No es nada creíble que el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y los máximos responsables de los Servicios Informativos de la televisión pública estatal hayan considerado que la declaración de Mariano Rajoy en el caso Gürtel, como testigo, no tenía suficiente interés como para retransmitirla en directo por la primera cadena, La 1. Solo hay una explicación a esa maniobra: una vez más, esos directivos han actuado para beneficiar al presidente del Gobierno y al PP, no para informar de manera imparcial a la ciudadanía como es su obligación.

El miércoles 26 de julio era la primera vez en España que un presidente del Gobierno en activo declaraba ante un tribunal como testigo, en relación con la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama de corrupción del caso Gürtel. No hace falta ser un lince para concluir que esa comparecencia era una noticia muy importante y de interés general para la ciudadanía. Tampoco hace falta ser un periodista experimentado para llegar a esa conclusión, solo se necesita actuar con profesionalidad y no trabajar con el único objetivo de complacer al poder.

Todas las televisiones generalistas en directo, menos La 1

Todas las televisiones de carácter generalista, excepto La 1, retransmitieron en directo la comparecencia de Rajoy en la Audiencia Nacional. Y todas, excepto La 1, tuvieron muy buenos resultados de audiencia, superiores a los de cualquier otro día a esa misma hora: Al Rojo Vivo, de La Sexta, 13 por 100 (798.000 espectadores); Las mañanas de Cuatro, de Cuatro, 11,2 por 100 (679.000); Espejo Público, de Antena 3, 13,4 por 100 (360.000 de media de toda la mañana, no solo las dos horas de la declaración del presidente) y El programa del verano, de Telecinco, 12,8 por 100 (375.000 de media).

A la misma hora en que esas cadenas emitían en directo las declaraciones de Mariano Rajoy, en La 1 explicaban cómo cocinar unas ricas natillas e informaban y debatían sobre otras noticias de sucesos y del corazón. Esta cadena fue seguida por el 7,4 por 100 de la audiencia (238.000 espectadores).

Los responsables de TVE decidieron que la declaración del presidente del Gobierno fuera emitida en directo por el Canal 24 horas, que tiene una audiencia prácticamente residual de apenas el 1 por 100. Una decisión lamentable, desde el punto de vista profesional, y una prueba más del servilismo con el que actúan esos directivos para complacer al Gobierno y al PP.

Para rematar la faena, la dirección de Informativos de TVE decidió que en el telediario de las 15 horas no se informara de la parte más comprometida para Rajoy de su declaración: cuando le preguntaron por el mensaje que envió a Luis Bárcenas, en el que le decía: «Luis, nada es fácil pero hacemos lo que podemos».

TVE no informó de las protestas en la calle

Y no queda ahí la cosa. Quienes vieran ese telediario no se enteraron, porque TVE no informó de ello, de que en la puerta de la Audiencia Nacional había centenares de manifestantes que protestaban contra Rajoy, contra el Gobierno del PP y contra la corrupción.

El Consejo de Informativos de TVE -integrado por profesionales de la plantilla que han sido elegidos en votación secreta- ha denunciado que es una decisión «inexplicable, desde el punto de vista profesional, dado que se trata de un acontecimiento de enorme relevancia informativa» porque está relacionado «con un caso de corrupción que afecta presuntamente al partido que gobierna en España».

«Es un nuevo ejemplo de uso de la televisión pública para fines progubernamentales o partidistas. Por ello, para frenar este deterioro, es urgente relevar a la actual dirección de los Servicios Informativos para poner al frente a profesionales de la Casa de buen hacer periodístico y contrastada independencia».

Cada cual podrá opinar lo que quiera sobre la declaración de Mariano Rajoy: si era necesaria o no, si aclaró algo o no, si mintió o no, si fue tratado con privilegios por el tribunal o no… Pero, con independencia de esas opiniones respetables, el tratamiento que ha dado la televisión pública estatal a esa comparecencia es una falta de respeto a la audiencia, una grave falta de profesionalidad y una manipulación informativa en beneficio del Gobierno y del PP. Nada de esto es aceptable en un medio de comunicación público y tampoco debería ser aceptado por la ciudadanía en los privados, porque su derecho constitucional a recibir información veraz y plural está por encima de los intereses gubernamentales, políticos o de cualquier otro tipo.

Es urgente la renovación del actual presidente y el Consejo de Administración de RTVE, mediante un concurso público que permita situar en esos y otros puestos a profesionales con experiencia demostrada y dispuestos a trabajar en favor del derecho a la información de la ciudadanía y no supeditados a los intereses políticos del gobierno de turno.