Que Mariano Rajoy prefiere no tener tratos con los periodistas, excepto los mínimos imprescindibles a los que le obliga su cargo, es algo muy conocido y sufrido por los profesionales de la información. También es sobradamente sabido que sus comparecencias públicas para responder a las preguntas de los informadores son cada vez más escasas.
Lo que quizá no es tan conocido por la ciudadanía es el dato democráticamente escandaloso de que el presidente del Gobierno lleva más de tres meses sin comparecer en una rueda de prensa en España para que los periodistas, como encargados de hacer que sea una realidad el derecho a la información de los ciudadanos, puedan preguntarle lo que consideren oportuno. Pues eso: sencillamente escandaloso.
El miércoles 3 de abril Rajoy tuvo la ocasión de enmendar este grave error y pudo haber convocado una rueda de prensa tras la reunión que celebró la Junta Directiva Nacional del PP -el máximo órgano de este partido entre sus congresos-. Pero no lo hizo él, ni tampoco su número dos, María Dolores de Cospedal. El presidente del PP y de los «populares» prefirió, una vez más, limitar su tan cacareada «transparencia» a que los periodistas pudieran seguir su discurso por circuito cerrado de televisión desde la sede central del Partido Popular en Madrid, lo que impedía que pudieran plantearle preguntas.
DE PUNTILLAS SOBRE LA CORRUPCIÓN
Rajoy no sorprendió. Tal y como se preveía, no se salió del guión previsto ni dijo nada inesperado. Centró su intervención en la gravedad de la situación económica actual, insistió en que las medidas que ha adoptado su Gobierno son buenas -aunque los resultados vistos hasta ahora en la práctica son los peores posibles-, anunció algunas que ya había presentado con anterioridad, pidió un diálogo a los partidos de la oposición que después no practica el PP en el trabajo diario en el Parlamento… y citó casi de pasada la lacra de la corrupción.
También aprovechó, como siempre, para reiterar que algunos de los problemas actuales no los ha ocasionado su Gobierno sino el anterior del PSOE, olvidando, una vez más, que si ahora se critica al PP es porque éste es el partido que gobierna en España desde hace casi año y medio y al que hay que exigirle responsabilidades, no al Partido Socialista que ya las pagó en las urnas.
Si el presidente del Gobierno tuviera un mínimo respeto al derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, probablemente ayer hubiera decidido comparecer ante los periodistas en una rueda de prensa y someterse a sus preguntas, pero parece que todo lo que huela a informadores le produce alergia.
Si lo hubiera hecho, seguramente le habrían planteado cuestiones sobre el ex gerente y ex tesorero del PP Luis Bárcenas -ese personaje, cuyo nombre no pronuncia jamás Rajoy en público, que reconoce haber llegado a atesorar 38 millones de euros en bancos suizos sin declararlos a la Hacienda española-; la polémica fotografía del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en un yate con un narcotraficante -eso sí, hace 20 años y sin que el juez haya detectado nada ilegal en él-; la herencia del Rey y la imputación judicial de su hija Cristina en los supuestos «chanchullos» de su marido, Iñaki Urdangarin… y las medidas concretas que va a llevar a cabo para crear empleo, el gran drama de España.
IMPUTADOS Y CONDENADOS DEL PP
En vez de someterse a ese interrogatorio, habitual y muy frecuente en otros países democráticos, el presidente Rajoy prefirió limitarse a contar unas cuantas cosas ya sabidas, a animar a los dirigentes y militantes de su partido y a sorprender a muchos -en lo único que sorprendió- cuando dijo que el PP es el partido que ha combatido y reaccionado con más firmeza contra los casos de corrupción política. ¿Ninguno de sus asesores le recordó, antes de esa intervención, que el PP tiene a casi una docena de diputados de las Cortes de la Comunidad Valenciana implicados en casos de corrupción, a unos cuantos alcaldes, a algunos ex cargos y ex presidentes autonómicos, incluso a varios condenados, además de a una ministra de Sanidad bajo la lupa de la sospecha?
Conviene aclarar que el hecho de que haya cargos y ex cargos del PP imputados en actuaciones presuntamente delictivas no significa que éste sea el único partido que tiene a gente imputada, porque otros también cuentan con su particular calvario. Pero también conviene decir que las palabras de Rajoy, defendiendo al PP como el gran luchador contra la corrupción, cuando tiene a Luis Bárcenas y a otros alimentando a diario los titulares de los medios de comunicación, parecen una broma de mal gusto si no fuera porque el asunto es muy serio y muy grave.
En estas circunstancias, unidas a los recortes y medidas impopulares que ha aprobado el Gobierno desde que ganó las elecciones, no es nada sorprendente que Mariano Rajoy inspire «poca o ninguna confianza» a un abrumador 82,1 por 100 de los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Claro que el líder de la oposición y del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se encuentra en peor situación: a un 88 por 100 le inspira «poca o ninguna confianza».
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Ha dicho el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha (Sescam), Luis Carretero, que pueden poner en marcha «inmediatamente» la colaboración entre el sector público y el privado para gestionar servicios en cuatro hospitales de la región. Un ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha acabado en el consejo de administración de la empresa a la que el Gobierno al que él perteneció concedió la gestión de los todos los servicios privatizados de un hospital público de Aranjuez. Otro ex consejero, Juan José Güemes, fue designado consejero de otra empresa también adjudicataria de una sustanciosa privatización por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, aunque dimitió tras el escándalo que provocó la noticia.
Hay que esperar que no ocurra eso mismo en Castilla-La Mancha porque, aunque sea legal, esa «puerta giratoria» que permite a un cargo político pasar de lo público a lo privado no es ética ni presentable en una democracia.