Agustín Yanel
Las encuestas indican que la mayor parte de la ciudadanía quiere políticos que lleguen a acuerdos sobre los asuntos que influyen en su vida diaria: economía, educación, sanidad, empleo, pensiones y otros muchos. Pero los hay que, a juzgar por lo que dicen y hacen, parece que no escuchan a los ciudadanos -excepto a sus seguidores más fieles, que siempre les aplauden- ni leen esas encuestas; o que, cuando las leen, prefieren olvidarlas y continuar montando bronca, crispando, embarrando la actividad política y, de vez en cuando, soltando por su boca algún que otro disparate impropio de personas civilizadas.
No hay que asustarse porque en las sesiones del pleno del Congreso se escuchen duras críticas de la oposición al Gobierno, y viceversa; ni porque haya quien emplea sus intervenciones para descalificar el trabajo de los ministros o ministras y pida su dimisión si considera que hacen mal su trabajo. Para eso está la oposición, para controlar al Ejecutivo y pedirle cuentas por su acción o inacción.
Manipular la realidad para criticar todo, incluso lo que es positivo
Pero sí es preocupante ver cómo algunos diputados manipulan la realidad para criticar siempre al Gobierno, incluso cuando hace algo positivo para la ciudadanía, y parece que se empeñan en no llegar a acuerdos por intereses de su partido. Un buen ejemplo de ello es el vergonzoso espectáculo que protagonizan con el concurso público que convocaron para elegir por esa fórmula tan democrática el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE, tal y como establece la ley.
Después de dos años de trámites, y mientras la radio y televisión pública se hunde en audiencia -con una administradora única provisional al frente, Rosa María Mateo, que fue nombrada para solo dos o tres meses-, sus señorías se han saltado a la torera las normas que ellos mismos aprobaron para llevar a cabo ese concurso público, han despreciado el trabajo hecho por un comité de expertos que seleccionó a los 20 candidatos con mejor puntuación y han decidido empezar de cero, vaya usted a saber por qué intereses.
Tampoco tranquiliza que no cumplan la Constitución con la que tanto se les llena la boca y, por culpa de unos y otros y sus respectivos intereses partidarios, no hayan renovado a los 20 vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato concluyó hace ya más de dos años. Y lo mismo ocurre con el Defensor del Pueblo, una parte del Tribunal Constitucional y otros órganos del Estado.
Incumplen la Constitución y no se avergüenzan
Unas veces porque las convocatorias de elecciones generales obligaron a disolver las Cortes y no pudieron realizar esos nombramientos, y otras porque la crispación política y el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y el PP no lo permite, lo cierto es que ambos incumplen lo que establece la Constitución y se dedican a echarse la culpa mutuamente, cuando debería caérseles la cara de vergüenza por ello.
Si se preguntara a la ciudadanía, seguro que una gran mayoría diría que la crítica de la oposición al Gobierno es necesaria, pero que también es necesario que dialoguen para alcanzar acuerdos. Y que cumplan la Constitución y las leyes que aprueban, como la que aprobaron el 29 de septiembre «para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos», tal y como figura en su título. La aprobaron, designaron un comité de expertos y ahora, dos años después, lo desprecian.
Todavía no se ha inventado un aparato que mida el nivel de bronca y crispación de la vida política, pero, si existiera, seguro que en esta legislatura marcaría su índice más elevado. En las sesiones del Congreso de los Diputados siempre ha habido duras acusaciones verbales y salidas de tono, pero pocas veces se han visto en esa Cámara unos enfrentamientos como los actuales, con argumentos que muchas veces producen vergüenza ajena porque son poco serios y demuestran la escasa talla política de sus protagonistas.
Tras haber vivido el peor año desde hace muchas décadas, por la crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia del coronavirus, la ciudadanía necesita una clase política seria que devuelva a la vida pública la dignidad que debe tener. La legítima contienda política no tiene por qué ser tan bronca como lo ha sido en el último año, cuando los intereses personales y de partido de algunos de sus protagonistas están alejando cada vez más a la ciudadanía de los políticos. ¿Será posible que se cumpla esto en 2021 o volverá a ser una esperanza frustrada? Ellos y ellas, quienes se dedican a la vida pública, tienen la respuesta.