Agustín Yanel
Se avecina un otoño político difícil. Pablo Casado ha dicho que no va a negociar los Presupuesto Generales del Estado para 2021 con el Gobierno mientras Pablo Iglesias forme parte del Consejo de Ministros. Y Unidas Podemos ha anunciado que no apoyará con sus votos esas cuentas públicas si Pedro Sánchez las negocia con Ciudadanos. Una curiosa manera de hacer política: en vez de dialogar para llegar a acuerdos que mejoren los Presupuestos, como haría cualquier persona con sentido común, esos partidos exigen condiciones antes de sentarse a hablar y plantean líneas rojas. ¿Así ayudan a salir de la crisis?
Ante el inicio de un curso político tan complicado como el que comenzará en septiembre, agravado por los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, lo lógico sería que todas las fuerzas políticas se sentaran a negociar los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno presentará a finales de septiembre en el Congreso de los Diputados. Y, en esas reuniones, que cada partido defienda sus posiciones y trate de mejorar las cuentas públicas, pensando siempre en el beneficio de la ciudadanía. Pero la lógica no funciona cuando se actúa por intereses personales o del partido.
El PP paraliza las negociaciones
El Gobierno y el PP tenían muy avanzadas las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial -el órgano constitucional encargado del gobierno de los jueces y magistrados-, porque hace casi dos años que concluyó el mandato de sus 21 miembros. Pero, ante las noticias sobre presuntas irregularidades judiciales de Podemos y la posibilidad de que pudieran afectar a Pablo Iglesias, el presidente del PP ha echado el freno y ha dicho que no seguirán con esas negociaciones. Y que tampoco hablarán de la renovación de otras instituciones que también están pendientes, como el Defensor del Pueblo.
En vez de dialogar, parece que el principal partido de la oposición ha optado por practicar con el Gobierno esta forma de extorsionar sin violencia, olvidando que la difícil situación por la que atraviesa este país necesita del esfuerzo de todos los partidos para superarla. Y todos tendrán que ceder algo en sus propuestas iniciales para llegar a acuerdos, porque en eso consiste la negociación.
En Podemos, sorprendentemente, también se han sumado a esa misma práctica del PP -hay que recordar que este partido nació diciendo que existía otra manera de hacer política distinta a la de los partidos que llamaban la casta- y han dicho que no apoyarán los Presupuestos Generales si el Gobierno los negocia con Ciudadanos. La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha afirmado que el PP y Ciudadanos no deben tener «ni voz ni voto» en la elaboración de las cuentas públicas del Estado. Pero ocurre que Pedro Sánchez quiere alcanzar en este asunto «un acuerdo de país», debido a la situación por la que atraviesa ahora España, por lo que buscará el máximo respaldo de todas las fuerzas políticas y no sólo el de las progresistas. Un problema más que se suma a los que ya han surgido entre los dos partidos que integran el Gobierno progresista de coalición, aunque ambos lo nieguen.
Objetivo: que Pedro Sánchez no acabe la legislatura
Pedro Sánchez gobierna con los Presupuestos Generales que elaboró el ministro del PP Cristóbal Montoro para 2018, que han sido prorrogados dos años seguidos ante la falta de votos suficientes para aprobar unos propios. Ahora se propone iniciar una ronda de conversaciones con todos los líderes de los grupos parlamentarios, para intentar convencerles de que España necesita unas nuevas cuentas públicas acomodadas a la situación actual.
Si los líderes de los partidos actuaran movidos únicamente por el interés general de la ciudadanía, seguro que serían capaces de ceder en sus posiciones y alcanzarían acuerdos. Pero parece que en este caso está en juego algo más que ese interés general: parece que en el PP hay quien cree que, si apoyan los Presupuestos a Pedro Sánchez, éste se garantizará llegar al final de los cuatro años de legislatura, porque si no consiguiera aprobar los de 2022 podría prorrogar los de 2021 para el año siguiente y acabar su mandato. Y eso no gusta a un partido cuyo principal objetivo es desgastar al Gobierno PSOE-Unidas Podemos para que no acabe la legislatura, a costa de lo que sea: la utilización de la pandemia, la exageración con la llegada de inmigrantes irregulares, una denuncia judicial contra Podemos antes de que concluya la investigación o cualquier otro asunto.
No es fácil entender que el PP reclame la destitución de Pablo Iglesias como condición imprescindible para negociar, en vez de sentarse a defender sus posiciones sobre los Presupuestos Generales. Y tampoco es fácil comprender que una formación política como Podemos exija que el principal partido de la oposición no tenga «voz ni voto» en la negociación de las cuentas públicas. Estas posturas no son propias de una democracia, porque sin dialogar es imposible superar la crisis.