Un hombre de 69 años, condenado a muerte en Lucasville (Ohio, Estados Unidos), no ha podido ser ejecutado porque dos enfermeros estuvieron durante media hora buscando una vena para ponerle la inyección letal y no la encontraron. Fue condenado por asesinar a un joven hace 20 años, pero ni siquiera un delito tan grave como ese debe dar derecho a nadie a acabar con la vida de otra persona. Sí a condenarla y encerrarla en prisión, para que pague por lo que hizo, pero no a quitarle la vida.

Por lo que ha contado la agencia de noticias Efe, Alva Campbell no es precisamente un angelito. En 1972 asesinó a un hombre en un bar y cumplió 20 años de condena. Quedó en libertad, fue detenido por un robo a mano armada y fingió una parálisis corporal, para que lo trasladaran hasta el juzgado en una silla de ruedas. Allí logró quitar la pistola al policía que le vigilaba, se escapó al aparcamiento, asaltó a Charles Dials, de 18 años, le obligó a conducir el vehículo y, tras dos horas de viaje, le asesinó de un disparo en la cabeza. Fue detenido y condenado a muerte.

Nuevo intento de ejecución en 2019

Este asesino padece una enfermedad pulmonar crónica, camina con andador y lleva una bolsa de colostomía (las heces llegan a esa bolsa a través de una abertura practicada en el abdomen). Sus abogados habían advertido de que era prácticamente imposible encontrarle una vena para la inyección letal, debido a su estado físico, pero no les hicieron caso. La ejecución se intentará de nuevo el 5 de junio de 2019.

No es la primera vez que en Estados Unidos se ven obligados a suspender una ejecución de este tipo. Una vez falló la corriente eléctrica en la cárcel, por lo que no funcionó la silla eléctrica en la que iba a morir el preso. A otro condenado intentaron ponerle la inyección 18 veces seguidas, sin conseguirlo.

Según Amnistía Internacional (AI), una organización cuyos informes son reconocidos y respetados por su rigor, 57 países todavía tienen reconocida la pena de muerte en sus leyes, aunque algunos no ya no la aplican. En los 141 países restantes del planeta este tipo de condena ha sido abolida.

En 2016 hubo al menos 3.117 condenas a muerte en 55 países. Ese año fueron ejecutadas al menos 1.032 personas en 23 países, a las que hay que añadir varios miles más que se calcula que hubo en China, un país que no facilita estos datos porque los considera secretos de Estado. Fueron 602 muertes menos que en el año anterior, lo que supone un 37 por 100 de disminución, pero fueron 1.032 muertes. La mayoría de ellas, además de en ese gigante asiático, se practicaron en Irán, Arabia Saudí, Irak y Paquistán. En Estados Unidos hubo 20 ejecuciones.

Inocentes ajusticiados

Cada cierto tiempo, afortunadamente con poca frecuencia, se conoce la noticia de que alguien inocente ha quedado en libertad después de pasar varios años en la cárcel porque tuvo una condena por error. Esa persona sale de prisión, es indemnizada por el error judicial y ha perdido un tiempo de su libertad. Pero, ¿qué ocurre cuando un condenado a muerte es ejecutado y después se comprueba que era inocente, como ha ocurrido alguna vez? Ya no hay solución porque no ha pedido un tiempo de su libertad, sino su vida. En Estados Unidos, según datos de Amnistía, en los últimos 40 años 150 personas condenadas a muerte fueron posteriormente absueltas al revisar sus casos, pero algunas ya habían sido ejecutadas.

Los especialistas dicen que no está demostrado que la pena de muerte sirva de ejemplo y para disuadir a los delincuentes. Pero los 57 países que mantienen vigente este tipo de condena se aferran a ese argumento, cada día más criticado, para mantener una práctica cruel e inhumana que atenta contra el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las leyes y tratados internacionales.

Por muy malvada que sea una persona, incluso el cruel asesino Alva Campbell, ¿por qué un Estado puede tener derecho a acabar con su vida? No es un asunto de creencias religiosas, sino de humanidad, justicia y sentido común, lo que ese hombre no tuvo cuando mató a un joven de 18 años. Los delitos hay que castigarlos, pero la vida hay que defenderla, también la de los delincuentes, aunque a los familiares de una víctima el corazón les pida -y se puede entender- venganza.