Gracias al Gobierno de Mariano Rajoy y a la ministra de Sanidad, Ana Mato -léase este «gracias» con toda la ironía-, al menos a 319 personas extranjeras les han negado la asistencia sanitaria en solo siete meses, o algunas han logrado ser atendidas tras muchas gestiones de organizaciones no gubernamentales, a pesar de que eran casos urgentes y legalmente tenían derecho a ser asistidas aunque no tienen regularizada su documentación para residir en España. Son de los sin papeles.
Los médicos del colectivo Yo Sí Sanidad Universal y los de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, que defienden algo tan lógico como que cualquier persona que acuda a un centro médico con una dolencia grave o urgente sea atendida -aunque sean sin papeles en situación de residencia irregular-, han presentado un informe que pone los pelos de punta. En él denuncian que no solo no se cumple esta elemental obligación humanitaria, sino que ha habido casos en que ni siquiera han sido asistidas personas que, según el polémico decreto que excluye a muchos inmigrantes del servicio sanitario, tienen derecho a ello.
870.000 PERDIERON LA ASISTENCIA SANITARIA
En abril de 2012, el Gobierno dijo que la Sanidad pública corría un grave riesgo debido a la falta de presupuesto y que por eso, entre otras medidas, era necesario acabar con los abusos que cometían algunos inmigrantes -por ejemplo, traer a España a familiares para que fueran intervenidos quirúrgicamente gratis y después regresaran a su país-. Para ello aprobó un real decreto -que figura en un lugar de honor en la lista de errores de la ministra Mato, porque es uno de los más graves de los cometidos por su Ministerio-, en el que se establece que los inmigrantes que vivan en España sin estar regularizados perderán su tarjeta sanitaria y, por tanto, también su derecho a ser asistidos por la Sanidad pública en igualdad de condiciones a los demás ciudadanos: desde entonces, el que necesite asistencia médica y no tenga papeles debe pagarla. Con ese decreto, más de 870.000 personas se quedaron sin su derecho a recibir asistencia médica gratuita desde la Sanidad pública.
El senegalés Alpha Pam fue uno de ellos: murió el año pasado en Baleares, presuntamente porque no recibió el tratamiento adecuado y a tiempo para la tuberculosis que padecía. El informe también recoge el caso de Jeaneth Beltrán, una nicaragüense sin papeles, de 30 años, que falleció en el hospital Virgen de la Salud, de Toledo, cuya familia recibió posteriormente una carta indicándole que si no tenía la tarjeta sanitaria debería pagar la asistencia médica que había recibido. Son sólo dos ejemplos, como muestra, de los 319 reflejados en el informe.
Mihaela, de 17 años, rumana y embarazada, tuvo más suerte: aunque el real decreto citado reconoce el derecho de las embarazadas y de los menores de edad a recibir asistencia médica, a ella se la negaron reiteradamente en el hospital. Hasta que en el octavo mes de gestación, gracias a los esfuerzos de Yo Sí Sanidad Universal, fue atendida.
Después también se quedaron sin tarjeta sanitaria, y sin el derecho a ser asistidos gratis, los familiares de inmigrantes que habían venido a vivir aquí gracias a que la Ley de Inmigración permite la reagrupación familiar, la solicitaron y se la concedieron. ¿Por qué una ley les permite vivir en España con sus familiares más directos, se preguntarán, y un real decreto les impide recibir la asistencia sanitaria a la que deberían tener derecho?
PARADOS SIN DERECHO A MÉDICO
Incluso muchos ciudadanos españoles sin trabajo pueden perder su derecho a la asistencia sanitaria si han agotado la prestación por desempleo y residen más de 90 días al año en el extranjero; o quienes no han cotizado nunca a la Seguridad Social y viven de sus rentas, siempre que perciban más de 100.000 euros al año.
El Gobierno tenía que recortar y, en vez de hacerlo de otras partidas, la ministra no tuvo inconveniente en promover el que se conoce como decretazo Mato, que el Consejo de Ministros aprobó sin ruborizarse pese a su gravedad. ¿No habíamos dicho que la asistencia sanitaria es un derecho universal, al que tienen derecho todos los ciudadanos?
Más de dos años después de ese decretazo, que también incluía otras medidas perjudiciales para la ciudadanía -por ejemplo, que los jubilados deban pagar una parte de sus medicamentos y que el resto de los mortales abonen ahora más dinero al comprarlos-, los especialistas dicen que el balance de esa norma legal es muy negativo, porque pone en grave riesgo la salud y la vida de las personas.
RECUPERAR UNA SANIDAD UNIVERSAL
Por ese motivo, más de 60 organizaciones y colectivos, tanto de profesionales sanitarios como de ciudadanos, han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno que derogue ese real decreto y devuelva a la Sanidad su carácter de derecho universal, al que debe tener acceso cualquier persona, con independencia de su situación administrativa.
El Gobierno hace bien en luchar contra los abusos en la Sanidad pública, porque son abusos contra todos los ciudadanos, y en eso contará con el apoyo de toda la ciudadanía. Pero no debería haberlo hecho eliminando el derecho a la asistencia sanitaria a los más débiles, los sin papeles, sino estableciendo mejores sistemas de control y otras medidas. Debería rectificar, antes de que aumente el número de casos irregulares o claramente ilegales como los denunciados en el informe ya citado. Con las cosas de comer no se juega. Con la salud de las personas, tampoco; aunque sean sin papeles.