«En Castilla-La Mancha Comisiones Obreras gestiona el 4 por 100 de los recursos que hay para la formación; le he dicho bien, el 4 por 100… No se preocupa nadie de qué pasa con el 96 por 100 restante de la formación que se da en CLM. A mí sí me preocupa, pero yo solo respondo de lo que hacemos nosotros». Así responde José Luis Gil, secretario general de CC.OO. en Castilla-La Mancha cuando encastillalamancha.es le pregunta si es posible que en esta comunidad autónoma, si se busca, se encuentren escándalos en los cursos de formación como los que se han descubierto en Andalucía o Madrid.
Hace unas semanas le hice una pregunta similar a Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de Empresarios de CLM. Acababan de detener a Alfonso Tezanos y las sospechas se cernían sobre la patronal de Madrid y se veía venir un cambio de modelo de los cursos, dejando prácticamente fuera a patronal y sindicatos. «No es justo que por cuatro o cinco sinvergüenzas se cambie un modelo que ha funcionado bien».
Nicolás entonces, como Gil ahora (pronto preguntaré a Carlos Pedrosa, secretario general de UGT CLM), se mostraron convencidos de que en CLM las cosas están bien con respecto a la formación, al menos en lo que atañe a los agentes sociales. También manifestaron no tener ninguna sospecha sobre lo ajeno, pero la mano en el fuego, lo que se dice poner la mano en el fuego, solo lo hacen por sus respectivas organizaciones.
¿Quién pone la mano en el fuego?, pues. Nadie, porque ni hay ni ha habido control suficiente. Si alguien ha querido hacerlo mal, podría haberlo hecho y quizás nunca lo sabremos.
Seguramente pagarán justos por pecadores, pero lo que ha ocurrido y aunque solo haya ocurrido en Andalucía y Madrid -si no se demuestra lo contario en otros lugares- obliga a cambios importantes en la financiación de la formación. La clave es qué cambios y cómo. Bruselas ha abierto los ojos de par en par y nos vigila con recelo y al Gobierno de España le han entrado las prisas y los males de pronto.
Cambiar el modelo, pivote donde pivote la formación de trabajadores y parados, con dinero que sale de la contribución mensual de empresas y empleados, exige sobre todo transparencia y control. Dos palabras en permanente déficit en España cuando se trata de la gestión de recursos públicos. En todos los niveles de la administración aún queda un campo importante para el reparto discrecional de fondos públicos, terreno abonado por la falta de transparencia y acceso a la información sobre quién da y quién recibe, en cada caso, el dinero de los españoles.
La falta de control efectivo es otro problema, porque muchas veces no existe y otras está sometido a órganos que tienen las manos atadas por falta de medios humanos o materiales para abordar la tarea que se les encomienda. O carecen de capacidad legal para actuar de verdad contra las malas prácticas.
Así las cosas, ¿quién pone la mano en el fuego? Nadie pone la mano en el fuego por nadie. Como consecuencia, España se ha convertido en un país en el que todo lo público, y una buena parte de lo privado, está bajo sospecha. En su edición del domingo, El Mundo publicaba una encuesta de Sigma Dos en la que se afirmaba que el 75 por 100 de los españoles piensan que los partidos cobran en B y prohibirían las donaciones.
Otra reforma pendiente, la financiación de los partidos, un territorio farragoso desde hace mucho tiempo. Ahí, ¿quién pone la mano en el fuego? Nadie.