El Tribunal Supremo ha sentenciado que debe ir a la cárcel el político Carlos Fabra, quien durante años ha sido el todopoderoso presidente del PP de Castellón y de la Diputación Provincial, se enfrentó a los fotógrafos cuando estos cumplían con su trabajo y tomaban imágenes de su llegada al juzgado para declarar y se aferró al cargo hasta que, en diciembre pasado, tuvo que dimitir porque la Audiencia Provincial le condenó a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales.
También está a punto de ingresar en prisión Jaume Matas, del PP, ex presidente del Gobierno autonómico de las Islas Baleares, condenado a nueve meses de cárcel por un delito de tráfico e influencias. El Gobierno le ha denegado el indulto y el Supremo ha confirmado esa condena, la primera de varios juicios en los que está acusado.
BÁRCENAS Y OTROS PRESOS
Antes de que termine este mes de julio, Ángel Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja (Alicante) y ex diputado autonómico, tendrá que ingresar en la cárcel para cumplir una condena de tres años por falsedad documental y prevaricación al adjudicar el servicio de recogida de basuras.
El que fuera tesorero del PP y senador por este partido, Luis Bárcenas, lleva ya 13 meses en prisión preventiva, a la espera de ser juzgado como presunto autor de 10 delitos contra la Hacienda y otros de blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho.
Una decena de ex cargos del Partido Popular de Baleares durante el Gobierno de Matas -un ex consejero y varios ex alcaldes, ex concejales y ex directores generales o ex gerentes de empresas públicas- también cumplen condena. En ese territorio hay que sumar a la lista, entre otros, a María Antonia Munar, ex presidenta del partido político Unió Mallorquina, del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, y varios ex cargos de su Gobierno y de su partido.
LOS ERE ILEGALES
En el caso de los ERE ilegales en Andalucía, que investiga la juez Mercedes Alaya, ya no queda nadie en prisión preventiva pero han pasado por la cárcel varios ex cargos del anterior Gobierno andaluz y algunos sindicalistas de UGT, que han quedado en libertad tras depositar cuantiosas fianzas.
Políticos de otros partidos -alcaldes, concejales y otros cargos- también están o han estado entre rejas, unos de manera preventiva y otros cumpliendo condena, por delitos de corrupción. Ahora destacan los del PP por la importancia de sus cargos –Bárcenas, Matas, Fabra- y por su abultado número, mucho más numeroso que el de los implicados de otras formaciones políticas, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares.
En 1993, el genial Luis García Berlanga rodó la película «Todos a la cárcel», que fue galardonada con seis premios Goya. La diferencia con la situación actual es que en ella contaba una historia en la que acudían a la cárcel Modelo de Valencia muchos políticos y gentes de la cultura y el espectáculo para celebrar el Día Internacional del Preso de Conciencia; ahora no es una historia sino la realidad, y ese grupo de políticos y ex cargos públicos van a prisión por orden de algún juez o del Tribunal Supremo, para asegurarse de que no huirán antes de ser juzgados o para cumplir condena si ya han pasado por el banquillo de los acusados.
El Gobierno, el PP y los partidos de la oposición hablan desde hace tiempo de regeneración democrática, de la necesidad de adoptar medidas para que la ciudadanía recupere la confianza en los políticos y en la política, cada día más deteriorada. Falta hace, porque el olor a podrido es tan fuerte -en unos partidos más que en otros, seamos justos y no generalicemos- que muchos ciudadanos se alejan de los políticos como quien huye de la peste.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Reducir de 49 a 33 el número de diputados de las Cortes regionales podría ser aceptable si, tras un debate serio, se concluyera que ese número es suficiente para desempeñar correctamente las tareas que les encomienda la ciudadanía en las urnas. Pero la manera en que se ha aprobado esta medida es totalmente rechazable.
Una ley electoral no se debe reformar solo con los votos del partido que gobierna ni cuando faltan 10 meses para las elecciones. Y, sobre todo: no es de recibo que vaya a ser el Gobierno regional el que diga, unas semanas antes de la votación, cuántos diputados corresponderán a cada provincia. Obligar a una tercera fuerza política a conseguir un 14 o un 15 por 100 de votos para tener un escaño no beneficia al pluralismo ni a la regeneración democrática. Se comprende que la oposición acuse de «pucherazo» en beneficio del PP.