Zendal, a 50 kilómetros de esa ciudad… pero sin que puedan hablar antes con sus familiares, para que no les convenzan de que tienen derecho a permanecer en ese hospital porque es el que les corresponde.
Fue directora general de Salud Pública de CLM con Cospedal
Dolores Rubio -que fue directora general de Salud Pública de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal- se reunió en enero con el equipo directivo del Hospital Príncipe de Asturias, para analizar su situación, y se quejó de que han trasladado mucho personal sanitario al Enfermera Zendal pero solo han trasladado a ocho pacientes. La cadena SER ha desvelado el 4 de febrero una grabación con parte de lo que hablaron en esa reunión, en la que se escucha cómo la gerente expresa su plan de manera rotunda y con total claridad: «La familia hay que mantenerla fuera, no dentro», afirma. Cuando uno de los asistentes dice que los enfermos hablan con su familia desde su móvil, ella responde: «Pues se prohíben los teléfonos, no se llama, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?».
Uno de los asistentes afirma que el hospital está obligado a informar del traslado a la familia y, cuando lo hace, los familiares llaman al enfermo (porque las visitas no están permitidas, debido a la pandemia). La gerente no lo duda: «Pero la familia, ¿quién es? El que decide no es la mamá o el papá o el hijo o la vecina de enfrente, es el propio paciente». «Se comunicará [a la familia], pero cuando ya está para hacer el traslado. Así, informar, pero cuando ya esté saliendo del hospital». En el colmo de la frivolidad y el despropósito, Dolores Rubio añade: «Yo voy a una embajada y no te dejan entrar con el teléfono».
Al hacer esas afirmaciones, la gerente olvida -o la desconoce o no quiere tenerla en cuenta- la ley 4/2002 que regula la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones en materia de información, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar. En ella se establece que deben ser informados el paciente y también «las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho».
Tampoco respeta esta gerente el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria, aprobado por el Gobierno madrileño del PP durante el mandato de Cristina Cifuentes. La cadena SER ha recordado que en él se establece que los directivos de los centros sanitarios deben ser un ejemplo y modelo «de presencia, actitud y comportamientos humanizadores». Exactamente lo contrario de lo que demuestra Dolores Rubio en esa reunión.
Oposición, trabajadores, vecinos y hasta el vicepresidente de Madrid piden que su destitución
Toda la oposición madrileña ha pedido que esa gerente dimita o sea destituida, y también lo han pedido muchos trabajadores de ese hospital, el alcalde e incluso el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Pero desde la Consejería de Sanidad se han limitado a decir que esa grabación es de una conversación privada.
La gerente hizo esas afirmaciones en una reunión con el equipo directivo del hospital. Y alguien que plantea ese disparate a los responsables de un centro médico debería dejar su cargo inmediatamente, tanto si sus palabras se han conocido por una grabación no autorizada como si las hubiera dicho en un acto público. Pero la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se limita a acusar sin ninguna prueba a la oposición de supuestos boicots en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y no tiene intención de destituirla, al menos en principio. Está muy claro que una moción de censura para destituirla a ella del Gobierno de la Comunidad de Madrid es la única solución para frenar los disparates que está cometiendo y que la ciudadanía no se merece.