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11/09/2014junio 8th, 2017
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Cuando un medio de comunicación se convierte en defensor a ultranza del gobierno de turno y elimina cualquier crítica -ya sea obligado por un poder político que intenta controlarlos a todos o por decisión de sus máximos responsables, en función de sus intereses-, se convierte también en un producto periodístico malo. Y ese sometimiento al poder es un gran engaño a la ciudadanía, porque en vez de ofrecer información veraz, plural y de calidad, como es su obligación, lo que ofrece es propaganda política.

Ese vasallaje al gobierno, ya sea al de España o al de una comunidad autónoma, resulta aún más grave cuando se trata de un medio de comunicación público, porque está pagado con el dinero de todos los ciudadanos. Esto es lo que viene ocurriendo en Cataluña con TV3, la televisión autonómica catalana, según ha denunciado, con otras palabras, la sección sindical del Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC) de esa televisión.


Durante años, TV3 ha sido una buena televisión, con espacios informativos de calidad. Por eso ha sido muy bien aceptada por los telespectadores y ha cosechado habitualmente la mayor audiencia de todas las cadenas autonómicas. No se parecía en nada a Canal Nou de la Comunidad Valenciana o a Telemadrid, entre otras, en las que el control político sobre la información era de auténtico escándalo.

AL SERVICIO DE ARTUR MAS

Pero, hace un par de años, al president Artur Mas le invadieron o se le aceleraron sus deseos independentistas y debió pensar que, para ponerlos en práctica, era necesario que los espacios informativos de TV3 estuvieran sometidos a su control y al servicio de los intereses de su gobierno y su partido, Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el socio de Unió en CiU.

Con motivo de la fiesta nacional de la Diada, que los catalanes celebran el 11 de septiembre, el sometimiento de TV3 al Gobierno de Artur Mas ha llegado a tal extremo que el SPC se ha visto obligado a denunciarlo.

PROPAGANDA EN VEZ DE INFORMACIÓN

Ha hecho bien en denunciarlo porque, con independencia de lo que opinen los periodistas de la televisión autonómica catalana -incluso en el hipotético caso extremo de que todos estuvieran a favor del independentismo-, en su trabajo informativo no deben «engañar a los ciudadanos dándoles propaganda en lugar de información», como indica el SPC. Y, según este sindicato, esto último es lo que está haciendo la televisión pública catalana, vulnerando reiteradamente lo que establece su propio Libro de Estilo.

TV3 debe informar, con todo el tiempo que considere necesario, sobre un acontecimiento tan importante como la Diada y sobre el debate en torno a la consulta que la Generalitat pretende llevar a cabo el próximo 9 de noviembre para saber si los catalanes son partidarios de seguir formando parte del Estado español o quieren independizarse. Pero lo que ha venido haciendo, según el SPC y otras organizaciones y ciudadanos, es multiplicar las informaciones de supuesto «servicio público» en las que se explica cómo llegar a la zona donde se ha convocado la manifestación de la Diada para formar una V con los colores de la senyera (la bandera de Cataluña), o en qué tramos del recorrido pueden inscribirse porque aún no están llenos, además de entrevistar una y otra vez a los organizadores del acto. Eso, indica el SPC, «se convierte en llamamientos descarados a la participación».

¿Qué opinarán de esas informaciones «de servicio público» los catalanes que no están de acuerdo con la consulta del 9 de noviembre ni con la independencia de Cataluña ni con la conmemoración de la Diada, pero con cuyo dinero también se financia TV3? Ellos, como los que opinan lo contrario, tienen derecho a que su televisión autonómica les ofrezca una información veraz y con imparcialidad, no a que les time dándoles propaganda política en favor de Artur Mas y su Gobierno.

LA DEMOCRACIA HERIDA

El título «Salvemos nuestra profesionalidad», que encabeza el comunicado del SPC dirigido a los redactores de TV3, se puede traducir por «salvemos el derecho a la información de la ciudadanía». Porque, hay que repetirlo una vez más, sin periodistas y medios de comunicación imparciales e independientes no se puede cumplir plenamente ese derecho ciudadano y la democracia se resiente.

No es un problema interno de la profesión periodística, es algo que afecta directamente a los ciudadanos. ¿Cuándo exigirá la ciudadanía que los medios de comunicación públicos no estén al servicio del gobierno de turno sino dedicados a cumplir su deber de informar con imparcialidad?

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