Ha dicho el Gobierno de manera no oficial -lo que los periodistas llamamos «fuentes de Moncloa»- que estudia la posibilidad de devolver a los funcionarios y empleados públicos las tres cuartas partes de la paga extraordinaria de Navidad que les quitó unilateralmente en 2012, después de haberles reintegrado el 25 por 100 obligado por los tribunales. También se propone devolverles algunos de los días libres que eliminó ese mismo año, los llamados moscosos.
Ha anunciado el Gobierno, además, que incluso va a estudiar si se puede aprobar una pequeña subida salarial de hasta el 1 por 100 a los dos millones y medio de funcionarios y empleados públicos que hay en España, para compensar que en 2010 les redujo el sueldo un 5 por 100 y desde entonces lo tienen congelado.
Inmediatamente después de que varios periódicos publicaran esas informaciones, el gabinete de Mariano Rajoy las ha matizado, esta vez por boca de portavoces autorizados con nombre y apellidos. Eso «no está en los planes del Gobierno», ha declarado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y portavoz adjunto del Ejecutivo, José Luis Ayllón.
HACIENDA NO QUIERE PRISAS
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también ha salido al paso ante esas importantes medidas anunciadas por algún colega suyo desde el Palacio de la Moncloa. No hay que precipitarse, ha manifestado, aunque a renglón seguido ha añadido que el Gobierno quiere devolver a los empleados públicos, y a todos los ciudadanos, el sacrificio que han hecho durante los años de crisis, según lo vaya permitiendo la situación de la economía española.
¿A qué están jugando?, se puede preguntar cualquier sorprendido ciudadano ante lo que dicen unos y desmienten otros. Lo que ocurre es que, como estamos a cinco meses de unas elecciones generales, en La Moncloa hay quien está dispuesto a utilizar todos los métodos posibles para intentar rebañar votos y ha lanzado este globo sonda sin contar antes con la opinión del guardián de los euros, el Ministerio de Hacienda. Pero, al margen del problema de falta de comunicación entre el Gobierno y el PP que refjejan estas declaraciones y las siguientes matizaciones, bienvenidas sean estas promesas si las cumplen.
¿UN PP DISTINTO EN MADRID?
Puestos a hacer promesas, la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha sorprendido al anunciar numerosas medidas de carácter social, algunas bastante alejadas de las posiciones tradicionales del PP. Pero no olvidemos que lo ha hecho porque se ha visto obligada a negociar con Ciudadanos, para que los 17 diputados del partido de Albert Rivera le dieran sus votos para ser investida presidenta. En cualquier caso, bienvenidas sean también esas medidas si las aplica.
Cifuentes se está comportando como la abanderada de un nuevo PP, en apariencia más centrista y más preocupado por los problemas sociales. Está dispuesta a diferenciarse claramente del partido que ha liderado y todavía preside en Madrid Esperanza Aguirre y, además, ha tenido que comprometerse a aplicar 76 medidas de todo tipo porque es lo que ha negociado con Ciudadanos para ser la presidenta de los madrileños.
CIUDADANOS MULTADOS POR PROTESTAR
Hay quien recuerda estos días, a propósito de los compromisos de Cristina Cifuentes, que ella era hasta hace pocos meses la delegada del Gobierno en Madrid y, como tal, la responsable política de las numerosas multas impuestas a muchos ciudadanos porque se manifestaron en la calle sin comunicarlo previamente a la autoridad o, en más de un caso, porque tuvieron la mala suerte de pasar por el lugar donde había una protesta, la Policía tomó nota de su identidad y, meses después, recibieron en su domicilio la notificación de la multa. Reconocer que su discurso es muy distinto al de Aguirre no impide que se recuerde su pasado político más reciente.
La ciudadanía se ríe ante tantas promesas hechas poco antes de unas elecciones, pero aplaude que esas medidas lleguen, aunque sea porque se acerca la hora de votar. El problema surgirá si los políticos -en este caso, el Gobierno de Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes- hacen promesas que después no pueden cumplir. El caso del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, es un buen ejemplo: prometió muchas cosas en la campaña electoral, pero después ha tenido que negociar y ceder en algunas de ellas ante Europa, lo que le está acarreando las críticas de muchos ciudadanos y de una parte de su partido, Syriza.
En el caso de Cifuentes, en su propio partido hay quienes dudan que pueda llevar a cabo todas las medidas que ha anunciado en su discurso de investidura si, como ha dicho, al mismo tiempo se propone bajar los impuestos y aumentar las partidas destinadas a Sanidad y Educación. Habrá que esperar y, de momento, darle los 100 dìas de confianza habituales para los nuevos cargos públicos. Pero ella, como todos los cargos de cualquier partido político, deberían tener siempre presente, cuando hablen de lo que van a hacer durante su mandato, que la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de apoyarles o retirarles el voto. Con las cosas de comer no se juega. Y prometer cosas que luego no se cumplen es jugar con las cosas de comer, lo que más molesta al votante.